¿Qué dice la Ley del ISSSTE 2007? Los maestros exigen eliminar Afores para que el gobierno vuelva a pagar pensiones completas y sin bancos de por medio, una propuesta que las autoridades rechazan por su alto costo económico
El magisterio exige eliminar las Afores, pero las autoridades advierten un costo financiero imposible de asumir.
MÉXICO.- El conflicto entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Gobierno Federal mantiene activos diversos plantones y movilizaciones en la Ciudad de México y varios estados de la república desde el pasado 15 de mayo de 2026. El núcleo de la protesta magisterial es la exigencia de derogar por completo la Ley del ISSSTE promulgada en 2007, una reforma estructural que transformó el sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado.
Esta legislación, heredada del sexenio de Felipe Calderón, sustituyó el antiguo modelo de reparto solidario por un esquema basado en cuentas individuales gestionadas por administradoras de fondos. A casi dos décadas de su implementación, los sectores de la CNTE argumentan que este sistema precariza el retiro de los docentes, lo que ha llevado a intensificar las protestas que hoy afectan la movilidad vial, particularmente en el Centro Histórico de la capital del país.
Por su parte, las autoridades de la actual administración han establecido mesas de diálogo para ofrecer alternativas salariales y administrativas. Sin embargo, la postura oficial es firme en un punto: la desaparición total de la ley de 2007 no es una opción transitable debido a los candados legales de los recursos y al impacto presupuestal que provocaría en las finanzas públicas.
Para entender el trasfondo de las manifestaciones y el impacto de este conflicto en la vida pública, es necesario revisar cómo funcionan las pensiones actuales y por qué ambas posturas se encuentran en un punto de difícil retorno.
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¿En qué consiste la Ley del ISSSTE de 2007?
La reforma aplicada en 2007 modificó de raíz la forma en que el Estado administra el dinero para el retiro de sus empleados. Sus pilares fundamentales son:
- Cuentas individuales: Se eliminó el fondo común solidario —donde los trabajadores activos financiaban directamente a los jubilados— para dar paso a cuentas individuales e independientes para cada empleado, operadas bajo un esquema similar al de las Afores a través de PENSIONISSSTE o firmas privadas.
- Propiedad del dinero: Legalmente, los recursos acumulados pertenecen al trabajador titular de la cuenta y no al Estado, lo que protege el fondo de manera individual pero limita el uso colectivo del dinero.
- Nuevas reglas de jubilación: Se estableció una tabla progresiva que eleva la edad mínima requerida para retirarse. Además, el monto final de la pensión ya no se calcula solo con base en los años de servicio y el último sueldo, sino estrictamente con el capital total que el trabajador logre ahorrar a lo largo de su vida laboral.
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¿Por qué la CNTE exige la derogación de esta ley?
Los contingentes de la CNTE argumentan que el modelo de cuentas individuales reduce drásticamente el poder adquisitivo de los futuros jubilados y dificulta el acceso a un retiro digno. En sus pliegos petitorios exigen regresar al esquema anterior donde el Gobierno Federal garantice y financie las pensiones mediante aportaciones colectivas.
Otra de sus demandas principales es eliminar el uso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como base para calcular y pagar las pensiones actuales, ya que consideran que este indicador crece a un ritmo menor que el salario mínimo, castigando los ingresos de los pensionados. Asimismo, solicitan que se restituyan los derechos de retiro por años de servicio, permitiendo la jubilación fija a los 30 años de labores para hombres y 28 años para mujeres, sin importar la edad biológica que tengan al cumplir ese tiempo.
¿Por qué el gobierno dice que no es viable eliminarla?
De acuerdo con las declaraciones del director general del ISSSTE, Martí Batres, y las proyecciones de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la abrogación total de la Ley de 2007 es inviable por dos factores críticos:
- Costo financiero exorbitante: Retornar al esquema solidario tradicional requeriría que el Estado asumiera un gasto extraordinario superior a los 7 billones de pesos. Según los datos técnicos presentados por las autoridades, esta cifra equivale a cerca de 20 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, una cantidad que colapsaría el presupuesto de egresos.
- Impedimento legal: Debido a que los fondos de las cuentas individuales actuales tienen nombre y apellido de trabajadores específicos, el gobierno no puede retirar o expropiar esos recursos de manera automática para integrarlos a un fondo común sin violar los derechos de propiedad de los titulares.
¿Qué alternativas se están negociando?
Como contrapropuesta a la derogación, el gobierno federal ha puesto sobre la mesa un paquete de concesiones para destrabar el paro magisterial. La propuesta central de las autoridades incluye la creación de una aseguradora pública de pensiones sin fines de lucro, diseñada para competir con las administradoras privadas y fortalecer la presencia del Estado en el sector.
Adicionalmente, se ha ofrecido a los docentes un incremento salarial directo del 9 por ciento, el fortalecimiento operativo de PENSIONISSSTE y la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) para diseñar un nuevo organismo de promoción vertical y horizontal que cuente con participación directa del magisterio.
Hasta el momento, las bases de la CNTE han calificado estas medidas como insuficientes para levantar los plantones, por lo que se espera que las mesas de negociación continúen durante los próximos días, manteniendo bajo monitoreo el estado de las vialidades en las zonas afectadas por las protestas.
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