Tras depositar un millón de dólares como fianza en Houston, Rigoberto Brown Cantú, hermano de “El señor de los buques”, enfrentará en libertad su proceso judicial por extorsionar agencias aduaneras e integrar una red criminal con ramificaciones en el huachicol fiscal mexicano
El decomiso histórico de 10 millones de litros de diésel irregular en el puerto de Altamira destapó un esquema de evasión fiscal masiva que hoy conecta expedientes penales a ambos lados de la frontera.
Rigoberto Brown Cantú, presunto operador financiero e integrante de una red delictiva transfronteriza, se entregó de forma voluntaria ante las autoridades federales en la ciudad de Houston, Texas.
Tras su entrega registrada el pasado 10 de agosto y su posterior audiencia de presentación, un juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas le fijó una fianza de un millón de dólares, importe que le permitió abandonar el centro de detención y encarar en libertad condicional su proceso por cargos graves de delincuencia organizada.
El imputado es hermano de Roberto Brown Cantú (también identificado como Roberto Blanco Cantú), conocido en el ámbito criminal y empresarial como “El Señor de los Buques”. Este último se encuentra prófugo de la justicia en México, donde la Fiscalía General de la República mantiene órdenes de aprehensión en su contra por presuntamente liderar una red millonaria de huachicol fiscal dedicada a la importación e introducción clandestina de diésel sin la declaración ni el pago de impuestos aduanales correspondientes.
¿De qué acusa la justicia de Estados Unidos a Rigoberto Brown Cantú?
El expediente penal contra Rigoberto Brown Cantú se formalizó en noviembre de 2022 con la presentación de seis cargos federales relacionados con conspiración para cometer lavado de dinero y violaciones a la Ley Hobbs (Hobbs Act), un estatuto federal administrado por el Departamento de Justicia de EEUU que sanciona la extorsión, el cobro de piso y las prácticas corruptas que obstruyen el comercio internacional o intercontinental.
Las investigaciones oficiales sostienen que Rigoberto articuló un esquema coercitivo para apoderarse de la gestión y operación de los despachos aduanales en los cruces fronterizos de Tamaulipas y Texas.
¿Cómo funcionaba la extorsión a transmigrantes bajo la Ley Hobbs?
El esquema atribuido a Rigoberto Brown Cantú se centraba en la explotación sistemática de los transmigrantes: ciudadanos extranjeros (principalmente centroamericanos) que ingresan a México desde Estados Unidos con vehículos, remolques y mercancías para trasladarlos por vía terrestre hacia sus países de origen.
Para realizar este tránsito de manera legal, la normativa requiere la intervención de agencias de trámites aduanales autorizadas.
Según las indagatorias norteamericanas, la red criminal sometió a las agencias tramitadoras mediante amenazas de violencia y cobro de cuotas ilegales por cada expediente gestionado. Al monopolizar el servicio de cruce, la organización fijaba tarifas sobreprecio que encarecían el paso de los envíos.
Los dividendos en efectivo obtenidos mediante estas extorsiones eran posteriormente bancarizados e introducidos al sistema financiero legal mediante empresas de transporte y logística ubicadas en comunidades texanas como Brownsville y Mission.
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¿Cuál es la conexión con “El Señor de los Buques” y el contrabando en Altamira?
La entrega de Rigoberto en Houston pone nuevamente en el foco público las actividades de su hermano, Roberto Brown Cantú.
“El Señor de los Buques” ha sido identificado por autoridades de inteligencia fiscal como el presunto cerebro detrás de una sofisticada infraestructura logística que combinaba transporte marítimo y autotransporte terrestre para ingresar millones de litros de combustible ilícito al mercado mexicano.
El punto álgido de esta investigación en México ocurrió en marzo de 2025, cuando las fuerzas armadas y autoridades aduaneras aseguraron en el puerto marítimo de Altamira, Tamaulipas, un megabuque tanque cargado con más de 10 millones de litros de diésel irregular.
La nave transportaba combustible que figuraba documentalmente con fracciones arancelarias alteradas o como otros productos químicos exentos, con la finalidad de evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el IVA.
Principales aristas de la red de huachicol fiscal:
- Volumen asegurado: Decomisos multimillonarios, destacando el embarque de 10 millones de litros de diésel en Altamira.
- Modus operandi: Falsificación de pedimentos de importación y simulación de aditivos químicos para no pagar impuestos tributarios.
- Infraestructura utilizada: Flotillas de autotanques y empresas transportistas como Mefra Fletes para distribuir la gasolina a estaciones de servicio en el norte y centro del país.
- Ganancias estimadas: Reportes de inteligencia calculan ingresos ilícitos semanales superiores a los 27 millones de pesos para la organización.
¿Cómo impacta la caída de la red de cobro de cuotas ilegales a los ciudadanos y al comercio fronterizo?
Para los empresarios del sector logístico, agentes aduanales y conductores que transitan por las carreteras de Tamaulipas, el desmantelamiento de este tipo de estructuras representa una oportunidad para restablecer condiciones de seguridad y libre competencia.
El cobro de cuotas ilegales a transmigrantes y transportistas operaba como un “impuesto criminal” que elevaba artificialmente el precio de múltiples insumos y mercancías que circulan por la franja fronteriza.
En el ámbito energético, el combate al huachicol fiscal beneficia directamente al erario público y a los consumidores finales.
La introducción masiva de combustible de contrabando genera una competencia desleal frente a los distribuidores formales de hidrocarburos, resta recursos fiscales destinados al gasto público y pone en riesgo la infraestructura vehicular por el uso de carburantes sin control de calidad ni regulación ambiental.
Hacia el cruce de información financiera entre México y Estados Unidos
La comparecencia de Rigoberto Brown Cantú ante la justicia de Texas constituye un paso sustancial que podría acelerar la colaboración judicial entre ambos países.
A medida que avance el desahogo de pruebas por lavado de dinero en los tribunales norteamericanos, el intercambio de estados de cuenta, registros corporativos y declaraciones de testigos importantes aportará insumos esenciales para que las autoridades mexicanas logren congelar activos, asegurar propiedades y desarticular las redes corporativas que sostienen el contrabando de hidrocarburos en puertos como Altamira y Ensenada.
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