México condicionará las exportaciones agrícolas al cumplimiento de derechos laborales mediante el nuevo certificado VELAGRO, una medida que vincula las toneladas enviadas con el número real de jornales pagados ante la seguridad social

MÉXICO.- El sector agrícola de exportación en México se prepara para un cambio estructural en sus reglas de operación. Con el objetivo de garantizar los derechos de los trabajadores del campo y cumplir con los estándares internacionales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) implementará un nuevo esquema de certificación obligatoria. Esta medida será requisito indispensable para las empresas que busquen enviar sus productos a mercados estratégicos como Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con las recientes reformas aprobadas por la Cámara de Diputados a la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Comercio Exterior, este mecanismo busca abatir la informalidad en el campo.

La iniciativa forma parte de los compromisos de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para dignificar el trabajo agrícola y alinear al país con el Capítulo 23 del T-MEC. El cumplimiento de las obligaciones de seguridad social será, a partir de ahora, un factor determinante para el éxito comercial en el extranjero.

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VELAGRO: La plataforma que vigilará el cumplimiento laboral

Para gestionar este proceso, el Gobierno de México lanzará VELAGRO, una plataforma digital diseñada para simplificar y transparentar la validación de datos. Este sistema operará bajo un modelo de eficiencia tecnológica que permitirá a la autoridad cruzar información en tiempo real.

El funcionamiento de VELAGRO se basa en los siguientes pilares:

• Declaración de cadena de valor: Los exportadores deberán registrar a todos los participantes involucrados en su producción.
• Validación con el IMSS: La plataforma verificará automáticamente si la empresa cumple con sus cuotas y obligaciones ante el Seguro Social.
• Cálculo de jornales: El sistema utiliza un algoritmo técnico que relaciona las toneladas exportadas con el número de días de trabajo (jornales) necesarios para producirlas, detectando posibles irregularidades en la contratación.

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Fase piloto: El sector aguacatero será el primero en participar

La autoridad laboral ha diseñado un despliegue gradual para no afectar el flujo comercial actual. Se ha establecido un periodo de prueba de 12 meses que iniciará entre julio y agosto de 2026. Durante este año piloto, el esquema se aplicará exclusivamente al sector aguacatero.

Es importante destacar que durante esta fase inicial no se limitará la salida de ningún embarque ni se bloquearán las exportaciones. El objetivo es que los productores se familiaricen con la herramienta y realicen los ajustes necesarios en sus nóminas y registros antes de que la medida se extienda a otros cultivos y se vuelva restrictiva.

Plazos legales y publicación en el Diario Oficial

El marco legal que sustenta este certificado ya ha sido respaldado por unanimidad en el Congreso. Se espera que el proyecto oficial sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) entre los meses de mayo y junio de 2026.

Una vez que el documento aparezca en el DOF, el titular de la STPS contará con un plazo de 30 días para emitir las disposiciones generales y los manuales de procedimiento. Estos documentos detallarán los pasos técnicos que cada empresa deberá seguir para obtener su certificado, ya sea de forma mensual o trimestral, dependiendo de su volumen de operación.

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Un compromiso con el T-MEC y la formalidad

Más allá de ser un trámite administrativo, este certificado es una respuesta a las demandas internacionales sobre justicia laboral. Al exigir el cumplimiento de obligaciones de seguridad social para permitir la exportación, México fortalece su postura ante sus socios del norte.

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Para los productores, esta medida representa la oportunidad de certificar la calidad ética de sus productos, asegurando que cada tonelada enviada al extranjero respalda el bienestar de las manos mexicanas que la cosecharon.

La formalización no solo protege al trabajador, sino que brinda certeza jurídica y comercial a las empresas frente a posibles controversias en el marco del T-MEC.