FGR pide 15 años de prisión contra 13 directivos y representantes vinculados a Bursamétrica por presunta captación ilegal de mil 465 millones de pesos, de los cuales mil 350 millones pertenecían a la Beneficencia Pública
La Fiscalía también exige más de mil 60 millones de pesos como reparación del daño por operaciones bursátiles realizadas en 2022; un juez federal revisará las pruebas antes de que el caso avance a juicio.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una condena de 15 años de prisión contra 13 personas vinculadas con Bursamétrica Casa de Bolsa y dos empresas fiduciarias, por la presunta captación de mil 465 millones de pesos sin autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De esa cantidad, mil 350 millones procedían de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP), institución que administra recursos destinados, entre otros fines, a apoyar a personas en situación de vulnerabilidad en materia de salud.
La acusación, presentada ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur y dada a conocer por Agencia Reforma, también contempla una reparación del daño superior a mil 60 millones de pesos, multas económicas y otras sanciones. Los hechos investigados ocurrieron entre abril y julio de 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por ahora, se trata de una solicitud de la Fiscalía y no de una sentencia condenatoria. El siguiente paso será una audiencia intermedia prevista para finales de diciembre, en la que se discutirán las pruebas del caso.
La investigación gira en torno a inversiones realizadas mediante certificados bursátiles y fideicomisos que, según la FGR, fueron utilizados para captar dinero sin contar con la autorización correspondiente. El caso involucra tanto recursos administrados por una institución federal como inversiones de 27 clientes particulares.
¿De qué acusa la FGR a Bursamétrica y a las otras empresas?
La Fiscalía sostiene que integrantes de Bursamétrica Casa de Bolsa, Grupo Operativo Korbach y Posiciones Estratégicas en Carteras participaron en un esquema para obtener recursos económicos mediante operaciones bursátiles sin la autorización exigida por las autoridades financieras.
De acuerdo con la acusación, las operaciones se realizaron entre el 21 de abril y el 29 de julio de 2022, periodo en el que se habrían captado mil 465 millones de pesos.
El Ministerio Público Federal señala que se utilizaron tres fideicomisos irrevocables de emisión, administración y fuente de pago para emitir y colocar Certificados Bursátiles Fiduciarios, conocidos como Cebufis.
La FGR considera que estos instrumentos formaron parte de una simulación destinada a captar recursos sin autorización de la CNBV.
Es importante distinguir que la acusación se refiere a la presunta captación ilegal de recursos. La existencia de una inversión bursátil o de un fideicomiso no constituye, por sí misma, un delito. La controversia judicial consiste en determinar si las operaciones investigadas incumplieron la legislación financiera y quiénes serían responsables.
¿De dónde salieron los mil 465 millones de pesos investigados?
El dinero señalado por la Fiscalía provino de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y de 27 clientes clasificados como “no discrecionales”.
La distribución reportada en la acusación es la siguiente:
En el caso de la APBP, se identificaron dos operaciones:
- 16 de mayo de 2022: inversión por mil millones de pesos.
- 28 de julio de 2022: segunda inversión por 350 millones de pesos.
Las operaciones de los otros 27 clientes se distribuyeron de esta manera:
- 18 de abril de 2022: 11 clientes suscribieron un contrato para invertir 60 millones de pesos.
- 11 de mayo de 2022: otros 16 clientes contrataron una colocación privada de certificados bursátiles por 55 millones de pesos.
Las fechas corresponden a las instrucciones y contratos reportados. Algunas son anteriores al periodo de captación que identifica la Fiscalía, por lo que no deben confundirse con las fechas en que presuntamente se recibieron los recursos.
En conjunto, estas inversiones integran la cantidad investigada. Sin embargo, la cifra total de recursos captados no equivale necesariamente al dinero perdido, ni permite establecer por sí sola cuánto se ha recuperado.
¿Qué es la Beneficencia Pública y por qué importa que sus recursos estén involucrados?
La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud que administra bienes y recursos destinados a fines de asistencia social.
De acuerdo con la información del Gobierno de México, su función incluye contribuir a la atención de personas en situación de vulnerabilidad, particularmente en el ámbito de la salud.
Entre sus actividades están la administración del patrimonio, la obtención de recursos y el apoyo a acciones relacionadas con servicios y necesidades de salud.
La relevancia del caso radica en que más del 92% del dinero investigado pertenecía al patrimonio administrado por esta institución.
No obstante, la acusación difundida no permite concluir que determinados pacientes hayan perdido apoyos, que se hayan suspendido programas de salud o que la totalidad del dinero permanezca sin recuperar.
Para establecer esas consecuencias sería necesario conocer el destino final de las inversiones, los recursos efectivamente recuperados y las posibles afectaciones a la operación de la institución.
¿Qué castigos pide la FGR para los 13 acusados?
Además de la condena de prisión, la Fiscalía solicitó sanciones económicas y medidas adicionales contra las personas señaladas.
Las peticiones presentadas por el fiscal federal Emmanuel Irineo Méndez Santiago son:
- 15 años de prisión para los 13 acusados.
- Mil 60 millones 507 mil 58.68 pesos como reparación del daño a la APBP.
- 15 millones 752 mil pesos de multa, equivalentes a 50 mil veces el salario mínimo general diario de 315.04 pesos, utilizado en el cálculo presentado.
- Suspensión de los derechos políticos de las personas acusadas.
- Amonestación pública.
Respecto de las dos empresas señaladas, el Ministerio Público solicitó aplicar la misma multa económica y establecer una intervención judicial.
Esta intervención tendría como finalidad proteger los derechos de trabajadores y acreedores, además de prevenir riesgos para la economía nacional.
Ninguna de estas sanciones puede considerarse impuesta mientras no exista una resolución judicial que así lo determine.
También es necesario diferenciar los mil 465 millones de pesos investigados de los mil 60 millones que la FGR reclama como reparación del daño. Son cantidades con finalidades jurídicas distintas.
¿Quiénes son los directivos y representantes acusados?
La acusación federal identifica a 13 personas relacionadas con Bursamétrica y las otras empresas participantes.
Por parte de Bursamétrica Casa de Bolsa aparecen:
- Manuel Arturo Mollevi Palacios, director general.
- Mauricio Trigueros Ramírez, apoderado legal.
- Sergio de Alba Zamudio, exdirector jurídico.
- Roberto Guzmán García.
- Luis Roberto Olea Hernández.
- Fernando José Guasch Madáuar.
- Rocío Ángeles González, representante legal.
En el caso de Grupo Operativo Korbach, se señala a:
- Mauricio Martín del Campo Barrón, representante legal.
- Efraín Martínez Pérez, representante legal.
- Roberto Gabriel García Esquivel, secretario del Consejo de Administración.
- César Alfonso Sahagún Plascencia, secretario del Consejo de Administración.
- Felipe García Dunna, consejero.
Finalmente, por Posiciones Estratégicas en Carteras, figura Jorge Olavarrieta Peña, identificado como representante legal.
La inclusión de estas personas en la acusación no implica que su responsabilidad penal haya quedado demostrada. Corresponderá al proceso judicial determinar su participación en los hechos.
¿Qué son los certificados bursátiles fiduciarios y cómo se utilizaron?
Los Certificados Bursátiles Fiduciarios (Cebufis) son instrumentos financieros que permiten obtener recursos de inversionistas mediante estructuras respaldadas por un fideicomiso.
Un fideicomiso es una figura jurídica por medio de la cual se destinan bienes o recursos a un fin determinado, bajo las condiciones establecidas en un contrato.
En este caso, la Fiscalía afirma que se utilizaron tres fideicomisos irrevocables relacionados con la emisión, administración y fuente de pago de certificados bursátiles.
La acusación sostiene que estas estructuras fueron simuladas para realizar operaciones de captación sin la autorización correspondiente.
La Ley del Mercado de Valores establece el marco jurídico aplicable a la participación de intermediarios y a las operaciones del mercado bursátil mexicano.
Un aspecto relevante es que la autorización de una casa de bolsa no significa que todas sus operaciones estén automáticamente autorizadas.
Bursamétrica figura en el registro de entidades supervisadas de la CNBV. La controversia que expone la FGR se refiere a las operaciones específicas incluidas en su acusación y no debe interpretarse como una afirmación de que la institución nunca contó con autorización para operar.
¿Qué significa que los otros 27 inversionistas fueran clientes no discrecionales?
En el mercado bursátil existen distintas modalidades para administrar inversiones.
De acuerdo con la explicación de la CNBV sobre cuentas de inversión, una cuenta no discrecional es aquella en la que el cliente ordena directamente las operaciones que desea realizar. En una cuenta discrecional, el intermediario puede ejecutar operaciones conforme a las facultades previamente otorgadas, sin requerir autorización para cada movimiento.
Esto significa que la clasificación de los 27 clientes se relaciona con la manera en que se instruyeron sus inversiones.
No representa, por sí misma, una irregularidad ni permite establecer que los inversionistas conocieran las conductas que investiga la Fiscalía.
¿Cuáles son los antecedentes del caso Bursamétrica y la Beneficencia Pública?
Las inversiones de la Beneficencia Pública en Bursamétrica ya habían sido objeto de investigaciones periodísticas antes de que se diera a conocer esta solicitud de condena.
En marzo de 2025, Contralínea documentó una investigación relacionada con el destino de mil 350 millones de pesos administrados por la APBP.
Ese reportaje señaló posibles irregularidades en el manejo de inversiones, así como diferencias entre las condiciones autorizadas y los instrumentos financieros utilizados.
También informó que las investigaciones abarcaban actuaciones registradas durante 2023, mientras que la acusación difundida ahora por Agencia Reforma delimita las operaciones señaladas entre abril y julio de 2022.
Por esta diferencia en los periodos reportados, no debe asumirse que todas las actuaciones mencionadas en ambas investigaciones corresponden a los mismos hechos o cargos penales.
La novedad del proceso es la petición concreta de una condena de 15 años contra 13 personas, acompañada de solicitudes de reparación del daño, multas y otras sanciones.
¿Cuándo será la próxima audiencia y qué decidirá el juez?
El juez federal programó la audiencia intermedia para los últimos días de diciembre de 2026, aunque la información difundida no precisa una fecha ni una hora.
Durante esa etapa, el Ministerio Público expondrá oralmente su acusación y las partes discutirán qué pruebas podrán utilizarse en un eventual juicio.
De acuerdo con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa intermedia tiene como propósito revisar la admisión de pruebas y delimitar los hechos que serán materia del juicio.
Por lo tanto, la audiencia de diciembre no supone que ese día se dictará una sentencia.
Todavía quedan cuestiones por resolver, entre ellas la responsabilidad individual de los acusados, la procedencia de las sanciones solicitadas y la cantidad que legalmente correspondería reparar.
El caso continuará bajo revisión judicial. Para la Beneficencia Pública, uno de los puntos centrales será determinar qué recursos pueden recuperarse y cuál fue la afectación patrimonial acreditada. Para las personas acusadas, el proceso deberá establecer si existen pruebas suficientes para sustentar una condena, con respeto a su derecho de defensa y a la presunción de inocencia.
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