Luego de que Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario cercano a los hijos de AMLO señalado del perjuicio de 834 millones de pesos en importaciones de diésel detectadas por el SAT, fue hallado en Suiza, Sheinbaum descartó intervenir en la FGR
La revisión de aduanas apunta a discrepancias millonarias en volúmenes de combustible que ya se encuentran bajo la lupa de las autoridades hacendarias.
El empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio volvió al centro de la conversación pública luego de que un equipo periodístico de TV Azteca reportó haberlo localizado en una propiedad ubicada en Lugano, Suiza, tras varios días de vigilancia.
Olán Aparicio ha cobrado notoriedad nacional debido a sus vínculos de cercanía con Gonzalo Alfonso y Andrés Manuel López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante los últimos años, investigaciones periodísticas han señalado que esta relación le habría facilitado la obtención de contratos públicos y negocios lucrativos con distintas dependencias del Estado.
Entre los señalamientos más recurrentes figuran operaciones relacionadas con el suministro de material pétreo —como balasto— para megaproyectos de infraestructura federal, además de contratos vinculados al sector salud.
Si bien estas revelaciones han mantenido al empresario bajo escrutinio mediático, su reciente ubicación en territorio europeo intensificó la presión política y social para esclarecer el origen y la legalidad de sus operaciones comerciales.
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¿Cuál es la postura oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la FGR y el caso?
Ante los cuestionamientos de la prensa sobre la presencia del empresario en Suiza y los señalamientos en su contra, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que las indagatorias ministeriales no deben iniciarse a partir de dichos emitidos por medios de comunicación, sino exclusivamente sobre la base de pruebas fehacientes.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal declaró de manera tajante:
Cualquier persona que tenga una prueba, la Fiscalía, de alguna ilegalidad, tiene que abrir una carpeta de investigación, pero no porque lo diga TV Azteca, sino porque hay pruebas que en efecto lo vinculen con un delito”.
Asimismo, Sheinbaum descartó emitir instrucciones o intervenir directamente en las decisiones de la Fiscalía General de la República (FGR). Puntualizó que, si el organismo autónomo reúne los elementos jurídicos necesarios, debe actuar conforme a derecho y solicitar ante los jueces correspondientes las medidas procedentes, sin importar la identidad de los implicados.
¿Qué relación existe entre el empresario tabasqueño y el millonario caso fiscal investigado por el SAT?
Más allá de los contratos de obra pública, uno de los frentes legales más delicados que rodean el entorno de Olán Aparicio involucra al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al sector energético. El organismo fiscalizador presentó una denuncia ante la FGR en contra de la empresa Portacelis Gas and Oil, dedicada a la importación de combustibles.
De acuerdo con la documentación de la autoridad fiscal, se detectó un posible perjuicio económico de 834 millones de pesos derivado de irregularidades en la importación de diésel. La anomalía principal consistió en discrepancias técnicas y volumétricas entre el combustible que la compañía declaró formalmente ante las aduanas mexicanas y el volumen real que ingresó al país.
El vínculo entre esta trama corporativa y el empresario tabasqueño radica en que su contador y operador financiero de confianza, Juan Carlos de la Cruz Murillo, fungió inicialmente como administrador único de Portacelis Gas and Oil antes de ser relevado del cargo, lo que encendió las alertas de las autoridades hacendarias sobre posibles esquemas de defraudación fiscal.
¿Cómo impacta a los contribuyentes y al sistema de fiscalización en México este tipo de indagatorias?
Para los ciudadanos y contribuyentes cumplidos, el seguimiento a casos de presunta evasión fiscal y triangulación de contratos representa un factor clave en la rendición de cuentas. Las repercusiones directas de estas investigaciones se reflejan en:
- Fortalecimiento del control aduanero: Las discrepancias detectadas por el SAT en la importación de combustibles evidencian la necesidad de blindar las aduanas del país contra el llamado “huachicol fiscal”.
- Transparencia en el erario: Monitorear el destino de los recursos públicos y los contratos asignados a proveedores evita el uso discrecional del presupuesto federal.
- Autonomía institucional: La exigencia de pruebas jurídicas sólidas por parte del Ejecutivo marca un precedente sobre la separación de poderes y la responsabilidad de las fiscalías en la persecución de delitos económicos.
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¿Cuáles son los siguientes pasos legales en la investigación de las instancias de procuración de justicia?
El curso legal del caso dependerá de la profundidad y velocidad con la que la FGR integre los datos de prueba aportados tanto por el SAT como por las auditorías correspondientes.
Hasta el momento, las instancias ministeriales han aclarado que no existen órdenes de aprehensión vigentes emitidas de manera automática por la simple localización de los involucrados en el extranjero.
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