Vinculan a proceso por traición a la patria a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, luego de que la FGR presentara 150 datos de prueba por la presunta intervención de agentes de la CIA; permanecerá preso en el Altiplano
Un juez federal determinó que existen elementos para investigar al exfiscal de Chihuahua por la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas realizado en abril de 2026. La acusación podría implicar hasta 40 años de prisión si se acredita el delito.
ESTADO DE MÉXICO.- El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue vinculado a proceso por el delito de traición a la patria durante la madrugada de este domingo 25 de octubre de 2026. El juez federal Ricardo Alfonso Santos Dorantes determinó que existen elementos suficientes para continuar la investigación por la presunta participación no autorizada de agentes estadounidenses en un operativo contra un laboratorio de drogas en Chihuahua. La resolución, reportada por Agencia Reforma, mantiene al exfuncionario en prisión preventiva en el penal del Altiplano, en el Estado de México, aunque no representa una sentencia ni acredita su culpabilidad.
La decisión judicial abre una nueva etapa en un caso que involucra a la Fiscalía General de la República (FGR), autoridades de Chihuahua y presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. El operativo que dio origen a la investigación ocurrió en abril de 2026 y terminó con cuatro personas fallecidas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses identificados como posibles integrantes de esa agencia.
La FGR sostiene que Jáuregui permitió la intervención de extranjeros en labores de seguridad sin autorización federal. Sin embargo, la defensa rechaza que el exfiscal conociera o hubiera autorizado su participación. Esa responsabilidad deberá determinarse durante el procedimiento penal, en el que también se investigará la actuación de las autoridades estatales.
¿Por qué vincularon a proceso a César Jáuregui por traición a la patria?
La vinculación a proceso fue dictada por el juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La audiencia se reanudó la tarde del sábado 24 de octubre y concluyó durante las primeras horas del domingo. Se realizó de manera privada debido a que la investigación involucra información relacionada con la seguridad nacional.
De acuerdo con la acusación de la FGR, el exfiscal habría permitido que personal extranjero participara en un operativo antidrogas que correspondía a autoridades mexicanas, sin contar con las autorizaciones necesarias.
La institución consideró que esa intervención podría constituir un atentado contra la soberanía nacional, al involucrar a agentes de otro país en acciones de seguridad dentro de México.
Entre las determinaciones del juez se encuentran:
- Vinculación a proceso: la investigación penal contra Jáuregui continuará por el delito de traición a la patria.
- Prisión preventiva: el exfiscal seguirá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano.
- Investigación complementaria: se estableció un plazo de dos meses para que las partes continúen reuniendo elementos.
- Continuación del procedimiento: la Fiscalía deberá sostener su acusación y la defensa podrá presentar pruebas para refutarla.
¿Qué ocurrió durante el operativo en Chihuahua en el que participaron presuntos agentes de la CIA?
El origen del caso se encuentra en una operación realizada entre el 17 y el 19 de abril de 2026, en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la sierra de Chihuahua.
El objetivo era desmantelar un laboratorio utilizado presuntamente para la producción de drogas.
Durante el regreso del operativo, una camioneta que formaba parte del convoy cayó por un barranco y explotó.
El accidente provocó la muerte de cuatro personas:
- Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
- Manuel Genaro Méndez Montes, escolta del funcionario.
- Dos ciudadanos estadounidenses señalados como presuntos agentes de la CIA.
La presencia de los extranjeros dio lugar a cuestionamientos sobre su participación en la operación y sobre las autorizaciones necesarias para intervenir en territorio mexicano.
La FGR comenzó a investigar si funcionarios estatales permitieron que agentes extranjeros realizaran actividades de seguridad sin conocimiento o autorización de las autoridades federales.
¿Qué pruebas presentó la FGR contra el exfiscal de Chihuahua?
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó el 17 de octubre que la investigación incluyó más de cien actos de investigación de gabinete y de campo.
Posteriormente, durante la audiencia inicial del 21 de octubre, ministerios públicos de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos presentaron alrededor de 150 datos de prueba para sustentar la imputación.
Según la versión de la Fiscalía, las investigaciones encontraron diversas irregularidades:
- Los dos ciudadanos estadounidenses fallecidos habrían visitado instalaciones de la AEI en varias ocasiones antes del operativo.
- La intervención contra el laboratorio se habría realizado sin abrir previamente una carpeta de investigación.
- Las autoridades estatales habrían actuado en un asunto de competencia federal sin efectuar las notificaciones correspondientes.
- Jáuregui presuntamente conocía la participación de extranjeros y omitió informar oportunamente a las autoridades federales.
- El aviso a las fuerzas federales se habría realizado después de que concluyó la operación.
Godoy sostuvo que el exfuncionario “habría ocultado información” a la Federación, pese a tratarse de hechos relacionados con delitos federales.
La FGR también señaló una posible contradicción entre la falta de una carpeta de investigación previa y las declaraciones públicas del entonces fiscal, quien había mencionado que el operativo fue resultado de meses de planeación entre la AEI y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas.
Estas afirmaciones forman parte de la acusación y deberán ser examinadas durante el proceso.
¿Qué respondió la defensa de César Jáuregui a las acusaciones?
El abogado Héctor Villasana, integrante de la defensa, rechazó que los elementos presentados por la FGR demuestren que Jáuregui autorizó la participación de agentes estadounidenses.
En conferencia de prensa del 21 de octubre, aseguró que ninguno de los aproximadamente 150 datos de prueba establecía una relación directa entre su cliente y la intervención de los extranjeros.
También afirmó que, de entre 80 y 90 testimonios integrados en la investigación, ninguno señalaba directamente al exfiscal.
De acuerdo con su explicación, los testimonios se concentraban en Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la AEI, a quien la defensa identificó como el funcionario que tenía mayor cercanía con los estadounidenses.
Los abogados cuestionaron además los argumentos utilizados por el Ministerio Público durante la audiencia, entre ellos una comparación con la intervención estadounidense en Venezuela contra Nicolás Maduro.
Villasana calificó esa referencia como una muestra de “desesperación” de la Fiscalía.
La defensa también informó que buscaría combatir la medida de prisión preventiva mediante un juicio de amparo y anunció que impugnaría la resolución judicial.
Por ahora, el juez consideró que los elementos disponibles permiten continuar el procedimiento penal, sin resolver todavía si el acusado cometió el delito.
¿Cuándo detuvieron a César Jáuregui y qué otros delitos enfrenta?
Jáuregui fue detenido el 17 de octubre de 2026, en una jornada marcada por la intervención de autoridades estatales y federales.
La primera orden de aprehensión fue ejecutada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, por delitos del fuero común.
La resolución había sido emitida el 16 de octubre por el juez Luis Alberto Simental Ortega, dentro de la causa penal 3055/2026, bajo el oficio 53095/2026.
En ese expediente también apareció Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas.
Los mandamientos judiciales incluyeron acusaciones por ejercicio ilegal del servicio público, coalición de servidores públicos y, en el caso de Zuany Portillo, falsedad ante autoridades con penalidad agravada.
Horas después de la primera detención, Ernestina Godoy informó que un juez federal había autorizado otra orden de captura contra Jáuregui por hechos posiblemente constitutivos de traición a la patria.
El 22 de octubre, un juez estatal vinculó al exfiscal a proceso por ejercicio ilegal del servicio público, pero descartó el cargo adicional de coalición de servidores públicos.
En esa causa también se establecieron dos meses para la investigación complementaria.
De esta manera, Jáuregui enfrenta dos procedimientos distintos: uno estatal, relacionado con el ejercicio de sus funciones, y otro federal, por la acusación de traición a la patria.
¿Qué relación tiene la gobernadora Maru Campos con la investigación?
El procedimiento contra Jáuregui también generó diferencias entre autoridades federales y el gobierno de Chihuahua, encabezado por María Eugenia Campos Galván, conocida como Maru Campos.
El 23 de octubre, la FGR publicó el comunicado 745/26, en el que informó sobre una reunión entre la gobernadora y la fiscal general Ernestina Godoy.
El encuentro se realizó a solicitud de la mandataria estatal y contó con la participación de David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional.
Según el documento oficial, Campos responsabilizó al exfiscal por los hechos ocurridos en Chihuahua en los que intervinieron personas extranjeras.
La Fiscalía también informó que la gobernadora proporcionó señalamientos sobre presuntos actos de corrupción relacionados con casinos y prestanombres.
Esa información motivó la apertura de una nueva línea de investigación.
Godoy señaló posteriormente que Campos le había dicho que el responsable “era su exfiscal y que era una persona corrupta, que tenía casinos, que tenía prestanombres”.
Sin embargo, estos señalamientos constituyen acusaciones que deben investigarse y no acreditan por sí mismos la comisión de delitos.
¿Qué ocurrió entre Claudia Sheinbaum y Maru Campos por el caso?
El conflicto llegó también a la Presidencia de México.
El 22 de octubre, Maru Campos relató en una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola una conversación tensa que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum el 19 de septiembre, en el aeropuerto de Ciudad Juárez.
La gobernadora habló de los desacuerdos relacionados con la investigación sobre la intervención de agentes extranjeros.
Al día siguiente, Sheinbaum confirmó que hubo un intercambio de reclamos y atribuyó a Campos la siguiente expresión:
No fui yo, fue mi exfiscal”.
Por su parte, la gobernadora negó haber responsabilizado directamente a Jáuregui y consideró “excesiva” la acusación de traición a la patria.
Las declaraciones reflejan versiones distintas sobre las responsabilidades políticas y administrativas en el operativo. Sin embargo, la determinación sobre una posible responsabilidad penal corresponde al Poder Judicial.
¿Cuántos años de prisión se castiga la traición a la patria en México?
El delito de traición a la patria está contemplado en el Código Penal Federal, dentro de las disposiciones relacionadas con los delitos contra la seguridad de la Nación.
De acuerdo con el artículo 123, la sanción general puede alcanzar de cinco a 40 años de prisión y una multa de hasta 50 mil pesos, aunque la legislación establece excepciones y penas particulares según la conducta.
Entre las acciones contempladas por la ley se encuentran los actos contra la independencia o soberanía de México destinados a someter al país a un poder extranjero, así como determinadas formas de cooperación con Estados extranjeros que puedan perjudicar a la Nación.
Las sanciones previstas en los artículos relacionados incluyen:
- Artículo 123: de cinco a 40 años de prisión y multa de hasta 50 mil pesos, con excepciones establecidas en algunas fracciones.
- Artículo 124: de cinco a 20 años de prisión y multa de hasta 25 mil pesos para las conductas contempladas en esa disposición.
- Artículo 125: de dos a 12 años de prisión y multa de mil a 20 mil pesos por promover o facilitar la aceptación de una invasión o de un gobierno impuesto por extranjeros, conforme a los supuestos legales.
- Artículo 126: contempla la aplicación de las disposiciones correspondientes a extranjeros que intervengan en determinadas conductas, con las excepciones previstas en la ley.
Estas penas no significan que Jáuregui vaya a recibir automáticamente una condena de 40 años. Para ello, primero tendría que acreditarse su responsabilidad penal y determinarse qué disposición legal corresponde a los hechos probados.
¿Qué significa que César Jáuregui haya sido vinculado a proceso?
En México, la vinculación a proceso es una resolución judicial que permite continuar formalmente una investigación penal contra una persona.
No equivale a una condena.
Para dictarla, el juez debe considerar que existen datos que establecen la probable comisión de un delito y la posibilidad de que el imputado haya participado en él.
Esto implica tres diferencias:
- Ser acusado: significa que una autoridad atribuye a una persona la posible comisión de un delito.
- Ser vinculado a proceso: significa que un juez considera que existen elementos para continuar el procedimiento penal.
- Ser condenado: implica que la responsabilidad penal quedó acreditada mediante una resolución judicial.
En el caso de Jáuregui, la vinculación permite que continúe la investigación, mientras que la prisión preventiva es una medida cautelar que mantiene al exfuncionario privado de la libertad.
La presunción de inocencia permanece vigente durante el proceso.
¿Qué sigue en el caso de César Jáuregui?
Tras la resolución del 25 de octubre, la investigación federal continuará durante el plazo complementario de dos meses establecido por el juez.
En ese periodo, la FGR podrá reunir nuevos elementos para sostener la acusación y la defensa tendrá oportunidad de presentar información para cuestionarla.
También podría avanzarse en los recursos legales anunciados por los abogados para impugnar las resoluciones judiciales y la medida de prisión preventiva.
De manera paralela, seguirá el procedimiento estatal por ejercicio ilegal del servicio público y la nueva línea de investigación relacionada con los señalamientos de presunta corrupción comunicados por la gobernadora de Chihuahua.
El punto pendiente será determinar si César Jáuregui conoció, autorizó o facilitó la intervención de agentes extranjeros en el operativo de abril de 2026, y si esa conducta, de acreditarse, constituye el delito federal que le atribuye la Fiscalía.
Mientras no exista una sentencia firme que establezca su responsabilidad, el exfiscal conserva su presunción de inocencia y continuará sujeto a las decisiones judiciales que se dicten en ambos procedimientos.
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