Empresa de Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño fue creada durante el gobierno de AMLO para invertir en puertos y suministro de combustibles; ambos se reunieron con Andy López Beltrán
JDBL y Compañía fue constituida en julio de 2020 y sus estatutos contemplan inversiones en infraestructura portuaria y actividades relacionadas con combustibles; sus socios se reunieron recientemente con Andrés Manuel López Beltrán, aunque hasta ahora no hay información pública que vincule a esta sociedad con algún delito.
CIUDAD DE MÉXICO.- JDBL y Compañía, S.A. de C.V., sociedad de Juan Domingo Beckmann Legorreta y Mauricio Garduño González Elizondo, fue constituida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con facultades para invertir en puertos, infraestructura y participar en el suministro de combustibles y lubricantes en zonas portuarias. La información fue publicada este 1 de septiembre por EL UNIVERSAL, con base en documentos registrales.
El caso cobra interés porque ambos empresarios participaron el 24 de agosto en una reunión privada con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, mientras autoridades federales investigan distintas redes de contrabando de hidrocarburos. Sin embargo, no existe hasta ahora información pública que pruebe que JDBL y Compañía participe en esas operaciones ilícitas o sea investigada por ellas.
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Los registros consultados por el diario señalan que la compañía nació el 17 de julio de 2020, tiene domicilio en la Ciudad de México y fue constituida por un plazo de 99 años. Su objeto social permite realizar inversiones directas o indirectas en proyectos relacionados con administración y gestión de puertos, construcción e infraestructura. También contempla actividades vinculadas con el suministro de combustibles y lubricantes dentro de instalaciones portuarias.
La existencia de esas facultades legales no significa, por sí misma, que la empresa comercialice actualmente hidrocarburos. Para hacerlo de manera directa necesita las autorizaciones establecidas por la legislación energética y los permisos correspondientes de las autoridades federales.
¿Qué es JDBL y Compañía y quiénes aparecen como socios?
De acuerdo con los documentos registrales revisados por EL UNIVERSAL, Juan Domingo Beckmann Legorreta aparece como accionista mayoritario de JDBL y Compañía, con 99 mil 999 acciones, mientras que Mauricio Garduño González Elizondo figura como socio minoritario con una acción.
La compañía cuenta, además, con cuatro apoderados legales:
- Vianney Ramos Rosales.
- Alexander Gijs Van Tienhoven.
- José Alfredo García López Gala.
- Victoria Isabel Cortés Iturralde.
JDBL y Compañía también tiene una participación corporativa relevante fuera del sector energético. Información pública de Becle, empresa controladora de José Cuervo, identifica a JDBL y Compañía como propietaria de 51.06% del capital en circulación de Becle y precisa que Juan Domingo Beckmann ejerce el control de esa sociedad.
Este dato permite dimensionar la naturaleza de JDBL como un vehículo de inversión y participación empresarial, más allá de las actividades que aparecen contempladas en su objeto social.
¿Qué puede hacer la empresa dentro de puertos y del sector de combustibles?
El acta constitutiva citada por EL UNIVERSAL establece que JDBL y Compañía puede efectuar inversiones relacionadas con servicios de administración y gestión portuaria, construcción y proyectos de infraestructura.
El documento también incluye el suministro de combustibles y lubricantes dentro de zonas portuarias, actividad que en el sector marítimo suele conocerse como bunkering o avituallamiento de combustible.
La diferencia entre lo que una empresa puede incluir en sus estatutos y lo que puede realizar efectivamente resulta clave.
El objeto social define las actividades para las cuales una compañía fue creada y abre la posibilidad jurídica de desarrollarlas. Sin embargo, cuando esas actividades pertenecen a sectores regulados, como los hidrocarburos, también se necesitan permisos específicos antes de comenzar operaciones.
Por esa razón, la constitución de JDBL y Compañía no demuestra que haya importado, almacenado, transportado o comercializado combustible.
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¿JDBL y Compañía tiene permisos para comercializar combustibles?
EL UNIVERSAL reportó que su revisión no encontró a JDBL y Compañía con permisos operativos para comercializar hidrocarburos, por lo que planteó que su participación podría darse principalmente como inversionista en sociedades o proyectos de terceros.
Aquí existe una actualización importante respecto de la información originalmente publicada: desde 2025, la autoridad encargada de distintos permisos del sector es la Comisión Nacional de Energía (CNE) y no la extinta Comisión Reguladora de Energía.
La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2025 extinguió la CRE y creó la CNE, organismo sectorizado a la Secretaría de Energía. Entre sus atribuciones está otorgar, modificar, terminar y supervisar permisos relacionados con transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de petrolíferos.
La propia CNE mantiene actualmente registros y procedimientos para permisos de almacenamiento, comercialización, distribución y transporte de petrolíferos.
Por tanto, registrar una empresa con facultades para suministrar combustibles no sustituye los permisos sectoriales necesarios para operar.
¿Qué relación tiene la empresa con la reunión de Andy López Beltrán?
El interés político alrededor de JDBL y Compañía aumentó después de que el periodista Héctor de Mauleón publicara información sobre una reunión realizada el 24 de agosto de 2026 en el restaurante Magazzino, ubicado en la colonia Condesa de la Ciudad de México.
Según el columnista de EL UNIVERSAL, en el encuentro estuvieron Andrés Manuel López Beltrán y su hermano Gonzalo López Beltrán, además de Daniel Asaf y los empresarios Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño González Elizondo.
La existencia del encuentro ha sido objeto de cuestionamientos públicos. Incluso legisladores de oposición pidieron posteriormente que sus participantes aclararan el motivo de la reunión.
Sin embargo, las imágenes y la información disponible sobre el encuentro no permiten establecer por sí mismas el contenido completo de las conversaciones ni acreditar que se haya discutido algún negocio relacionado con JDBL, combustibles, puertos o aduanas.
Tampoco hay información pública que demuestre que la reunión constituye una conducta ilegal.
Beckmann forma parte, según EL UNIVERSAL, del Consejo Asesor Empresarial del gobierno federal, mientras que Garduño ha participado en distintas empresas, algunas de ellas relacionadas con contratos públicos.
¿Por qué aparece el tema del huachicol fiscal alrededor de esta información?
La publicación ocurre mientras la Fiscalía General de la República mantiene abiertas investigaciones contra distintas estructuras dedicadas al contrabando de combustibles, conocido comúnmente como huachicol fiscal.
La FGR informó el 20 de agosto que desde 2024 investiga una red relacionada con contrabando, distribución y dispersión de combustibles por vía marítima. La Fiscalía señaló como uno de los antecedentes el aseguramiento, en marzo de 2025, de un buque con ocho millones de litros de hidrocarburo en Altamira, Tamaulipas.
Seis días después, la institución informó sobre nuevas líneas de investigación relacionadas con una red que presuntamente movía combustible por ferrocarril. En cateos realizados en la Ciudad de México fueron asegurados documentos, entre ellos pedimentos de importación, contratos y actas de asamblea que, según la Fiscalía, podrían aportar información sobre la operación investigada.
La FGR explica que estas redes pueden involucrar importadores, operadores logísticos, agentes aduanales, empresas y mecanismos financieros utilizados para introducir combustible de manera irregular y evitar obligaciones fiscales.
Hasta el momento, esos comunicados oficiales no mencionan a JDBL y Compañía, Juan Domingo Beckmann ni Mauricio Garduño como imputados o integrantes de esas redes.
¿Qué tiene que ver Portacelis Gas and Oil con las investigaciones?
Otro expediente que ha colocado el tema de los combustibles alrededor del círculo político de López Beltrán corresponde a Portacelis Gas and Oil, empresa públicamente relacionada con el entorno empresarial de Jorge Amílcar Olán.
Este caso es distinto al de JDBL y Compañía y no deben confundirse ambas sociedades.
Información difundida por N+ señala que el SAT solicitó a la FGR investigar operaciones de Portacelis Gas and Oil por un posible perjuicio fiscal de 834 millones de pesos relacionado con importaciones de combustible desde Estados Unidos.
De acuerdo con la documentación fiscal reportada por distintos medios, entre febrero y junio de 2025 fueron revisados 139 pedimentos de importación correspondientes a diésel, gasóleo y otros productos que ingresaron mediante ferrotanques. La autoridad fiscal sostiene que habría existido información falsa en las operaciones y solicitó proceder penalmente contra varias personas presuntamente involucradas.
El expediente se encuentra en una etapa de investigación y, hasta que exista una resolución judicial, los posibles responsables deben ser considerados bajo el principio de presunción de inocencia.
La relación pública entre este caso y Andrés Manuel López Beltrán deriva de la cercanía atribuida en distintas investigaciones periodísticas entre Jorge Amílcar Olán y los hijos del expresidente, no de una sentencia que responsabilice a López Beltrán por las operaciones fiscales de Portacelis.
El propio Andrés Manuel López Beltrán ha rechazado públicamente las acusaciones que buscan relacionarlo con el huachicol fiscal y ha negado ser propietario de alguna empresa dedicada a la venta de combustibles.
¿Qué ha dicho la fiscal Ernestina Godoy sobre el huachicol fiscal?
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, explicó el 31 de agosto que el mercado ilícito de hidrocarburos no se limita al robo mediante tomas clandestinas, sino que comprende una cadena que puede incluir ingreso irregular de combustible, transporte, almacenamiento, documentación, empresas y movimientos financieros.
En su artículo “Huachicol: la cadena del delito”, señaló que desde 2018 comenzó a observarse un esquema relacionado con importaciones y exportaciones de hidrocarburos mediante clasificaciones arancelarias incorrectas.
Es a partir de 2018 que inicia la importación y exportación de hidrocarburos con una clasificación arancelaria incorrecta”.
Godoy sostuvo que estas operaciones permiten aumentar ganancias mediante la evasión de impuestos y aseguró que combatir toda la estructura relacionada con el mercado ilícito de combustibles es actualmente una prioridad para la FGR.
Sus declaraciones ofrecen contexto sobre las investigaciones federales en curso, pero no constituyen un señalamiento contra JDBL y Compañía.
¿Qué está comprobado y qué falta por conocer?
Hasta ahora hay documentos y fuentes públicas que permiten establecer que JDBL y Compañía existe desde 2020, que Juan Domingo Beckmann controla la sociedad y que sus estatutos contemplan inversiones en infraestructura, puertos y actividades relacionadas con suministro de combustibles.
También está documentado que Beckmann y Garduño participaron en una reunión con Andrés Manuel López Beltrán el 24 de agosto.
Lo que no está demostrado públicamente es que esa reunión haya tenido relación con negocios de hidrocarburos, que JDBL esté operando directamente el suministro de combustibles o que la empresa forme parte de las investigaciones de la FGR sobre huachicol fiscal.
Esa distinción resulta central: una empresa puede estar legalmente constituida para invertir en determinados sectores sin ejercer todas esas actividades, mientras que una reunión entre empresarios y figuras políticas tampoco acredita por sí misma la existencia de contratos, acuerdos o actos ilícitos.
Las investigaciones federales sobre contrabando de combustibles continúan y cualquier eventual responsabilidad deberá sustentarse en expedientes oficiales, actuaciones de la FGR y resoluciones judiciales, no únicamente en coincidencias empresariales o relaciones personales.
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