Hacienda pone el ojo en empresa de Jorge Amílcar Olán, amigo de Andrés López Beltrán, por presunto huachicol fiscal

MÉXICO. — La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer acción penal por delitos fiscales contra la empresa Portacelis Gas and Oil, ubicada en Tabasco y vinculada a Jorge Amílcar Olán, empresario cercano a Andrés Manuel López Beltrán.

Según datos publicados por el Diario Reforma y reportes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la compañía incurrió en operaciones de huachicol fiscal que provocaron un daño al fisco federal por más de 834 millones de pesos.

El esquema detectado consistió en la entrada a México de combustibles en ferrotanques utilizando información falsa en los trámites aduanales.

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Esta maniobra permitió omitir el pago correspondiente de derechos e impuestos en 139 pedimentos de importación gestionados entre febrero y junio del año pasado, lo que derivó en la denuncia formal presentada por la representación legal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El esquema corporativo y los cambios de administración

Los documentos mercantiles del caso exponen la evolución de la empresa y la sustitución de sus representantes legales antes de la intervención de las autoridades:

• Fundación de la empresa: Portacelis se constituyó el 6 de agosto de 2024 ante notario público en Villahermosa, Tabasco, designando a Juan Carlos de la Cruz Murillo como administrador único.
• Red de vínculos: De la Cruz es identificado como operador de confianza de Amílcar Olán. Aparece como comisario en Romedic (proveedora de medicamentos), accionista en la ferretera Poyago y encargado de vigilancia en Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, firma donde Olán posee el 90 por ciento de las acciones.
• Sustitución de representante: El 23 de diciembre de 2024, De la Cruz dejó el cargo y asumió la administración José Alonso Ulin Hernández, de 32 años y residente de la Ranchería Ixtacomitán, Jalpa, Tabasco, sin registro previo en el sector empresarial.

Respecto a este cambio en la estructura interna, el periodista Raúl Olmos, integrante de MCCI, explicó el objetivo de la estrategia:

“El movimiento fue una estrategia bien planeada. La estructura que quedó en Portacelis Gas and Oil después de la renuncia de Juan Carlos De la Cruz era la de una empresa preparada para operar negocios con sigilo: socios sin trayectoria, domicilios modestos en rancherías, y un organigrama que buscaba disolver cualquier vínculo evidente con las figuras que la fundaron”.

Los señalados ante la fiscalía y la fuga del agente aduanal

La declaratoria de perjuicio fue entregada a la FGR el pasado 25 de marzo por Francisco Javier Arias Chávez, administrador de Asuntos Penales del SAT. La solicitud de acción penal se dirige contra cinco personas, entre integrantes de la empresa y enlaces aduanales:

• Representantes legales: El SAT centró los cargos por huachicol fiscal en José Alonso Ulin Hernández como administrador vigente, omitiendo acusaciones directas contra De la Cruz.
• Operador aduanal: El trámite de los 139 pedimentos irregulares se le imputa a Víctor José Carretero Zardeneta, agente aduanal y pastor cristiano con doble nacionalidad.
• Escape a Estados Unidos: Carretero huyó a territorio estadounidense en enero pasado, justo cuando la FGR preparaba su detención en la frontera entre Matamoros y Brownsville.
• Expedientes acumulados: El agente aduanal enfrenta dos órdenes de aprehensión previas por contrabando de combustible: una relacionada con el caso del exgobernador Ernesto Ruffo Appel y otra vinculada a tres mandos militares de la Aduana de Matamoros.

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¿Qué es el huachicol fiscal y qué implica este proceso legal?

Para comprender el alcance de este caso en las finanzas del país, conviene revisar las claves de este delito y sus repercusiones:

• Mecanismo del delito: El huachicol fiscal consiste en ingresar hidrocarburos al territorio nacional declarando fracciones arancelarias falsas o volúmenes menores a los reales para no pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) ni el IVA.
• Impacto en los recursos públicos: La omisión de 834 millones de pesos en impuestos restringe la disponibilidad de fondos estatales para la atención de servicios básicos, salud e infraestructura pública.
• Situación legal actual: La FGR continúa con la integración de la carpeta de investigación para judicializar el expediente contra los administradores registrados y los intermediarios aduanales involucrados en la red de internación ilegal.