Amílcar Olán, cercano a Andy López Beltrán, recibió al menos 40 millones de pesos del Poder Judicial por la renta de un edificio en Villahermosa, Tabasco, y sigue bajo contrato mientras se evalúa una posible reubicación
El empresario tabasqueño, cercano a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, rentó un inmueble al Poder Judicial de la Federación para tribunales laborales en Villahermosa; el órgano judicial informó que el arrendamiento siguió después de 2023, aunque no detalló si cambió el monto mensual.
CIUDAD DE MÉXICO.- El Poder Judicial de la Federación pagó una renta millonaria por un edificio en Villahermosa, Tabasco, propiedad de Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño señalado por su cercanía con Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con documentos consultados por El Universal en la Plataforma Nacional de Transparencia, el primer contrato de arrendamiento fue firmado en 2018 por el entonces Consejo de la Judicatura Federal y contempló pagos mensuales de más de 650 mil pesos, con una vigencia inicial que habría representado al menos 40 millones de pesos. La información importa porque involucra recursos públicos, contratos de renta del Poder Judicial y a un empresario mencionado en distintas investigaciones periodísticas; sin embargo, no está confirmado que el contrato haya derivado de tráfico de influencias ni que exista una investigación penal vigente por este arrendamiento.
El inmueble se ubica en Prolongación de Paseo Usumacinta número 1122, Complejo Urbanístico Tabasco 2000, colonia Atasta, en Villahermosa, donde fueron instalados los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Circuito del Poder Judicial de la Federación. Según el reporte de El Universal, el acuerdo fue realizado por el extinto Consejo de la Judicatura Federal, institución que antes de la reforma judicial tenía funciones administrativas dentro del Poder Judicial.
¿Cuánto pagó el Poder Judicial por la renta del edificio?
El contrato original fue firmado el 1 de mayo de 2018 en Villahermosa, Tabasco. El documento estableció una renta mensual de 650 mil pesos por un inmueble de 2 mil 265 metros cuadrados, distribuido en seis plantas y con 28 cajones de estacionamiento.
A esa cantidad se agregó una cuota de conservación y mantenimiento por 52 mil 570 pesos, lo que elevó el pago mensual a 702 mil 570 pesos.
Sin embargo, el contrato incluyó una condición inicial: durante los primeros tres meses no se cobraría la renta, debido a los trabajos de adaptación realizados por el Consejo de la Judicatura Federal.
De acuerdo con los cálculos presentados por El Universal, el Poder Judicial pagó a Olán Aparicio al menos:
- 6 millones 323 mil 138 pesos por los primeros nueve meses de arrendamiento previos al ajuste de renta.
- 34 millones 347 mil 288 pesos por los 48 meses posteriores, del 1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2023.
- En total, el monto estimado durante los primeros cinco años fue de 40 millones 670 mil 427 pesos.
La Plataforma Nacional de Transparencia, según el mismo reporte, muestra variaciones en los montos entregados durante esos años, con cifras que van de 48 millones 845 mil 550 pesos a 54 millones 803 mil 775 pesos.
¿Por qué aumentó la renta en 2019?
El contrato tuvo una modificación firmada el 30 de octubre de 2019 en la Ciudad de México. En ese documento se establece que, desde el 15 de febrero de 2019, Jorge Amílcar Olán Aparicio manifestó su intención de incrementar la renta mensual.
A partir del 1 de mayo de 2019, el pago mensual pasó a 715 mil 568 pesos, cantidad que ya incluía la cuota de mantenimiento.
Este cambio es relevante porque elevó el costo del arrendamiento durante la mayor parte de la vigencia inicial del contrato. La renta modificada aplicó durante 48 meses, hasta el cierre del periodo obligatorio previsto para el 30 de abril de 2023.
¿Quiénes firmaron el contrato por parte del Poder Judicial?
El contrato de 2018 fue firmado por funcionarios del entonces Consejo de la Judicatura Federal. De acuerdo con El Universal, los representantes fueron:
- Miguel Francisco González Canudas, Secretario Ejecutivo de Administración.
- Salvador Robles Cruz, Coordinador de Administración Regional.
- Alfredo Jesús Arriaga Uribe, Director General de Asuntos Jurídicos.
La modificación de 2019 fue avalada por Alejandro Ríos Camarena Rodríguez, entonces Secretario Ejecutivo de Administración. También participaron Rodrigo de Zulueta Rodrigo, Coordinador de Administración Regional del CJF, y Adrián Valdés Quirós, Director General de Asuntos Jurídicos.
El reporte también recuerda antecedentes sobre algunos de estos funcionarios. Ríos Camarena fue acusado en 2021 de presuntas irregularidades en contrataciones del CJF sin procedimientos de licitación y con sobrecostos de hasta 30%, aunque fue exonerado en 2022 por la Fiscalía General de la República por falta de pruebas.
En el caso de Rodrigo de Zulueta Rodrigo, El Universal señala que fue mencionado en una investigación de El País como parte de una presunta trama de lavado de dinero vinculada al abogado Víctor Manuel Álvarez Puga. Ese señalamiento debe leerse como antecedente periodístico y no como una sentencia judicial dentro de este caso.
¿El contrato terminó en 2023 o siguió vigente?
El contrato original y su modificación establecían una vigencia de cinco años, con fecha de término el 30 de abril de 2023. Sin embargo, el propio documento incluía una cláusula que permitía la continuidad del arrendamiento por tiempo indeterminado si el Consejo seguía usando el inmueble.
La cláusula señalaba que “si al término del plazo forzoso, ‘el consejo’ continúa en uso y goce del inmueble, el arrendamiento continuará por tiempo indeterminado”.
El Universal consultó al Órgano de Administración Judicial, institución que asumió algunas funciones administrativas tras la reforma judicial. La respuesta oficial fue que en mayo de 2023 se firmó un convenio modificatorio que extendió el arrendamiento hasta el 31 de marzo de 2025.
Después, el órgano informó que se firmó un nuevo contrato que finalizó el 31 de diciembre de 2025. Posteriormente, el 1 de enero de 2026, se suscribió un tercer contrato.
La institución no detalló si el monto mensual de la renta cambió en esos nuevos acuerdos.
¿Qué respondió el Órgano de Administración Judicial?
El Órgano de Administración Judicial informó a El Universal que la Administración Regional evalúa desde hace varios meses una posible reubicación de los tribunales.
La razón, según la respuesta oficial, es buscar mejores condiciones de arrendamiento por el mismo espacio o por uno mayor.
“No obstante, la Administración Regional evalúa desde hace varios meses la posible reubicación a fin de conseguir mejores condiciones de arrendamiento por el mismo o más espacio que el que actualmente se tiene”, detalló el órgano al diario.
Esta respuesta confirma que el arrendamiento continuó después de la vigencia inicial, pero deja una duda central: cuánto se paga actualmente por el inmueble y bajo qué condiciones económicas se firmó el contrato de 2026.
¿Quién es Amílcar Olán y por qué su nombre aparece en investigaciones periodísticas?
Jorge Amílcar Olán Aparicio es un empresario tabasqueño que ha sido mencionado en distintas investigaciones periodísticas por su cercanía con Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El portal Latinus ha señalado a Olán Aparicio como operador de una red de negocios a la que ha llamado “El Clan”. Según esos reportes, dicha red habría tenido relación con contratos y proyectos vinculados al Tren Maya, Pemex, la Sedena y la venta de medicamentos a gobiernos estatales de Morena.
Es importante precisar que esos señalamientos corresponden a investigaciones periodísticas. En la información presentada no se acredita una sentencia judicial contra Olán Aparicio por esos hechos.
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¿Qué otros negocios han sido relacionados con Amílcar Olán?
De acuerdo con Latinus, Olán Aparicio ingresó al sector inmobiliario mediante su empresa Aman Desarrollos, con el proyecto Cabo Paraíso, planteado como un desarrollo de 23 hectáreas con 404 casas residenciales, 70 departamentos y cuatro superficies comerciales, cerca de la Refinería de Dos Bocas.
También ha sido señalado como proveedor de balastro para la línea K del Tren Interoceánico, mediante un contrato por 47.6 millones de pesos. Esa obra, de acuerdo con los reportes citados, fue supervisada por Gonzalo López Beltrán durante el sexenio anterior.
En 2024, Latinus difundió audios en los que supuestamente Olán Aparicio habló sobre la entrega de frentes de explotación en minas de Oaxaca para extraer balastro. En uno de esos registros se escucha la frase: “Bobby me dijo que nos van a dar un frente en unas minas allá por Oaxaca, que nosotros las explotemos”.
Ese material forma parte de reportes periodísticos y debe mantenerse atribuido a la fuente que lo difundió.
¿Qué reveló Mexicanos Contra la Corrupción sobre Romedic?
En 2023, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó una investigación sobre la empresa Romedic, propiedad de Jorge Amílcar Olán Aparicio.
Según esa organización, Romedic recibió entre 2020 y 2022 contratos por más de 490 millones de pesos provenientes del extinto Instituto de Salud para el Bienestar, mediante gobiernos estatales de Quintana Roo y Tabasco.
La investigación también señaló que la empresa estaba relacionada con la distribución de medicamentos y material de curación, y que aparecía en una lista de distribuidores que no cumplían con regulación sanitaria.
Ese antecedente amplía el contexto sobre los negocios del empresario, pero no sustituye la información documental del contrato de renta con el Poder Judicial. Son temas distintos que coinciden en el nombre del beneficiario y en el uso de recursos públicos.
¿Qué se sabe y qué falta por aclarar?
Hasta ahora, la información documentada permite establecer que el Poder Judicial rentó un inmueble a Jorge Amílcar Olán Aparicio en Villahermosa, que el contrato inició en 2018 y que la renta mensual superó los 700 mil pesos tras incluir mantenimiento.
También se sabe que el arrendamiento continuó después de 2023 mediante nuevos acuerdos, según la respuesta del Órgano de Administración Judicial.
Lo que no está claro es:
- Cuánto paga actualmente el Poder Judicial por ese inmueble.
- Si hubo una reducción, aumento o renegociación del monto mensual.
- Qué criterios se usaron para mantener el arrendamiento después de 2023.
- Si existieron comparativos con otros inmuebles disponibles en Villahermosa.
- Si alguna autoridad revisa el contrato bajo criterios de conflicto de interés o uso eficiente de recursos públicos.
¿Por qué este caso importa para el uso de recursos públicos?
El caso importa porque combina tres elementos: un contrato público, un empresario mencionado en investigaciones sobre presunto tráfico de influencias y una institución judicial que ha atravesado cambios administrativos tras la reforma judicial.
Para la ciudadanía, la pregunta central no es solo cuánto se pagó, sino si el arrendamiento ofreció las mejores condiciones para el servicio público. En contratos de renta de oficinas públicas, la transparencia debe permitir conocer el costo, el espacio utilizado, la vigencia, las modificaciones y los criterios para renovar o cambiar de sede.
El Órgano de Administración Judicial ya informó que evalúa una posible reubicación para conseguir mejores condiciones.
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