El pleno del Senado de la República aprobó el dictamen para reformar la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fue avalado en lo general y en lo particular, respecto de los artículos no reservados, con un total de 67 votos a favor, 30 en contra y ninguna abstención.

Este dictamen, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, fue propuesto por la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo. La propuesta fue discutida en comisiones durante la mañana previa a su aprobación en el pleno, donde obtuvo el respaldo mayoritario del bloque legislativo morenista.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, destacó que la reforma establece cambios significativos en el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En particular, el proyecto de decreto contempla que para avalar asuntos que requieran mayoría calificada en la SCJN será necesario contar con al menos seis votos de los ministros.

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¿Qué modificaciones incluye la reforma a la Ley de Amparo?

Entre las modificaciones más relevantes de la reforma a la Ley de Amparo se encuentra la reducción de los integrantes de la SCJN a nueve ministros.

Además, se introduce un rediseño estructural más eficiente de los órganos del Poder Judicial, entre los que se incluye la SCJN, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el anterior Consejo de la Judicatura Federal, que ahora será denominado como Órgano de Administración Judicial y la creación del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

Asimismo, en los artículos transitorios de la reforma se establece que, hasta el 1 de septiembre de 2025, fecha en que las nuevas ministras y ministros electos tomen protesta ante el Senado, la SCJN continuará rigiéndose por las reglas de votación contenidas en la Ley de Amparo vigente antes de esta reforma.

Otra de las adecuaciones importantes incluidas en la reforma es la actualización de la terminología utilizada en las disposiciones normativas. Esto incluye el uso de lenguaje incluyente y la adaptación de denominaciones como “Ciudad de México” (antes Distrito Federal) y “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares” (antes Código Federal).