Noroña dice tener 86 votos para aprobar reforma al Poder Judicial mientras Miguel Ángel Yunes está “desaparecido”
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que Morena y sus aliados ya cuentan con 86 votos para aprobar la reforma constitucional al Poder Judicial.
CIUDAD DE MÉXICO.-Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, anunció que el bloque de Morena y sus aliados ha asegurado 86 votos, suficientes para aprobar la reforma constitucional al Poder Judicial. Esta reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, propone cambios estructurales en el sistema judicial de México, incluido el mecanismo de elección de ministros, magistrados y jueces mediante voto popular.
El contexto del debate
Fernández Noroña explicó que, según su rol como presidente del Senado, le corresponde informar si se ha alcanzado la mayoría calificada para la reforma. De acuerdo con su interpretación, se necesitan 85 votos de los 128 senadores totales para obtener dicha mayoría en una sesión con quórum completo. Sin embargo, destacó que ya cuentan con 86 votos, lo que elimina cualquier margen de error o tensión sobre el resultado.
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El senador también hizo referencia a precedentes, como una comunicación oficial de 2020 de la Cámara de Senadores, que establecía la necesidad de 85 senadores para lograr la mayoría calificada. Igualmente, recordó un video de Ricardo Monreal, del 14 de septiembre de 2022, donde mencionaba la dificultad de alcanzar los 85 votos para una reforma constitucional.
Noroña añadió que el Senado ha sido omiso en resolver una controversia sobre si la mayoría calificada se logra con 85 o 86 votos en el caso de que todos los senadores estén presentes. Ante este vacío, propuso que el Senado debería aclarar este criterio de manera definitiva para evitar futuras discusiones.
La ausencia de Yunes Márquez y su importancia
Mientras tanto, la oposición enfrenta una situación delicada, ya que el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, de Veracruz, ha desaparecido en momentos críticos para la votación. Su voto es clave para la bancada del PAN, y su ausencia o cambio de postura podría permitir que Morena y sus aliados logren la mayoría calificada sin problemas.
Yunes Márquez, quien ha ocupado varios cargos importantes en Veracruz, incluyendo la alcaldía de Boca del Río, ha sido objeto de acusaciones de corrupción por parte del presidente López Obrador, lo que aumenta la tensión en torno a su papel en la votación. La coordinadora del PAN en el Senado, Guadalupe Murguía, pidió públicamente a Yunes que ratifique su compromiso de votar en contra de la reforma.
Los ejes de la reforma al Poder Judicial
La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente López Obrador busca cambios en la estructura y funcionamiento del sistema judicial. Entre los aspectos más destacados se encuentran:
- Elección popular de jueces y magistrados: La reforma propone que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces sean elegidos mediante voto popular, lo que daría legitimidad democrática a quienes imparten justicia. Esta elección sería organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y se celebraría por primera vez en 2025.
- Reforma al Consejo de la Judicatura Federal: Se sustituiría por dos órganos autónomos: el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de investigar y sancionar a miembros del Poder Judicial, y el Órgano de Administración Judicial, que manejaría funciones administrativas y de control interno.
- Reducción del número de ministros en la SCJN: La Corte pasaría de 11 a 9 integrantes, con un periodo de encargo reducido de 15 a 12 años. Además, se eliminaría la pensión vitalicia para ministros y sus salarios se ajustarían al tope establecido para la Presidencia de la República.
- Plazos para la resolución de asuntos judiciales: Se establecen plazos máximos de 6 meses para asuntos fiscales y de 1 año para casos penales. El incumplimiento de estos plazos podría derivar en sanciones.
- Eliminación de fideicomisos: Los fideicomisos del Poder Judicial serían reintegrados al Fondo de Pensiones para el Bienestar una vez concluidos los juicios pendientes, garantizando los derechos y prestaciones de los trabajadores.
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