Una mujer presuntamente retiró más de 90 mil pesos de cuentas del ISSEG usando sistemas y huellas de derechohabientes antes de ser vinculada a proceso, mientras un acuerdo reparatorio permitió encaminar el resarcimiento del daño

Una mujer, identificada como Miroslava N., fue vinculada a proceso en Guanajuato luego de una investigación iniciada por el presunto retiro de más de 90 mil pesos de cuentas de ahorro voluntario administradas por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG).

Según información de Periódico Correo, la investigación comenzó después de que un derechohabiente detectó un retiro no reconocido y solicitó que se revisara el movimiento registrado en su cuenta. La denuncia fue presentada por la representación legal del Instituto.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que identificó presuntamente a una empleada de mostrador como responsable de diversas operaciones que presentaban características similares.

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¿Cómo habrían ocurrido los retiros?

De acuerdo con la investigación, la mujer habría utilizado de manera indebida sistemas informáticos y un lector biométrico de huellas digitales empleados por el ISSEG para realizar disposiciones de recursos sin autorización de los titulares de las cuentas.

Las diligencias ministeriales incluyeron el análisis de videograbaciones y la revisión de las operaciones realizadas por la imputada.

Estos elementos permitieron identificar diversos movimientos que, según la Fiscalía, presentaban características similares.

El monto acumulado de las disposiciones investigadas superó los 90 mil pesos, correspondientes a recursos administrados por el Instituto.

¿Qué delito se le atribuye?

Durante una audiencia, un Juez de Control resolvió vincular a proceso a Miroslava N. por su probable participación en el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

La autoridad judicial consideró que existían datos de prueba suficientes para establecer, en esta etapa del procedimiento, su probable intervención en hechos relacionados con el uso indebido de información y sistemas a los que tenía acceso debido a sus funciones.

La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria. El procedimiento continúa bajo las condiciones establecidas por la autoridad judicial.

¿Qué ocurrió con el dinero?

La investigación también contempló el posible daño patrimonial derivado de los retiros.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, los hechos fueron investigados bajo el supuesto de robo calificado cometido por empleado, debido a que los recursos involucrados eran administrados por el ISSEG.

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La institución, según la información proporcionada en la investigación, reintegró las cantidades afectadas a las cuentas de los derechohabientes.

De esta manera, el perjuicio económico para los titulares de las cuentas fue atendido mediante la restitución de los recursos.

¿Qué decidió el juez durante la audiencia?

Durante la misma audiencia, la defensa solicitó la suspensión condicional del proceso, mecanismo que fue autorizado por el Juez de Control durante un periodo de seis meses.

Como parte de las condiciones impuestas, la imputada deberá acudir a firma periódica una vez al mes ante la Unidad de Medidas Cautelares, conocida como UMECA.

Estas medidas forman parte de las condiciones establecidas para mantener vigente la suspensión condicional del proceso.

¿Qué es un acuerdo reparatorio?

Debido a que se trata de un delito patrimonial susceptible de mecanismos alternativos de solución de controversias, el órgano jurisdiccional ordenó canalizar el asunto al área de mediación en sede ministerial.

En ese espacio, las partes llegaron a un acuerdo reparatorio destinado a resarcir el perjuicio económico ocasionado.

Este mecanismo permite establecer condiciones para reparar el daño dentro de los supuestos previstos por la legislación aplicable, sin que ello implique por sí mismo una declaración de culpabilidad.

En este caso, el acuerdo se relaciona con la restitución del perjuicio económico derivado de las operaciones investigadas.

¿Qué elementos fueron clave en la investigación?

La investigación se apoyó en distintos elementos para establecer la probable participación de la ex empleada.

Entre ellos se encuentran:

• La denuncia presentada después de detectar un retiro no reconocido.
• La revisión de operaciones financieras realizadas desde cuentas de ahorro voluntario.
• El análisis de videograbaciones.
• La revisión del uso de sistemas informáticos institucionales.
• El empleo del lector biométrico de huellas.
• La identificación de movimientos con características similares.

Estos elementos fueron presentados durante el procedimiento judicial y sirvieron como parte de los datos de prueba considerados para resolver la vinculación a proceso.

¿Qué sigue en el proceso?

El caso continuará bajo las condiciones establecidas por el Juez de Control, mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.

La imputada permanecerá sujeta a las obligaciones derivadas de la suspensión condicional del proceso, entre ellas la firma mensual ante UMECA durante el periodo fijado.

Paralelamente, el acuerdo reparatorio establece la vía para atender el daño económico relacionado con los hechos investigados.

La investigación y el proceso deberán determinar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho, manteniendo vigente el principio de presunción de inocencia mientras no exista una resolución definitiva.

Un caso relacionado con el uso de sistemas institucionales

El caso pone en el centro la importancia de los controles sobre cuentas de ahorro, sistemas informáticos y datos biométricos utilizados por instituciones públicas.

En este expediente, la investigación se originó a partir de un movimiento que el titular de una cuenta no reconoció y posteriormente se extendió a la revisión de otras operaciones.

La Fiscalía atribuye a la ex empleada el uso indebido de herramientas institucionales para realizar disposiciones de recursos, mientras que la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para continuar el proceso por el delito señalado.

El procedimiento seguirá su curso conforme a las condiciones fijadas por la autoridad judicial y al mecanismo de reparación acordado entre las partes.