Demandan a la jefa de policía de Miami-Dade por contratar a un bufete privado que puede cobrar hasta 35% del valor de los bienes confiscados, un acuerdo que empresas afectadas consideran un incentivo para realizar más decomisos
El acuerdo contempla comisiones para un despacho privado que representa a la oficina del sheriff en procesos de confiscación. La disputa involucra más de 45 millones de dólares incautados y otros 2 mil 468 millones que las autoridades buscan decomisar
La sheriff de Miami-Dade, Rosanna Cordero-Stutz, enfrenta una disputa judicial por un contrato que permite a un despacho privado recibir una parte del dinero y los bienes que las autoridades logren recuperar mediante procedimientos de decomiso civil. El acuerdo está bajo cuestionamiento porque sus críticos consideran que vincula las ganancias de los abogados con el valor de las propiedades que consigue confiscar la policía.
Según información de N+ Univision, el contrato fue firmado con Reyes Law Firm, un bufete ubicado en Coral Gables, Florida, que representa a la oficina del sheriff en estos procedimientos. Sus honorarios pueden alcanzar el 35% del primer millón de dólares recuperado cuando los propietarios impugnan formalmente la confiscación, además de un porcentaje adicional en determinadas etapas del litigio.
La controversia involucra a varias empresas distribuidoras y comerciantes de teléfonos celulares que buscan frenar los procedimientos de decomiso y cuestionan la participación del despacho privado. Los demandantes sostienen que el esquema puede generar un conflicto de interés porque los ingresos del bufete dependen del resultado económico de los casos.
¿Cuánto dinero podría recibir el bufete privado?
El contrato establece un sistema de honorarios por contingencia. Esto significa que el despacho cobra una comisión si la oficina del sheriff consigue recuperar los bienes o el dinero mediante una sentencia definitiva o un acuerdo.
Los porcentajes varían dependiendo de si los propietarios presentan una impugnación formal:
- Antes de una impugnación: el bufete puede recibir 30% del primer millón de dólares recuperado, 25% del monto entre uno y dos millones y 20% de las cantidades superiores.
- Después de una impugnación formal: la comisión por el primer millón aumenta a 35%, mientras que los porcentajes de los siguientes tramos se mantienen en 25% y 20%.
- En apelaciones o acciones posteriores: el contrato contempla un 5% adicional sobre la recuperación.
El acuerdo fue firmado el 30 de junio de 2025 y establece que Reyes Law Firm no cobra esos honorarios si no consigue una recuperación. Sin embargo, la oficina del sheriff sí debe cubrir los costos y gastos relacionados con los procedimientos, incluso cuando no obtiene los bienes reclamados.
La disputa involucra más de 2 mil 500 millones de dólares
De acuerdo con los documentos judiciales citados por Univision, las autoridades ya incautaron más de 45 millones de dólares relacionados con los procedimientos contra las empresas. Además, la oficina del sheriff busca decomisar otros 2 mil 468 millones de dólares, que considera que fueron transferidos a terceras personas o compañías y también podrían estar sujetos a confiscación.
Las empresas calculan que el bufete podría recibir entre 9 y 13 millones de dólares por los fondos ya incautados. Si las autoridades consiguieran recuperar también los otros activos reclamados, los honorarios podrían alcanzar hasta 500 millones de dólares, según las estimaciones presentadas por los propios demandantes.
Estas cifras son proyecciones de las compañías y no representan dinero que Reyes Law Firm ya haya cobrado. Tampoco significa que los 2 mil 468 millones de dólares hayan sido confiscados: se trata de recursos cuya recuperación todavía está en disputa.
¿Qué empresas cuestionan el contrato?
Entre las compañías que participan en el procedimiento se encuentran SH Americas LLC, HM Distributors, Future Smart Distribution, Tecnotropolis, Best Mobile y Tetris, además de varios empresarios.
Las empresas sostienen que el contrato proporciona al bufete un incentivo económico para promover más procedimientos de decomiso, buscar bienes de mayor valor y oponerse a acuerdos que podrían permitir la devolución de propiedades o recursos.
Según información publicada por The Miami Herald, la investigación de las autoridades está relacionada con una presunta red criminal que habría utilizado empresas distribuidoras de electrónicos para lavar dinero procedente del narcotráfico. La oficina del sheriff atribuye a esa red vínculos con dos ciudadanos chinos identificados en los documentos del caso.
Sin embargo, el medio estadounidense reportó que ninguna de las empresas distribuidoras involucradas había sido acusada penalmente por esos hechos. Por ello, las acusaciones relacionadas con el presunto esquema criminal deben distinguirse de los cuestionamientos legales que las compañías plantean contra el contrato.
¿Qué dice la sheriff y en qué etapa está el caso?
La defensa de Cordero-Stutz sostiene que el acuerdo es válido porque la oficina del sheriff conserva la supervisión de los procedimientos y mantiene la facultad de decidir qué casos avanzar y qué acuerdos aceptar. También argumenta que las empresas no tienen legitimación para cuestionar el contrato entre la autoridad y sus abogados.
El 26 de mayo de 2026, la jueza de circuito Ariana Fajardo Orshan rechazó la solicitud de las compañías para desestimar los procedimientos de decomiso o separar al bufete de la representación legal. Las empresas apelaron esa decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida.
El 16 de octubre, la oficina del sheriff solicitó que se desestimaran ocho recursos de apelación presentados por las partes inconformes. La defensa argumentó que la resolución de primera instancia no era definitiva y que las empresas no tenían derecho a exigir que se apartara al abogado contratado por la autoridad.
El 6 de noviembre, los magistrados concedieron a las compañías una prórroga hasta el 9 de noviembre para responder a la solicitud de la sheriff. Al 8 de noviembre, la disputa seguía en revisión y no se había informado de una resolución definitiva sobre la legalidad del contrato.
¿Qué son los decomisos civiles y por qué generan controversia?
Los decomisos civiles son procedimientos legales mediante los cuales las autoridades buscan quedarse con bienes o dinero que consideran relacionados con actividades delictivas. A diferencia de un proceso penal contra una persona, el procedimiento se dirige contra los bienes y puede avanzar por una vía judicial civil.
En Florida, la Ley de Decomiso de Bienes de Contrabando establece las reglas para estos procesos. La legislación contempla que las autoridades deben justificar la confiscación ante los tribunales y que los propietarios pueden impugnarla.
El debate en Miami-Dade se centra en quién debe representar al gobierno en esos procedimientos y bajo qué condiciones puede recibir un pago. Las empresas y organizaciones que cuestionan el contrato consideran que pagar a un abogado privado con base en el valor de los bienes recuperados puede afectar la imparcialidad del proceso.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Goldwater Institute y asociaciones de abogados defensores también presentaron escritos ante el tribunal para expresar su oposición al esquema de honorarios por contingencia.
El resultado de la apelación podría tener consecuencias más allá de este caso, pues pondría a prueba si una autoridad puede contratar a un despacho privado bajo un modelo de comisiones vinculadas con los bienes que busca decomisar.
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