«La historia juzgará este momento», responde la Corte Penal Internacional a las sanciones de Estados Unidos, mientras varios países se unen para defender la independencia de la institución
Washington impuso restricciones contra el tribunal con sede en La Haya y sostiene que busca proteger su soberanía; la Unión Europea, Canadá, Japón y varios países europeos expresaron su respaldo a la continuidad de sus funciones
La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó las sanciones que el gobierno de Estados Unidos impuso contra la institución y advirtió que estas medidas ponen en riesgo el trabajo de un tribunal encargado de investigar los crímenes más graves de alcance internacional.
En un comunicado difundido este viernes, la Corte sostuvo que las restricciones representan un ataque al Estado de derecho y a los principios que sustentan el orden jurídico internacional, según información de La Jornada. También cuestionó que se pretenda limitar sus funciones, pues su mandato parte del principio de que ninguna persona está por encima de la ley.
La institución resumió su postura con una advertencia: «La historia juzgará este momento». Además, señaló que las nuevas sanciones se suman a las medidas que Washington había aplicado contra 13 jueces y fiscales independientes vinculados con el tribunal.
La CPI indicó que no puede afrontar esta situación sin el apoyo de los Estados que participaron en su creación. El funcionamiento de la institución, explicó, también depende del compromiso de los países que asumieron obligaciones en virtud del Estatuto de Roma, el tratado que establece su marco jurídico.
La Corte acusó a Estados Unidos de intentar obstaculizar sus actividades e intimidar tanto a su personal como a quienes colaboran con ella. Pese a ello, aseguró que mantendrá el cumplimiento de su mandato y no cederá ante las presiones.
La Unión Europea y otros países respaldan al tribunal
La decisión de Washington generó una respuesta de la Unión Europea (UE), que calificó de profundamente lamentable el anuncio de sanciones contra la CPI.
La Comisión Europea expresó su disposición a adoptar las medidas necesarias para que el tribunal pueda continuar con sus actividades. Su postura coincide con la de Canadá, Japón y varios países europeos, cuyos representantes diplomáticos manifestaron su unidad en defensa de la independencia, imparcialidad e integridad de la institución.
Entre los países que expresaron su respaldo se encuentran Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Dinamarca y Países Bajos.
El pronunciamiento europeo adquiere relevancia ante la posibilidad de que las restricciones estadounidenses afecten las operaciones financieras de la Corte. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que las sanciones buscan cortar sus recursos y limitar su capacidad de operar. También anunció la prohibición de realizar transacciones con la institución.
La Comisión Europea no había precisado si recurriría al denominado mecanismo de bloqueo, una herramienta diseñada para proteger a personas y empresas europeas de los efectos de determinadas sanciones extraterritoriales impuestas por terceros países.
Si se aplicara a este caso, el mecanismo podría impedir que empresas europeas, incluidos bancos, cumplieran las restricciones estadounidenses y ayudaría a reducir algunos de sus efectos.
¿Por qué Estados Unidos sancionó a la Corte Penal Internacional?
El Departamento de Estado justificó las medidas al afirmar que Washington busca defender la soberanía estadounidense y proteger a sus ciudadanos de lo que considera una amenaza de la CPI.
La administración estadounidense cuestiona la actuación del tribunal en asuntos que involucran a su país y a sus aliados. Rubio ha acusado a la institución de actuar de manera deshonesta y de exceder su autoridad al intentar investigar o detener a funcionarios de países que, según el gobierno estadounidense, no están bajo su jurisdicción.
Las nuevas sanciones se producen después de otras acciones contra integrantes de la Corte. En agosto, Estados Unidos incorporó a su lista de personas especialmente designadas y bloqueadas a la jueza japonesa Tomoko Akane, presidenta de la CPI, y al senegalés Abdoulaye Seye, candidato a magistrado del tribunal.
En febrero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer sanciones a la institución por actuaciones relacionadas con Washington y sus aliados, incluido Israel. Entre las medidas previstas se encontraban el congelamiento de bienes y activos, así como restricciones de entrada a Estados Unidos para integrantes de la Corte y sus familiares.
Trump pidió abandonar la CPI ante la ONU
La confrontación también se manifestó en el ámbito diplomático. Durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el pasado 22 de septiembre, Trump instó a los países a abandonar la Corte Penal Internacional, a la que calificó de institución deshonesta.
Washington incorporó ahora al propio tribunal a su lista de entidades sancionadas. La decisión amplía las medidas que previamente se habían dirigido contra personas vinculadas con la institución y plantea nuevos desafíos para su operación.
La CPI comenzó a funcionar en 2003 y fue creada para juzgar a personas acusadas de cometer crímenes de especial gravedad cuando se cumplen las condiciones de competencia del tribunal. Su establecimiento sucedió a tribunales internacionales ad hoc creados durante la década de 1990 para abordar crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda.
En medio de las nuevas restricciones, la Corte sostiene que la cooperación de los Estados será determinante para mantener su trabajo. La Unión Europea y otros países ya expresaron su respaldo, mientras permanece abierta la discusión sobre las medidas que podrían adoptar para proteger las actividades de la institución.
Sigue nuestro canal de WhatsApp
Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí
Te recomendamos
Un sitio de 
Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados