El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU dio una amplia discreción a los agentes migratorios para rechazar solicitudes de “green card” basándose en asistencia médica y alimentaria, por lo que muchos migrantes decidieron renunciar a programas de ayuda pública por temor a que afecte sus trámites de residencia permanente

El viernes 18 de septiembre de 2026 entró oficialmente en vigor en Estados Unidos una de las normativas migratorias más restrictivas de los últimos años. Respaldada por directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la nueva regla de “carga pública” está transformando radicalmente la forma en que los oficiales de inmigración evalúan a quienes aspiran a obtener la residencia permanente legal o green card.

Al tomar en cuenta el uso de programas de asistencia pública no monetaria —como Medicaid y cupones de alimentos—, la medida ha desencadenado una fuerte controversia política y una inmediata batalla en los tribunales federales impulsada por una coalición de más de 20 estados.

¿Cómo transforma la nueva política los criterios de la green card?

Durante décadas, el concepto histórico de carga pública aplicado por las autoridades federales se limitaba casi exclusivamente a evaluar si una persona dependía de asistencia económica directa en efectivo (como el bienestar social) o de servicios institucionales de atención prolongada. Sin embargo, la directriz actual implementada por la administración de Donald Trump amplió drásticamente este panorama.

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Bajo el nuevo esquema, los agentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) examinan la “totalidad de las circunstancias” del solicitante. Esto incluye factores determinantes como:

• La edad y el estado general de salud.
• El nivel de ingresos, recursos financieros y bienes.
• El dominio del idioma inglés y el nivel educativo.
• El historial laboral y las perspectivas de empleo.
• El uso previo o actual de beneficios sujetos a verificación de recursos, incluidos programas de nutrición y asistencia médica.

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El impacto financiero y la polémica detrás de la nueva regla de green card

La amplitud de la norma ha generado profunda preocupación entre organizaciones de derechos civiles y administraciones locales. De acuerdo con las propias estimaciones del DHS, aproximadamente 950 mil personas —e incluso cifras proyectadas de hasta 1.3 millones según analistas económicos— podrían optar por darse de baja o evitar inscribirse en programas de asistencia social a los que tienen derecho legal, por el miedo infundado o real de perjudicar su futuro migratorio.

Los críticos argumentan que esta política castiga de forma indirecta a familias mixtas, donde padres inmigrantes con hijos que son ciudadanos estadounidenses deciden prescindir de apoyos alimentarios o médicos esenciales.

Por su parte, los defensores de la medida sostienen que el cambio es indispensable para garantizar que los nuevos residentes sean completamente autosuficientes y no representen una carga para los contribuyentes estadounidenses.

Demandas y excepciones en la vía legal

Ante la inminente aplicación de la normativa, una coalición liderada por fiscales generales estatales y alcaldías de importantes ciudades interpuso demandas formales en tribunales federales para bloquear la medida, catalogándola como una estrategia “catastrófica” que fractura la red de seguridad social.

Los demandantes argumentan que la regla provocará pérdidas millonarias en fondos federales para los gobiernos locales y agravará problemas de salud pública.

No obstante, es importante señalar que la ley federal contempla exenciones claras para determinados grupos que no están sujetos a la prueba de carga pública, entre los que destacan:

• Personas con estatus de refugiados o asilados.
• Beneficiarios de Visas U y T (víctimas de ciertos delitos o trata de personas).
• Autopeticionarios bajo la ley de violencia contra la mujer (VAWA).
• Ciertos jóvenes inmigrantes especiales y categorías humanitarias específicas.

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¿Cómo impacta a las familias migrantes la nueva norma de Trump y qué recomendaciones pueden seguir?

Para los solicitantes que sí se encuentran bajo el alcance de la regla, el escenario exige cautela y una preparación financiera rigurosa.

Expertos en derecho migratorio sugieren tomar en cuenta los siguientes pasos prácticos:

• Evite decisiones precipitadas: No cancele ni renuncie de inmediato a los beneficios públicos de su familia sin antes consultar el impacto real con un abogado de inmigración calificado o una organización legal sin fines de lucro.
• Verifique su fecha de presentación: Los trámites y beneficios evaluados varían según el momento en que se haya presentado formalmente la solicitud ante las autoridades.
• Fortalezca su autosuficiencia financiera: Documente de manera exhaustiva sus ingresos laborales, contratos de trabajo formales y activos de ahorro que superen con margen los lineamientos federales de pobreza.
• Prepare un patrocinio sólido: Asegúrese de contar con una declaración jurada de patrocinio económico (Formulario I-864) robusta, respaldada por un coauspiciador si fuese necesario para demostrar estabilidad económica a largo plazo.

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Un panorama incierto frente a la estabilidad familiar

Mientras los tribunales deciden el futuro judicial de la normativa y las audiencias continúan su curso, las comunidades migrantes enfrentan el reto de navegar un entorno de trámites cada vez más complejo.

El equilibrio entre los requisitos de autosuficiencia que exige el gobierno federal y el acceso a los derechos básicos de subsistencia marcará una etapa decisiva para la política migratoria estadounidense en los próximos meses.