FGR investiga presunta red que habría simulado litigios laborales para extorsionar a grandes empresas
La Fiscalía General de la República atrajo una investigación iniciada en Ciudad de México contra abogados señalados por presuntamente fabricar relaciones laborales, presentar documentos apócrifos y utilizar embargos como mecanismo de presión para obtener acuerdos millonarios. El caso de Grupo Herdez es uno de los expedientes bajo investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga una presunta red de abogados que habría utilizado litigios laborales simulados para obtener resoluciones judiciales contra grandes empresas y posteriormente presionarlas para alcanzar acuerdos económicos millonarios bajo la amenaza de embargar sus cuentas bancarias.
La investigación, que originalmente estaba a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por el posible delito de fraude procesal, fue atraída por la FGR.
De acuerdo con la carpeta de investigación y con declaraciones incorporadas al expediente, el mecanismo habría consistido en presentar demandas sustentadas en documentos presuntamente falsificados o alterados, con los que se construían historiales profesionales inexistentes para hacer pasar a determinadas personas como antiguos empleados de compañías de alto perfil.
Las demandas podían incluir cargos directivos, salarios elevados y prestaciones que supuestamente nunca habían sido pagadas.
El objetivo, según los señalamientos que forman parte de la investigación, era obtener resoluciones favorables que posteriormente permitieran utilizar embargos precautorios o aseguramientos de cuentas como herramienta de presión para negociar pagos extrajudiciales.
¿Cómo habría operado el supuesto mecanismo?
Según la investigación, primero se habría identificado a una persona que pudiera aparecer formalmente como trabajador o extrabajador de una empresa.
Posteriormente, se habría construido una demanda laboral con datos sobre un supuesto puesto, salario, antigüedad y prestaciones.
El punto central de la acusación es que la relación laboral no habría existido en los términos planteados en las demandas.
Una vez iniciado el procedimiento, la empresa debía defenderse de un litigio que podía terminar en un laudo condenatorio. Si la resolución permitía ejecutar un embargo, los representantes de la compañía quedaban expuestos a la inmovilización de recursos, propiedades o cuentas bancarias.
La hipótesis de la Fiscalía es que ese escenario habría sido utilizado para presionar a las empresas a entregar cantidades millonarias fuera de los tribunales, a cambio de detener o no continuar con determinadas acciones de ejecución.
La investigación deberá determinar si este patrón realmente existió, quiénes participaron y en cuántos casos habría sido utilizado.
El caso de Grupo Herdez
Uno de los expedientes que forman parte de la investigación se remonta a 2007, cuando Grupo Herdez fue demandado por el despacho Cavazos Flores, propiedad de Humberto Cavazos Chena, en representación de Alfredo Jorge Colín Huerta.
Colín Huerta se presentó como supuesto extrabajador y afirmó haber sido despedido injustificadamente.
La demanda no se dirigió únicamente contra Herdez. También incluyó a otras empresas de alto perfil, entre ellas Grupo Modelo, Compañía Mexicana de Aviación, Barcel y Jugos del Valle, además de otras compañías.
La acusación sostiene que Colín Huerta habría afirmado haber ocupado simultáneamente cargos de alta responsabilidad en distintas empresas.
Según la declaración de Irene “L”, una abogada que trabajaba en el despacho Cavazos Flores y que actualmente es la única persona vinculada a proceso dentro del caso, Humberto Cavazos Chena habría diseñado personalmente la estrategia jurídica.
La abogada declaró ante el Ministerio Público el 11 de septiembre de 2025, mientras se encontraba en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.
Según su testimonio, Colín Huerta le habría confesado que en realidad nunca trabajó para las empresas demandadas y que su ocupación había sido la de chofer.
Irene “L” afirmó que expresó en varias ocasiones a su superior su preocupación por participar en lo que consideraba un procedimiento fraudulento, pero continuó trabajando en el expediente por temor a perder su empleo.
“Me limité a seguir instrucciones por miedo a perder mi trabajo”, declaró la abogada.
Estos señalamientos forman parte de una declaración ministerial y deberán ser corroborados por la investigación de la Fiscalía.
¿Qué reclamaba el supuesto trabajador?
En la demanda presentada contra las empresas, Colín Huerta sostuvo que había comenzado a trabajar el 26 de agosto de 2002 y que recibía un salario mensual de 90 mil pesos, además de prestaciones.
Afirmó que había desempeñado funciones como director general y reclamó, entre otras prestaciones:
- Reinstalación laboral.
- Salarios caídos.
- Indemnización.
- Prima vacacional.
- Aguinaldo.
- Otras prestaciones laborales.
- Inscripción ante el IMSS, Infonavit y SAR.
También aseguró que nunca había disfrutado vacaciones ni recibido la prima vacacional correspondiente.
La mayoría de las empresas demandadas logró ser absuelta de las prestaciones reclamadas. Una de ellas, Business Anti-Smuggling Coalition, AC, fue condenada inicialmente al pago de 51 mil pesos.
Sin embargo, el litigio contra Grupo Herdez tendría nuevas etapas.
La reposición del juicio y un nuevo testimonio
Mediante un amparo identificado con el expediente 23/2012, el despacho de Cavazos consiguió que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo ordenara reponer parte del procedimiento.
El tribunal determinó que existieron irregularidades procesales relacionadas con la notificación a algunas subsidiarias de Grupo Herdez, por lo que el demandante debía tener oportunidad de proporcionar nuevos domicilios para emplazarlas.
Con la reposición del procedimiento, la parte demandante presentó nuevos elementos para intentar acreditar la relación laboral.
Según la declaración de Irene “L”, en 2014 se modificó la versión inicial para presentar a Colín Huerta como supuesto asesor de Grupo Herdez y sus subsidiarias.
Para reforzar esa versión apareció el testimonio de Emilio Mahuad Gantuso, quien sí había trabajado para Grupo Herdez.
La abogada sostuvo que Mahuad proporcionó información que posteriormente habría sido utilizada para describir las funciones que supuestamente había desempeñado Colín Huerta.
Según su declaración, Mahuad posteriormente afirmó durante el procedimiento que Colín Huerta había sido su jefe.
Ese testimonio fue utilizado para respaldar la existencia de una relación laboral y contribuyó al posterior laudo contra Grupo Herdez.
¿Qué papel habría tenido el despacho Oléa & Bonilla?
Otro de los elementos señalados en la declaración de Irene “L” es la presunta participación de integrantes del despacho Oléa & Bonilla.
La abogada sostuvo que Cavazos Chena le habría dicho que contaba con el respaldo de ese despacho y que incluso se creó un grupo de WhatsApp para intercambiar información sobre las personas involucradas en el litigio.
Irene “L” mencionó específicamente al abogado Xavier Oléa Truehart.
Según su declaración, durante las conversaciones habría conocido información sobre supuestas carpetas de investigación relacionadas con Colín Huerta, Mahuad y Cavazos.
La abogada interpretó esa información como indicio de una posible coordinación entre los involucrados.
Estas afirmaciones forman parte de su testimonio y no equivalen a una resolución judicial que haya establecido responsabilidad penal de los abogados mencionados.
El embargo que afectó a Grupo Herdez
El abogado general de Grupo Herdez, Enrique González Casanova, señaló que el laudo laboral terminó teniendo consecuencias financieras y operativas graves para la compañía.
Según su relato, la resolución permitió embargar las oficinas centrales de la empresa, una planta productiva y una cuenta fiscalizadora que tenía más de 650 millones de pesos.
González Casanova aseguró que posteriormente la compañía consiguió recuperar esos bienes y recursos.
“Ya todo se recuperó, pero esto es un fraude delicadísimo que sí le generó en su momento un daño muy grave a la empresa”, afirmó.
La investigación ahora busca establecer cómo se llegó a ese escenario y si los mecanismos utilizados formaron parte de una estrategia deliberada para obtener un beneficio económico.
Los 20 millones de pesos que presuntamente exigieron
Uno de los episodios centrales de la investigación ocurrió después del laudo.
De acuerdo con Irene “L”, Humberto Cavazos Chena le habría ordenado acudir junto con otros abogados a las instalaciones de Grupo Herdez para reunirse con antiguos representantes legales de la compañía.
La abogada afirmó que durante esa reunión se exigió el pago de 20 millones de pesos en efectivo a cambio de evitar nuevos embargos sobre las cuentas de la empresa.
Según su declaración, al no cumplirse la exigencia, recibió instrucciones para realizar las gestiones necesarias para embargar cuentas del grupo.
La existencia y alcance de esa exigencia forman parte de los elementos que deberán ser corroborados por la investigación ministerial.
¿Quiénes han sido vinculados al proceso?
Hasta el momento, Irene “L” es la única persona vinculada a proceso dentro del caso, de acuerdo con la información proporcionada en el reportaje.
La abogada fue detenida y enfrenta una investigación por fraude procesal.
En su declaración, afirmó que Emilio Mahuad habría salido de México y que Humberto Cavazos le habría advertido que no regresara al país.
El paradero de Alfredo Jorge Colín Huerta tampoco fue precisado en su testimonio.
La Fiscalía deberá determinar el grado de participación que habría tenido cada una de las personas mencionadas y si existen elementos suficientes para ejercer nuevas acciones penales.
También investigan a antiguos abogados de Herdez
El caso tiene otra vertiente.
De acuerdo con Enrique González Casanova, algunos de los antiguos abogados laboralistas de Grupo Herdez habrían actuado en contubernio con Humberto Cavazos para no presentar determinados medios de defensa contra el laudo que condenó a la empresa.
La compañía los habría despedido y, según el abogado general, también son investigados por la Fiscalía.
Esto amplía el alcance de la investigación, pues las autoridades deberán establecer si hubo una posible coordinación entre personas externas y quienes tenían la responsabilidad de representar jurídicamente a la empresa.
La FGR busca determinar si hubo más casos
La atracción del expediente por parte de la Fiscalía General de la República abre una nueva etapa en la investigación.
El caso de Grupo Herdez podría servir para determinar si los hechos descritos por la abogada corresponden a un episodio aislado o forman parte de un patrón utilizado contra distintas empresas.
La hipótesis investigada contempla una posible cadena que incluiría la creación de relaciones laborales inexistentes, la presentación de documentos presuntamente apócrifos, la obtención de resoluciones judiciales y posteriormente el uso de embargos como mecanismo de presión para negociar pagos.
Hasta ahora, buena parte de los señalamientos proviene de declaraciones de personas involucradas y de la denuncia de la empresa afectada. Corresponderá a la FGR corroborar documentalmente los hechos, determinar si existió una organización coordinada y establecer las eventuales responsabilidades penales.
Proceso buscó la postura de Humberto Cavazos Chena y Xavier Oléa Truehart, pero, según el reportaje, no recibió respuesta al momento de su publicación.
Sigue nuestro canal de WhatsApp
Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí
Te recomendamos
Un sitio de 
Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados