La FGE investiga la presunta falsificación de 50 cheques cobrados a nombre de 21 diputados por alrededor de 15 millones de pesos, tras detectar firmas que los legisladores aseguran no haber autorizado
La investigación surgió tras una denuncia de la diputada Guadalupe García Villalva y alcanza a ocho personas cuya información laboral y financiera fue solicitada por la Fiscalía
La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) abrió una investigación por el presunto cobro irregular de 50 cheques emitidos a nombre de diputados del Congreso local, después de que se detectaran firmas que los legisladores aseguran no haber autorizado.
El caso surgió a partir de una denuncia presentada por la diputada de Morena Guadalupe García Villalva, quien señaló la presunta falsificación de su firma en documentos bancarios. La investigación podría alcanzar a 21 diputados y contempla operaciones por alrededor de 15 millones de pesos, de acuerdo con la información difundida por El Sur de Acapulco.
La carpeta de investigación identifica posibles delitos como abuso de confianza, administración fraudulenta, falsificación o alteración y uso indebido de documento, fraude y peculado.
¿Qué investiga la Fiscalía?
La FGE solicitó al Congreso de Guerrero información relacionada con 50 cheques, incluidos sus folios, las personas que autorizaron su emisión, el motivo de cada pago y quiénes finalmente cobraron los documentos.
El requerimiento forma parte de la carpeta 12020090104208310826, abierta por la Unidad Temprana 3 de la Fiscalía.
La autoridad también pidió información bancaria para determinar si los cheques fueron emitidos desde una cuenta del Poder Legislativo, quiénes participaron en su autorización y si existen otros documentos expedidos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 9 de junio de 2026 a favor de García Villalva que hayan sido cobrados por alguna de las personas bajo investigación.
Ocho personas aparecen en el requerimiento de la FGE
Como parte de las diligencias, la Fiscalía solicitó al Congreso información laboral y administrativa de ocho personas que estarían relacionadas con la emisión o cobro de los cheques investigados.
Entre ellas se encuentran Esli Joanan Navarrete Cisneros, quien fue secretario de Servicios Financieros y Administrativos del Congreso, así como Héctor Avilés Cruz, diputado suplente de Jesús Urióstegui García.
También fueron incluidos Brian Luna Aguirre, José Ángel Rómulo Hernández, Erik Chávez Medina, Alex Cepeco Justo, Jorge Antonio Solís Ocaña y Samir Robles Estrada.
La solicitud de información no significa que estas personas hayan sido declaradas responsables. La Fiscalía busca establecer qué funciones desempeñaban, qué relación tuvieron con los documentos y quiénes pudieron intervenir en las operaciones.
¿Cómo se descubrió el presunto fraude?
El caso comenzó a tomar forma después de una reunión de diputados de Morena celebrada el 21 de agosto en Acapulco, donde, según fuentes legislativas, se informó a varios legisladores que podrían encontrarse en una situación similar a la denunciada por García Villalva.
La diputada posteriormente presentó la denuncia ante la FGE por la presunta falsificación de su firma.
La Fiscalía busca ahora reconstruir el recorrido de los documentos para determinar quién autorizó los cheques, quién los recibió y quién hizo efectivos los cobros.
Para ello también solicitó los documentos originales y copias certificadas que permitan realizar los peritajes correspondientes.
El caso ocurre en medio de cuestionamientos financieros
La investigación se dio a conocer mientras el Congreso de Guerrero enfrenta otros reclamos relacionados con el manejo de recursos durante el primer semestre de 2026.
Trabajadores sindicalizados del Poder Legislativo habían exigido una reunión con el actual presidente de la Junta de Coordinación Política, Joaquín Badillo Escamilla, para pedir explicaciones por la falta de pago de bonos y otras prestaciones.
Durante esa reunión, Badillo Escamilla también informó que un seguro de vida contemplado como prestación laboral habría sido descontado a los trabajadores sin que las cuotas fueran entregadas a la aseguradora. De acuerdo con lo expuesto, también existían cuotas descontadas para el ISSSTE y el ISSSPEG que no habían sido depositadas.
El caso de los cheques permanece bajo investigación de la FGE, que deberá determinar si las firmas fueron falsificadas, quiénes participaron en los cobros y si existió un daño patrimonial para los legisladores o para el Congreso de Guerrero.
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