Juicio político contra Samuel García avanza en Congreso de Nuevo León mientras el gobernador entrega defensa de 254 páginas
En su escrito, pidió que la Comisión Anticorrupción se declare incompetente para seguir conociendo el asunto.
NUEVO LEÓN.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, pidió a la Comisión Anticorrupción del Congreso local suspender en todas sus etapas el juicio político iniciado en su contra por señalamientos de presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con su familia.
La solicitud fue incluida en un documento de 254 páginas presentado bajo la figura de “ad cautelam”, con el que el mandatario respondió al requerimiento legislativo sin reconocer la competencia de la comisión ni la validez del procedimiento.
Según Telediario, el proceso se abrió después de una denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
El gobernador sostiene que la Comisión Anticorrupción no tiene atribuciones materiales, orgánicas ni constitucionales para continuar el caso, mientras que legisladoras de oposición afirmaron que el informe será revisado durante la semana.
¿Qué pidió Samuel García al Congreso de Nuevo León?
Samuel García solicitó que se detenga el procedimiento de juicio político en todas sus etapas y efectos.
En su escrito, pidió que la Comisión Anticorrupción se declare incompetente para seguir conociendo el asunto.
También pidió que se resuelvan primero las cuestiones que considera de previo y especial pronunciamiento, es decir, asuntos legales que, según su defensa, deben aclararse antes de continuar con el fondo del caso.
El gobernador presentó su respuesta de manera cautelar. Esto significa que entregó el informe requerido, pero dejó asentado que no reconoce la competencia de la comisión ni acepta como válido el procedimiento.
¿Qué significa que el informe fue presentado “ad cautelam”?
La expresión “ad cautelam” se usa en procesos legales cuando una persona comparece o presenta un escrito por precaución, pero sin aceptar necesariamente la validez del acto que se le reclama.
En este caso, Samuel García respondió al requerimiento del Congreso, pero aclaró que lo hizo de manera cautelar.
Su intención fue evitar que se le señalara por no contestar, pero al mismo tiempo reservarse el derecho de impugnar el procedimiento.
En el documento, el gobernador pidió que se le tenga por compareciendo en tiempo y forma, pero “sin que ello implique sumisión o aceptación alguna a la competencia de la Comisión Anticorrupción”.
¿Qué argumento legal usa el gobernador?
El mandatario sostiene que la Comisión Anticorrupción carece de competencia para continuar el juicio político.
También argumenta que se viola el artículo 203 de la Constitución local, en relación con una declaratoria de invalidez pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional 31/2023.
Con ese planteamiento, García busca que el Congreso frene el procedimiento antes de entrar al análisis de fondo.
Su defensa sostiene que no se trata solo de responder a las acusaciones, sino de revisar primero si el órgano legislativo puede procesarlas en los términos planteados.
¿Qué dijo Samuel García en su escrito?
En el documento, el gobernador afirmó que comparece de manera cautelar para rendir el informe solicitado por la Comisión Anticorrupción.
“Se me tenga por compareciendo en tiempo y forma, y de manera cautelar (ad cautelam), a rendir el Informe que se me solicita en el Acuerdo emitido por esa Comisión con fecha 12 de junio de 2026”, señaló.
También dejó asentado que su respuesta no implica aceptar la competencia de la comisión.
Sin que ello implique sumisión o aceptación alguna a la competencia de la Comisión Anticorrupción, ni reconocimiento de la validez del procedimiento, del emplazamiento o de las actuaciones practicadas, reservándome expresamente el derecho de impugnar todos y cada uno de los vicios que afectan el presente procedimiento”, agregó.
Además, solicitó que se suspenda el proceso.
“Se suspenda el procedimiento de Juicio Político en todas sus etapas y efectos, hasta en tanto se resuelvan en definitiva las cuestiones que constituyen materia de previo y especial pronunciamiento”, planteó.
¿Por qué se abrió el juicio político contra Samuel García?
El procedimiento fue iniciado por la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León tras una denuncia por presunta triangulación de recursos públicos.
Los señalamientos apuntan a supuestos movimientos de dinero hacia despachos o empresas vinculadas con familiares del gobernador.
Hasta ahora, se trata de acusaciones dentro de un proceso legislativo y no de una sentencia judicial.
Por eso, el caso debe manejarse con presunción de inocencia y con lenguaje de atribución: presunta triangulación, señalamientos, denuncia y procedimiento en curso.
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¿Qué respondió la Comisión Anticorrupción?
La Comisión Anticorrupción informó que recibió el informe del gobernador y que será revisado durante la semana.
La diputada Armida Serrato, presidenta de la comisión, señaló que la Diputación Permanente deberá enviar una versión pública del documento, porque contiene datos personales.
Eso significa que el texto completo no podrá circular de inmediato entre todos los legisladores ni difundirse sin proteger información reservada o sensible.
La comisión se mantiene en sesión permanente y prevé reanudar sus trabajos el viernes 26 de junio a las 9:30 horas.
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¿Qué dijo Armida Serrato sobre la respuesta del gobernador?
Armida Serrato afirmó que el documento fue presentado en términos de rebeldía y de manera “ad cautelam”, según los propios planteamientos del gobernador.
“Lo maneja en rebeldía, así lo señala en la contestación y ad cautelam con motivo de la temeraria, así lo señala el gobernador, infundada y oscura, también lo señala así el gobernador, denuncia presentada por la ciudadana Anabel”, indicó.
La legisladora también dijo que revisarán las pruebas entregadas por el mandatario.
Además, adelantó que podrían solicitar información a empresas presuntamente vinculadas con el caso.
¿Por qué pidió Samuel García un defensor público?
Dentro de su escrito, el gobernador pidió que se le designara un defensor público, bajo el argumento de que no cuenta con abogado. La solicitud fue rechazada por Armida Serrato.
La presidenta de la Comisión Anticorrupción consideró que el planteamiento llama la atención porque, según ella, muestra desconocimiento del proceso legislativo.
“Llama la atención que se solicita la designación de un abogado defensor público, es decir, el Instituto de la Defensoría en el Estado, para que lo defienda”, dijo.
Serrato también comparó esta postura con juicios políticos anteriores abiertos contra García, en los que el mandatario había cuestionado la creación de comisiones jurisdiccionales.
¿Qué dice Movimiento Ciudadano sobre el procedimiento?
La coordinadora de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Sandra Pámanes, cuestionó la forma en que se está tramitando el proceso.
Pámanes señaló que no era necesario esperar a que la Diputación Permanente turnara nuevamente el documento, porque la Comisión Anticorrupción ya estaba dentro del procedimiento.
“Debemos aclarar una situación que se está generando en este momento, estamos dentro de un proceso de esta misma comisión”, dijo.
La legisladora sostuvo que el documento debía turnarse directamente a los integrantes de la comisión para continuar el análisis.
Desde Movimiento Ciudadano, el proceso ha sido presentado como una actuación incorrecta y políticamente motivada.
¿El juicio político puede destituir de inmediato a Samuel García?
El inicio de un juicio político no implica una destitución automática. El procedimiento debe pasar por varias etapas, entre ellas la revisión de argumentos, pruebas y posibles resoluciones legislativas.
En reportes sobre el caso se ha señalado que, para que el proceso avance, el Congreso necesitaría una mayoría calificada y que una eventual separación del cargo tendría que resolverse conforme al marco aplicable.
Por ahora, el gobernador sigue en funciones y el procedimiento está en fase de revisión.
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