Corte no analizará denuncias electorales contra Arturo Zaldívar, resuelve TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO.- En votación mayoritaria, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) descartó la opción de someter a consulta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la cuestión de competencia para examinar las acusaciones de violaciones a la ley electoral contra Arturo Zaldívar durante su anterior desempeño como ministro.

Ahora, la Sala Superior se encargará de revisar un nuevo plan presentado por la recién nombrada presidenta, Mónica Soto.

El proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fue rechazado en sesión privada el 4 de enero, con los votos en contra de Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes.

Al ser votado en contra, el asunto fue turnado a la ponencia de la presidenta Mónica Soto, que deberá elaborar un nuevo proyecto.

Mexico

Zaldívar expresa agradecimiento a AMLO por respaldarlo ante “persecución política”

El ministro en retiro impugnó la admisión de las quejas presentadas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra él y la precandidata a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, por la presunta realización de actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y la posible vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.

Arturo Zaldívar presentó su renuncia al cargo de ministro de la SCJN para unirse al equipo de la morenista Claudia Sheinbaum, quien busca la Presidencia de la República.

¿En qué consistía el proyecto en cuestión?

El proyecto del magistrado Reyes Rodríguez proponía consultar a la Corte, a fin de que determine si el TEPJF puede resolver un procedimiento administrativo en materia electoral contra Arturo Zaldívar, ya que las denuncias fueron presentadas antes de que se aprobara su renuncia al cargo.

A juicio de esta Sala Superior, los principios de autonomía e independencia de fuente constitucional e internacional que garantizan al actuar del Máximo Tribunal del país implican que ninguna otra autoridad, ni dentro, ni fuera del poder judicial federal, pueda someter a responsabilidades administrativas a los integrantes del órgano cúspide, salvo en los casos que las propias normas fundamentales así lo prevean", consideraba la propuesta.