Tres agentes aduanales señalados por la FGR de huachicol, facilitando el ingreso irregular de millones de litros de hidrocarburos, figuran oficialmente como elementos autorizados en la nueva alternativa logística del Golfo de México impulsada por la ANAM, mientras el gobierno de Sheinbaum asegura endurecer el combate al contrabando de combustibles
La ANAM y el Gobierno de Tamaulipas recomiendan en un directorio a tres agentes aduanales señalados por la FGR y la SHCP
El arranque de operaciones y la promoción comercial de la nueva terminal en el Puerto de Matamoros colocaron bajo escrutinio público una contradicción institucional.
Mientras la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene como eje prioritario el combate frontal al contrabando de combustibles y a la corrupción aduanera, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Gobierno de Tamaulipas respaldan y recomiendan, en su directorio oficial de octubre, a al menos tres agentes aduanales que enfrentan investigaciones ministeriales y acusaciones penales de la Fiscalía General de la República (FGR) por el llamado huachicol fiscal.
El caso importa para las empresas y usuarios del comercio exterior porque los agentes aparecen en material oficial relacionado con una nueva terminal portuaria, pese a los señalamientos en su contra.
La situación evidencia los desafíos de coordinación y depuración entre autoridades federales y estatales en un sector clave para las finanzas públicas y la seguridad energética.
¿Cómo impacta el caso de Matamoros en la estrategia de cero tolerancia del gobierno de Claudia Sheinbaum?
La coexistencia de una política federal enfocada en la disciplina fiscal y la seguridad energética con la permanencia de operadores señalados en padrones oficiales representa una prueba para la congruencia institucional.
Desde el inicio de la actual administración, el Ejecutivo federal ha insistido en cerrar los espacios a la evasión de impuestos y a las redes de complicidad en las aduanas del país, un sector clave para las finanzas públicas.
Sin embargo, el hecho de que el llamado Puerto Norte —promovido como la nueva palanca logística del Golfo de México, a escasos kilómetros de Estados Unidos— incluya en sus cartas de presentación a profesionales con expedientes abiertos evidencia los desafíos persistentes en la depuración y coordinación entre las autoridades federales y los gobiernos estatales en materia de comercio exterior.
La sincronización entre las metas anticorrupción de Palacio Nacional y la operación cotidiana de las aduanas regionales continúa siendo una tarea pendiente para evitar que esquemas de contrabando se beneficien de la misma estructura institucional que busca combatirlos.
¿Quiénes son los agentes aduanales incluidos en la promoción oficial?
En el documento oficial que difunde las ventajas competitivas del puerto fronterizo figuran los nombres de Hantulio Ordóñez Juárez, Víctor Carretero Zardeneta y María Cristina Cházaro Mabarak.
Estos operadores aparecen enlistados como elementos recomendados para agilizar trámites aduanales, a pesar de estar vinculados a redes de importación irregular de energéticos investigadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la FGR.
- Hantulio Ordóñez Juárez: cuenta con patente indefinida desde 1996 y está al frente de la firma Strategia Trade & Global Logistics. Desde julio de 2024 enfrenta acusaciones penales por omitir el pago de impuestos en el ingreso de hidrocarburos, en un caso ligado a la empresa Portacelis, vinculada a prestanombres de Jorge Amílcar Olán.
- Víctor Carretero Zardeneta: es titular de Servicios Aduanales JR y es considerado prófugo por la justicia federal tras ser implicado en el trasiego de 144 millones de litros de energéticos en una sola aduana, uno de los fraudes fiscales más grandes de la historia reciente.
- María Cristina Cházaro Mabarak: completa la terna y es investigada por operaciones similares tanto en Matamoros como en el puerto de Altamira.
¿Cómo operaba la red de contrabando masivo de combustibles en las aduanas del Golfo?
El fenómeno del huachicol fiscal no solo implica una evasión multimillonaria de impuestos especiales y derechos federales, sino también un esquema de falsificación documental y simulación logística.
Las indagatorias ministeriales han revelado que las organizaciones delictivas ingresaban al país combustibles como diésel automotriz y gasóleo mediante:
- La alteración de pedimentos.
- La utilización de ferrotanques con documentación apócrifa.
- La presentación de los energéticos como mercancías exentas o de menor tributación.
Este mecanismo ilícito quedó al descubierto con fuerza tras los aseguramientos históricos registrados en las aduanas de Tamaulipas. Entre ellos destacan el decomiso de un buque con 10 millones de litros en Altamira y el megacaso de los 144 millones de litros detectados en la franja fronteriza.
La participación de agentes aduanales en estos esquemas consistía en facilitar el paso de los cargamentos, omitir la validación fiscal rigurosa y servir como el eslabón formal para dar una aparente legalidad a un contrabando masivo que involucró a particulares, empresas fachada y mandos operativos de distintas corporaciones.
¿Qué implicaciones tiene el huachicol fiscal para la economía y el comercio exterior?
Más allá de los litigios en los tribunales federales, el trasiego irregular de combustibles distorsiona el mercado interno de energéticos y afecta la competitividad formal.
Cuando millones de litros de gasolina y diésel ingresan sin el pago correspondiente de contribuciones, se genera una competencia desleal contra las estaciones de servicio y empresas importadoras que operan dentro de la legalidad normativa.
Esta evasión fiscal reduce directamente los ingresos presupuestales del Estado destinados a obra pública, salud y programas sociales, al tiempo que dota de recursos frescos a redes financieras informales.
Para los inversionistas extranjeros y nacionales que buscan utilizar el Corredor del Golfo como plataforma exportadora, la presencia de irregularidades de esta magnitud subraya la urgencia de fortalecer la transparencia, la trazabilidad digital y la seguridad jurídica en todas las terminales portuarias del país.
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¿Cómo afecta esta situación a los usuarios y empresas que operan en las aduanas?
Para las empresas maquiladoras, transportistas y usuarios del comercio exterior que dependen de cadenas de suministro limpias y eficientes, la falta de filtros rigurosos en los padrones oficiales genera incertidumbre operativa.
La exposición pública de agentes aduanales bajo investigación en proyectos prioritarios de desarrollo regional obliga a las compañías a extremar sus propias auditorías de cumplimiento (compliance) para evitar verse involucradas de manera indirecta en cadenas logísticas relacionadas con el contrabando fiscal.
En la práctica, las empresas que utilizan estos servicios deben revisar:
- Los antecedentes y la situación de los agentes aduanales.
- La documentación de las mercancías y los pedimentos.
- La trazabilidad de los cargamentos.
- El cumplimiento fiscal de los proveedores involucrados.
La confianza en las nuevas terminales portuarias dependerá directamente de que las autoridades demuestren un control sobre quiénes prestan servicios en las puertas comerciales de México.
¿Qué medidas pueden blindar el comercio exterior frente a redes ilícitas?
La superación de esta crisis en el sistema aduanero mexicano requiere acelerar la digitalización de los procesos de despacho, homologar las bases de datos entre la FGR, la SHCP y la ANAM, y aplicar criterios estrictos de elegibilidad para cualquier prestador de servicios que aparezca en directorios institucionales.
Para las empresas y usuarios del comercio exterior, la revisión documental y las auditorías de cumplimiento son herramientas para reducir riesgos mientras las autoridades fortalecen sus mecanismos de control.
Solo mediante una fiscalización implacable y una coordinación efectiva se podrá garantizar que el desarrollo de la infraestructura portuaria en entidades estratégicas como Tamaulipas avance de la mano con la legalidad y la rendición de cuentas que exige la política federal.
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