Cómo funciona una granja de Bitcoin y de qué manera operaba el centro clandestino clausurado en Puebla con 300 tarjetas de video que robaban miles de kilovatios a la CFE
Fuerzas federales y estatales desmantelaron una instalación en Tlaola que consumía más de 97 mil kWh mensuales mediante tomas irregulares y conexión satelital.

TLALOA, Puebla.- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Puebla (SSPE) aseguraron un inmueble acondicionado como granja clandestina de minería de criptomonedas en el municipio de Tlaola, ubicado en la Sierra Norte de Puebla. En el lugar se localizó una infraestructura tecnológica de alta escala conectada de forma ilegal a la red eléctrica.
El operativo conjunto permitió el decomiso de cerca de 300 tarjetas de procesamiento gráfico (GPU) de alto rendimiento, un transformador de pedestal, 80 terminales de media tensión y ocho antenas de internet satelital. De acuerdo con las autoridades ministeriales y de seguridad, la intervención responde a investigaciones para combatir las estructuras financieras del crimen organizado y determinar delitos como robo de energía, evasión fiscal y lavado de dinero.
En Tlaola, un inmueble presuntamente utilizado para minería de criptomonedas fue asegurado por @FGRMexico, @SEMAR_mx y Seguridad Pública Estatal del @Gob_Puebla.
— Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) September 6, 2026
Se localizó infraestructura eléctrica, internet satelital y equipos especializados en generación de activos… pic.twitter.com/lfgKk3pY3s
¿Cómo funcionaba la granja clandestina en la Sierra Norte?
La minería de criptomonedas es el proceso mediante el cual equipos informáticos especializados compiten resolviendo complejos cálculos matemáticos para validar transacciones en redes digitales como Bitcoin. A cambio de esta función, los operadores reciben tokens o fracciones de criptomonedas como recompensa. Sin embargo, este trabajo continuo de 24 horas demanda un consumo masivo de energía eléctrica y genera elevados niveles de calor.
En el caso del inmueble asegurado en Tlaola, la granja operaba mediante una conexión irregular a las redes de alta y media tensión para evitar pagar el suministro a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Estimaciones técnicas señalan que una tarjeta de video de gama alta consume entre 324 y 504 kWh al mes; por lo tanto, las 300 tarjetas incautadas demandaban un consumo mensual de entre 97,200 y 151,200 kWh, sin contabilizar el gasto energético de los sistemas de ventilación y los equipos de transmisión.
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¿Por qué utilizaban internet satelital en la zona serrana?
Para mantener activas las computadoras y conectadas permanentemente a la red cripto, los responsables instalaron ocho antenas de internet satelital. El uso de esta tecnología en una región remota como la Sierra Norte de Puebla les permitía operar sin depender de los proveedores locales de internet de la zona, lo que ayudaba a evadir los controles convencionales y dificultaba el rastreo de sus operaciones en línea.
Aunque la minería de activos digitales es legal en México cuando se realiza con contratos de energía regulares y bajo el cumplimiento de las obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la instalación incurría en delitos al sustraer electricidad mediante tomas clandestinas y omitir la declaración de sus ingresos tributarios.

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¿Qué investigan las autoridades tras el aseguramiento?
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla, Francisco Sánchez González, confirmó que las investigaciones han permitido identificar al menos tres centros clandestinos de minería vinculados al robo de fluido eléctrico en la entidad. Asimismo, existen antecedentes de intervenciones previas con cortes de suministro en municipios como Juan Galindo (Nuevo Necaxa), San Martín Texmelucan, San Andrés Cholula, Tehuacán y la capital poblana.
Actualmente, las autoridades federales y estatales rastrean las billeteras digitales e identificadores de red vinculados a los equipos asegurados. El objetivo principal del peritaje es determinar si los recursos obtenidos mediante esta infraestructura financiaban a grupos delictivos o si la fachada digital era utilizada para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas como la extorsión, la trata de personas o el narcotráfico.
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