Bukele frena la compra de bitcoin con recursos públicos y entrega el control de Chivo Wallet a un operador privado para cumplir el acuerdo con el FMI por 1,400 millones de dólares

El Gobierno de Nayib Bukele aceptó frenar la compra de bitcoin con recursos públicos y entregar el control mayoritario de Chivo Wallet a un operador privado, como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mantener un préstamo de 1,400 millones de dólares.

La medida fue informada por el propio FMI durante la tercera revisión del cumplimiento de las condiciones establecidas para el financiamiento, que comenzó a ejecutarse desde principios de 2025 mediante distintos desembolsos.

El acuerdo representa un nuevo cambio en la estrategia de Bukele con respecto a la criptomoneda, después de que el Gobierno salvadoreño retirara al bitcoin su condición de moneda de curso legal tras las presiones del organismo financiero.

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¿Qué acordó Bukele con el FMI sobre el bitcoin?

De acuerdo con el comunicado del FMI, El Salvador se comprometió a no realizar nuevas inversiones públicas en bitcoin.

El organismo señaló que las últimas adquisiciones de la criptomoneda fueron realizadas mediante “donaciones privadas” y que, según el Gobierno, estas operaciones no utilizaron recursos públicos.

A partir de ahora, el acuerdo establece que no se contempla una acumulación adicional de bitcoin más allá de las donaciones que estén documentadas.

El Gobierno también transfirió “la propiedad mayoritaria y el control” de Chivo Wallet a manos de un operador privado.

La decisión modifica el papel que había tenido la plataforma dentro de la estrategia de adopción de bitcoin impulsada por Bukele desde 2021.

El Salvador había convertido al bitcoin en una apuesta de Gobierno

Bukele inició su estrategia con el bitcoin en junio de 2021, cuando El Salvador convirtió a la criptomoneda en moneda de curso legal.

El presidente presentó entonces la medida como una herramienta para impulsar la prosperidad, la libertad económica y la inclusión financiera.

Como parte de la implementación, el Gobierno creó un fideicomiso de 150 millones de dólares y entregó un incentivo de 30 dólares a cada ciudadano que descargara Chivo Wallet.

También destinó otros 50 millones de dólares a la instalación de cajeros automáticos y a la infraestructura necesaria para poner en marcha el proyecto.

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Aunque una gran cantidad de personas descargó la aplicación, la mayoría utilizó el incentivo y posteriormente dejó de utilizar la plataforma.

La medida tampoco consiguió una aceptación mayoritaria entre la población. Según las mediciones locales citadas en la información, 71% de los salvadoreños rechazaba la adopción del bitcoin y solo una parte pequeña de la población llegó a utilizarlo.

¿Por qué el manejo del bitcoin ha sido cuestionado?

Uno de los principales cuestionamientos alrededor del proyecto ha sido la falta de transparencia sobre el dinero utilizado para adquirir y administrar los bitcoins.

La información sobre los costos y el manejo de los activos se ha mantenido bajo reserva. Los datos disponibles sobre las adquisiciones han sido difundidos principalmente por The Bitcoin Office, la oficina oficial encargada de divulgar información sobre los llamados Fondos Bitcoin.

Según esa información, el Gobierno continuó adquiriendo criptomonedas incluso después de firmar el acuerdo con el FMI, a pesar de que detener la inversión pública era una de las condiciones relacionadas con el financiamiento.

En el mismo año en que se lanzó Chivo Wallet, la Fiscalía recibió cientos de denuncias relacionadas con usurpación de identidad y hurtos, con afectaciones que llegaron hasta los 840,000 dólares, según investigaciones periodísticas citadas en la información.

La empresa detrás de la billetera, Chivo Wallet S.A., es una sociedad público-privada que, de acuerdo con el texto proporcionado, no puede ser fiscalizada.

¿Cuántos bitcoins ha adquirido El Salvador?

La falta de información pública sobre el origen de los recursos también ha generado dudas sobre las nuevas adquisiciones.

Después de que el Gobierno retirara al bitcoin su condición de moneda de curso legal, The Bitcoin Office informó sobre la adquisición de otros 1,714 bitcoins, que presuntamente habrían llegado mediante donaciones.

Sin embargo, las autoridades no han revelado quiénes son los supuestos donantes.

Tampoco existe claridad sobre quién realiza una contraloría de esos recursos. Aunque la legislación establece que el Banco Central de Reserva (BCR) es responsable de administrar las reservas internacionales del país, los fondos relacionados con bitcoin no aparecen reflejados en sus cuentas dentro de los ejercicios fiscales mencionados.

¿Qué cambió con el acuerdo del FMI?

En enero, después de las presiones del organismo financiero, el oficialismo salvadoreño retiró al bitcoin su condición de moneda de curso legal y modificó seis de los 16 artículos de la ley que había permitido su adopción.

Ahora, con la tercera revisión del acuerdo por 1,400 millones de dólares, el Gobierno también se compromete a detener las nuevas inversiones públicas en bitcoin y a limitar la acumulación de la criptomoneda a las donaciones que puedan ser documentadas.

Esto supone un cambio importante frente a la política que Bukele defendió desde 2021, cuando convirtió al bitcoin en uno de los principales proyectos económicos de su Gobierno.

¿Qué resultados tuvo la apuesta por bitcoin?

Bukele presentó la adopción de la criptomoneda como uno de sus principales aciertos y convirtió a El Salvador en uno de los casos más conocidos de uso gubernamental del bitcoin.

Sin embargo, los resultados económicos señalados en la información muestran un panorama distinto al esperado inicialmente.

A finales de 2022, 91.7% de la población consideraba que su situación económica seguía igual o había empeorado, de acuerdo con las encuestas citadas.

Posteriormente, a mediados de 2024, un estudio del Banco Central de Reserva indicó que 55,000 personas más se encontraban en situación de pobreza en comparación con el año anterior.

El acuerdo con el FMI marca así otro límite para el proyecto de bitcoin de Bukele: después de perder su condición de moneda de curso legal, ahora el Gobierno también se compromete a detener la inversión pública en la criptomoneda y reduce su control sobre Chivo Wallet.