Hacienda publicará nuevas reglas antilavado antes del 16 de julio; estos negocios deberán actualizar sus procesos para evitar sanciones

MÉXICO.- Los negocios familiares y empresas que realizan actividades consideradas vulnerables por la legislación antilavado deberán mantenerse atentos durante las próximas semanas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene como fecha límite el 16 de julio de 2026 para publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las nuevas reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Estas disposiciones definirán cómo deberán cumplirse las nuevas obligaciones establecidas en la reforma legal y de acuerdo con información difundida por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco- Servytur), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), estas reglas serán el último paso para completar el nuevo marco regulatorio que busca fortalecer la prevención del lavado de dinero en el país.

¿Qué cambiará con las nuevas reglas?

Aunque la reforma a la LFPIORPI ya entró en vigor desde julio de 2025 y su Reglamento fue actualizado el 27 de marzo de 2026, todavía falta la publicación de las reglas generales que establecerán los procedimientos específicos que deberán seguir los llamados sujetos obligados.

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Entre los cambios que se anticipan destacan:

• Nuevos formatos para la inscripción en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) del SAT
• Reglas específicas para mediadores privados y diversas estructuras jurídicas, como los fideicomisos
• Nuevos modelos para la presentación de avisos ante la autoridad
• La incorporación de un aviso de 24 horas para reportar operaciones intentadas o sospechosas

Estas disposiciones harán operativas las obligaciones previstas en la legislación y permitirán que las autoridades apliquen criterios uniformes para su cumplimiento.

¿Qué negocios podrían verse afectados?

Las nuevas reglas están dirigidas a quienes realizan las denominadas Actividades Vulnerables, es decir, aquellas operaciones que por su naturaleza pueden ser utilizadas para ocultar recursos de procedencia ilícita y que, por ello, están sujetas a obligaciones especiales de identificación, reporte y conservación de información.

Por ello, la recomendación de Concanaco- Servytur es que las empresas revisen desde ahora sus mecanismos internos de cumplimiento y no esperen a la publicación oficial para comenzar a prepararse.

¿Qué recomienda Concanaco a los negocios?

La organización empresarial considera que estas medidas no solo representan una obligación legal, sino también una herramienta para proteger a los negocios frente a riesgos relacionados con operaciones ilícitas.

Por ello, recomienda anticipar la actualización de:

• Políticas internas
• Manuales de cumplimiento
• Sistemas de control
• Procedimientos para la presentación de avisos

Con ello, las empresas podrán adaptarse con mayor rapidez cuando entren en vigor las nuevas disposiciones y disminuir el riesgo de incumplimientos o sanciones.

Un proceso que comenzó en 2025

La publicación de estas reglas forma parte de un proceso iniciado hace un año. Primero entró en vigor la reforma a la LFPIORPI en julio de 2025; posteriormente, en marzo de 2026, se modificó su Reglamento y ahora únicamente resta la emisión de las reglas de carácter general para completar el nuevo esquema de prevención de lavado de dinero en México.

Según explicó el organismo empresarial en un comunicado elaborado junto con la UIF, una vez publicadas las disposiciones en el Diario Oficial de la Federación informará a los 5.2 millones de negocios que representa sobre las implicaciones operativas y los cambios que deberán implementar para cumplir con la nueva normativa.

Mientras tanto, las empresas que realizan Actividades Vulnerables deberán dar seguimiento a la publicación prevista antes del 16 de julio de 2026, ya que las nuevas reglas definirán de manera puntual las obligaciones que deberán observar en materia de prevención de lavado de dinero.