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Reducen predio del Ceart Ensenada para construir nuevos Juzgados Civiles y Familiares

El Gobierno de Baja California asignó 4 mil 588.6 metros cuadrados del terreno al Poder Judicial para construir y operar los nuevos juzgados del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Reducen predio del Ceart Ensenada para construir nuevos Juzgados Civiles y Familiares

Ensenada BC.- El Ceart Ensenada tendrá una reducción en la superficie del predio donde opera, luego de que el Gobierno de Baja California asignara 4 mil 588.6 metros cuadrados al Poder Judicial del Estado para la construcción y funcionamiento de los nuevos Juzgados Civiles y Familiares.

De acuerdo con lo publicado en la edición del Periódico Oficial del Estado del 18 de septiembre de 2026, la Oficialía Mayor de Gobierno emitió diversos acuerdos administrativos para reorganizar el polígono original ubicado en el fraccionamiento Bahía Ensenada.

Originalmente, el Poder Ejecutivo estatal había otorgado en custodia al Instituto de Servicios Culturales de Baja California un terreno de 22 mil 623.15 metros cuadrados, correspondiente al Lote Único Fracc. A-1, manzana 8, para la operación exclusiva del Ceart Ensenada.

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¿Cuánto terreno conservará el Ceart Ensenada?

Mediante un acuerdo administrativo de revocación, la asignación anterior quedó sin efecto para permitir la división del inmueble.

El Ceart Ensenada conservará 18 mil 034.5 metros cuadrados, superficie que nuevamente le fue asignada por un plazo de dos años para continuar con sus actividades de fomento y difusión cultural.

Los 4 mil 588.6 metros cuadrados restantes fueron asignados oficialmente al Poder Judicial del Estado de Baja California.

¿Para qué utilizarán el terreno del Ceart?

La solicitud para la cesión del espacio fue realizada por la Oficialía Mayor del Consejo de Administración del Poder Judicial de Baja California.

En esta superficie se construirá la infraestructura necesaria para la entrada en vigor y operación de los juzgados especializados contemplados bajo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

El acuerdo establece que el Poder Judicial tendrá un plazo de dos años para destinar el inmueble a los fines señalados. En caso de no hacerlo o utilizarlo para un propósito distinto, la asignación podrá ser revocada y el terreno regresará al control del Ejecutivo estatal.

Asimismo, las autoridades judiciales asumirán el cuidado y mantenimiento de la superficie asignada, además del pago de los servicios públicos correspondientes.

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