No se ha dictado orden de registro contra Flávio Bolsonaro, aclara Supremo Tribunal Federal
La máxima autoridad de justicia descartó que existiera alguna diligencia de esa naturaleza en contra del legislador o en las propiedades registradas a su nombre.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil desmintió de manera categórica las versiones periodísticas que señalaban la ejecución de un operativo policial en contra del legislador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
La aclaración judicial se dio a conocer luego de que el portal de noticias G1, pertenenciente al grupo Globo, publicara que agentes de la Policía Federal habían acudido a la residencia del senador en Brasilia para llevar a cabo una orden de cateo y aseguramiento.
Ante el revuelo ocasionado por la difusión de dicha noticia en diversos medios y redes sociales, el máximo tribunal de la nación sudamericana emitió un comunicado oficial para precisar los hechos y poner fin a las especulaciones sobre la situación jurídica del parlamentario.
¿Cuál fue el reporte inicial que generó la confusión?
Durante la jornada del miércoles, el medio informativo G1 dio a conocer que la Policía Federal de Brasil se había desplegado en la capital del país para cumplimentar una orden judicial en el domicilio particular de Flávio Bolsonaro.
La noticia escaló rápidamente en las plataformas digitales debido al impacto político de la figura del senador en el panorama nacional.
Sin embargo, el STF reaccionó para frenar la propagación de este dato irreal sobre las acciones de las autoridades de procuración de justicia.
¿Qué declaró formalmente el Supremo Tribunal Federal?
Para evitar interpretaciones erróneas sobre los procesos en curso, la alta corte institucional emitió un pronunciamiento directo y tajante. En el documento oficial del órgano judicial se aclaró la falsedad del supuesto cateo:
“La información difundida sobre la existencia o la ejecución de cualquier orden de registro e incautación dirigida contra el senador Flávio Bolsonaro o sus domicilios es falsa”.
Con esta precisión, la máxima autoridad de justicia descartó que existiera alguna diligencia de esa naturaleza en contra del legislador o en las propiedades registradas a su nombre.
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