Simulaban compraventas de granos para generar retenciones fiscales ficticias y solicitar reintegros de IVA por 10 millones de dólares, una maniobra que llevó a 23 detenidos y 85 allanamientos en Argentina

Una investigación judicial en Argentina derivó en 23 detenciones y 85 allanamientos por una presunta maniobra de fraude tributario relacionada con la compraventa de granos. Las autoridades investigan operaciones que habrían permitido solicitar reintegros indebidos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con un posible perjuicio para el Estado estimado en 10 millones de dólares.

Según informó Infobae, la causa comenzó con una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que detectó a 59 contribuyentes presuntamente vinculados con operaciones irregulares en el sector agropecuario. A partir de esos indicios, la Policía Federal Argentina (PFA) realizó tareas de investigación para identificar a las personas y empresas que podrían estar relacionadas con la maniobra.

La hipótesis judicial apunta a la simulación de compras y ventas de granos para registrar retenciones fiscales que no corresponderían a operaciones reales. Esos registros se habrían utilizado posteriormente para reclamar devoluciones de IVA que no les correspondían a los solicitantes.

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El monto de 10 millones de dólares representa el perjuicio fiscal estimado en la investigación. La cifra todavía debe establecerse con precisión a partir de las pruebas del expediente y no constituye una pérdida determinada mediante una sentencia definitiva.

Qué son las retenciones ficticias y cómo se habrían utilizado

Para comprender el caso, es necesario distinguir entre una operación comercial real y los registros fiscales que pueden generarse a partir de ella.

En Argentina, el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) se utiliza para registrar información relacionada con retenciones impositivas. Estas retenciones consisten en cantidades que se descuentan de determinados pagos y que deben ingresarse a la autoridad tributaria conforme a las reglas aplicables.

De acuerdo con la hipótesis investigada, los sospechosos habrían utilizado operaciones simuladas de compraventa de granos para generar registros de retenciones inexistentes. Con esa información, habrían solicitado reintegros del IVA que no les correspondían.

La secuencia investigada puede resumirse en cuatro etapas:

1. Se habrían registrado operaciones de compraventa de granos que no correspondían a transacciones reales.
2. Esas operaciones habrían servido para generar retenciones fiscales ficticias.
3. Los registros presuntamente irregulares se habrían utilizado para solicitar devoluciones de IVA.
4. La autoridad tributaria detectó indicios de irregularidades y presentó una denuncia que dio origen a la investigación judicial.

La Justicia deberá determinar si las operaciones fueron efectivamente simuladas, cómo se tramitaron los reintegros y qué participación tuvo cada uno de los contribuyentes identificados.

ARCA detectó a 59 contribuyentes bajo sospecha

El expediente se inició a partir de información reunida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, organismo encargado de funciones tributarias y aduaneras en Argentina.

La denuncia puso bajo análisis a 59 contribuyentes presuntamente relacionados con operaciones irregulares en el mercado de granos. A partir de esos datos, el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina realizó relevamientos de campo, análisis de información disponible públicamente y otras tareas para identificar a las personas y empresas que podrían estar vinculadas con las operaciones.

Es importante precisar que los 59 contribuyentes detectados no equivalen a 59 personas detenidas. El operativo terminó con 23 arrestos, mientras que la investigación debe establecer el grado de participación de cada persona o entidad señalada.

La diferencia también importa desde el punto de vista judicial: aparecer en una investigación tributaria no significa que exista una responsabilidad penal demostrada.

Dónde se realizaron los 85 allanamientos

Por orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, los investigadores registraron domicilios en distintas jurisdicciones argentinas.

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Los procedimientos alcanzaron las siguientes zonas:

• Santa Fe: Rosario y el departamento General López.
• Entre Ríos: Villaguay.
• Santiago del Estero: la capital provincial y Sarmiento.
• Córdoba: la capital provincial.
• Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Provincia de Buenos Aires: Escobar.

El despliegue tuvo como objetivos ejecutar las detenciones ordenadas por la Justicia y asegurar documentación y otros elementos que pudieran contribuir al esclarecimiento de la causa.

Las 23 personas detenidas son argentinas y mayores de edad, según la información publicada por Infobae. Quedaron a disposición judicial mientras avanzan las actuaciones.

Qué encontraron los investigadores durante los operativos

Además de las detenciones, los allanamientos permitieron decomisar dinero en efectivo, vehículos, equipos electrónicos y documentación que será examinada en el marco de la investigación.

Entre los objetos incautados se encuentran:

• 55 teléfonos celulares.
• 15 computadoras portátiles o notebooks.
• 13 computadoras.
• Tres tablets y tres netbooks.
• Tres dispositivos de almacenamiento externo.
• Dos gabinetes informáticos.
• 10 vehículos.
• Documentación de interés para la causa.

También se reportó el secuestro de dinero en distintas monedas:

Las cantidades corresponden al dinero decomisado durante los procedimientos, no al total del presunto perjuicio fiscal. Los 78.205 dólares incautados, por ejemplo, son una cifra distinta de los 10 millones de dólares estimados en la investigación.

Los teléfonos, computadoras y documentos podrían aportar información sobre comunicaciones, registros contables y relaciones entre los involucrados. Sin embargo, su contenido debe ser analizado antes de determinar si constituye evidencia de las operaciones investigadas.

Qué delitos se investigan y quién está a cargo de la causa

El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, a cargo del juez Gustavo Darío Meirovich, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 7, encabezada por Gabriela Ruíz Morales.

Los imputados son investigados por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario, establecido en la Ley argentina 27.430, y por otros posibles delitos contemplados en el Código Penal.

La investigación deberá precisar cómo se habrían generado los registros fiscales cuestionados, si se obtuvieron reintegros indebidos y qué responsabilidad corresponde a cada una de las personas involucradas.

Las detenciones y los allanamientos son medidas adoptadas durante el proceso judicial. No equivalen a una condena ni demuestran por sí solos la culpabilidad de los investigados.

Qué falta esclarecer sobre el presunto fraude fiscal

Aunque el operativo permitió detener a 23 personas y asegurar numerosos elementos, todavía quedan aspectos centrales por determinar.

Entre ellos están el funcionamiento concreto de las operaciones, la participación individual de los contribuyentes detectados, la existencia y el monto de los reintegros presuntamente indebidos y el perjuicio económico que finalmente pueda acreditarse.

El análisis de los registros tributarios, la documentación comercial y los dispositivos electrónicos podría contribuir a reconstruir la operatoria. La valoración de esas pruebas corresponderá a las autoridades judiciales.

Por ahora, el caso reúne tres cifras que permiten dimensionar la investigación: 59 contribuyentes bajo sospecha, 23 personas detenidas y un posible perjuicio fiscal de 10 millones de dólares. La causa continuará para determinar si existió el mecanismo denunciado y quiénes tuvieron responsabilidad en él.