“Respeten mi decisión”, exige María Estela Ríos durante una sesión de la Suprema Corte, luego de que otros ministros insistieran en cambiar la metodología de su proyecto sobre vigilancia e intervención de comunicaciones
La mayoría coincidía en negar el amparo, pero pidió modificar los argumentos jurídicos de la propuesta. Al final, la ministra aceptó los ajustes y la Corte resolvió el asunto

La ministra María Estela Ríos González protagonizó un intercambio de reclamos con otros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), después de que varios de sus compañeros insistieran en modificar la metodología de un proyecto que ella presentó sobre la conservación de datos de comunicaciones telefónicas y el acceso de las autoridades a esa información. Durante la discusión, la integrante del máximo tribunal pidió que se respetara su criterio y cuestionó que quisieran obligarla a incorporar argumentos jurídicos con los que no estaba de acuerdo.
El desacuerdo ocurrió durante la sesión pública del 17 de noviembre de 2026, cuando el Pleno analizó el amparo en revisión 193/2026. Según información de El Financiero y el proyecto publicado por la propia Suprema Corte, la mayoría de los ministros coincidía con la propuesta de negar el amparo, pero consideraba necesario modificar algunos razonamientos para establecer con mayor claridad el criterio jurídico de la resolución.
La discusión llegó hasta el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien intervino para explicar que las observaciones buscaban construir una decisión respaldada por la mayoría y no representar una falta de respeto hacia la ponente.
¿Por qué María Estela Ríos reclamó a sus compañeros de la Corte?
El desacuerdo comenzó cuando los ministros Giovanni Figueroa, Yasmín Esquivel, Arístides Guerrero y Sara Irene Herrerías plantearon cambios a distintos apartados del proyecto elaborado por Ríos González.
Aunque coincidían con la conclusión de negar el amparo, no compartían completamente la manera en que la ministra había desarrollado la argumentación jurídica.
Ante las observaciones, Ríos consideró que se le estaba pidiendo incorporar razonamientos que no correspondían con su propia interpretación del asunto.
Incluso propuso que, si la mayoría no estaba de acuerdo con su trabajo, votaran en contra del proyecto para que el expediente fuera turnado a otro integrante de la Corte, quien pudiera elaborar una nueva propuesta conforme al criterio mayoritario.
Sin embargo, su planteamiento no prosperó y sus compañeros insistieron en modificar algunos párrafos para resolver el caso durante esa misma sesión.
Fue entonces cuando la ministra expresó su inconformidad:
“Yo sí pido que se respete mi decisión, porque lo otro es no respetar mi manera de hacer las cosas y creo que ustedes no me pueden obligar a hacerlo; si no les convence (mi proyecto), está bien, pero obligar a hacerlo como ustedes quieren me parece que es una falta de respeto a mi posición de ministra”.
Hugo Aguilar intervino y la ministra insistió en su postura
Ante el reclamo, el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, intentó explicar que las modificaciones no representaban una descalificación personal ni una falta de respeto a la ministra.
El ministro señaló que cada integrante del Pleno tiene libertad para expresar sus argumentos, pero que las sentencias deben reflejar el criterio que finalmente adopte la mayoría.
Ríos González respondió que los cambios propuestos no modificaban necesariamente el sentido de la resolución, pues, desde su perspectiva, se podía llegar a la misma conclusión utilizando distintos métodos de interpretación.
“Si la mayoría lo decide, está bien, pero no me parece pertinente que quieran obligarme, porque se llega a la misma conclusión, a la misma conclusión, con un método o con el otro; simplemente se hace de una manera distinta, entonces sí pido respeto”, sostuvo.
La ministra también afirmó que no era la primera ocasión en que se utilizaba ese argumento para cuestionar sus posiciones dentro del Pleno.
Aguilar Ortiz volvió a intervenir para aclarar que no se pretendía imponer una decisión personal, sino alcanzar una resolución que contara con el respaldo mayoritario.
A pesar de las diferencias, Ríos González finalmente aceptó incorporar los cambios y el asunto pudo resolverse.
¿Qué estaba discutiendo la Suprema Corte sobre los datos de los celulares?
Más allá del intercambio entre los ministros, el expediente tenía implicaciones para los usuarios de servicios de telecomunicaciones en México.
El amparo en revisión 193/2026 abordó la constitucionalidad de distintas disposiciones del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, relacionadas con las obligaciones de las empresas del sector de conservar determinados registros y colaborar con las autoridades.
La persona que promovió el amparo argumentó que estas disposiciones podían vulnerar derechos como la privacidad, la protección de datos personales, la libertad de expresión y la libertad de asociación.
Entre los puntos cuestionados se encontraban:
- Conservación de registros telefónicos: la obligación de las empresas de telecomunicaciones de guardar información sobre las comunicaciones realizadas desde sus redes.
- Datos de tráfico de Internet: información relacionada con el uso de los servicios y las conexiones de los usuarios.
- Acceso de las autoridades: las condiciones bajo las cuales las instituciones facultadas pueden solicitar información conservada por las compañías.
- Geolocalización en tiempo real: la posibilidad de conocer la ubicación de dispositivos móviles conforme a los procedimientos legales.
- Bloqueo de señales: las obligaciones relacionadas con la suspensión o bloqueo de líneas y servicios en determinados supuestos.
Es importante distinguir que conservar datos de comunicación no equivale a escuchar llamadas, leer mensajes o acceder directamente a su contenido. Se trata de información asociada a las comunicaciones, como registros y datos de tráfico.
¿Qué resolvió finalmente la Suprema Corte?
Después de incorporar las modificaciones solicitadas durante la discusión, el Pleno resolvió negar el amparo y validar las disposiciones impugnadas del artículo 183 de la legislación en materia de telecomunicaciones.
La resolución consideró que la conservación de determinados registros no representa por sí misma una violación a la privacidad ni a la protección de datos personales.
Uno de los argumentos centrales fue que la información conservada corresponde a datos asociados al proceso de comunicación y no al contenido de las conversaciones privadas.
La Corte también sostuvo que el acceso a esos registros no puede realizarse de manera irrestricta. Para obtener información que requiere control judicial, las autoridades deben cumplir con los requisitos constitucionales y contar con la autorización correspondiente.
En ese sentido, el proyecto estableció que la conservación de información por parte de las compañías telefónicas debe sujetarse a las condiciones de seguridad, confidencialidad y control previstas en la legislación.
La resolución también descartó que las disposiciones impugnadas demostraran, por sí mismas, una afectación directa a las libertades de expresión y asociación.
¿Por qué importa esta resolución para los usuarios de telefonía?
El caso tiene relevancia porque aborda qué información relacionada con las comunicaciones puede conservarse, bajo qué condiciones y cómo pueden acceder a ella las autoridades.
Para los usuarios, esto significa que los registros asociados a sus servicios de telecomunicaciones están sujetos a obligaciones legales de conservación, mientras que su entrega a las autoridades debe respetar los límites establecidos por la Constitución y las leyes aplicables.
La resolución no significa que las autoridades puedan escuchar libremente las conversaciones o revisar cualquier comunicación privada sin restricciones.
El debate también puso sobre la mesa la forma en que deben construirse las sentencias de la Suprema Corte: aunque una mayoría coincida con el resultado de un proyecto, puede solicitar cambios en los argumentos jurídicos que lo sustentan.
Ese fue el punto que provocó el intercambio entre María Estela Ríos y sus compañeros, antes de que la ministra aceptara modificar su propuesta y el Pleno concluyera la revisión del amparo.
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