SCJN validó la Ley de Ciencias y ahora restringirán apoyos económicos del Sistema de Investigadores a privados

MÉXICO. — La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó la constitucionalidad de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) aprobada en 2023.

De acuerdo con información oficial publicada por La Jornada, el pleno del máximo tribunal determinó, por una mayoría de siete votos contra uno, que la norma no resulta discriminatoria al dar prioridad a los investigadores y estudiantes del sector público para la asignación de estímulos del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) y becas de posgrado.

La resolución, originada por dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores de oposición, fija el criterio oficial que deben aplicar los tribunales inferiores para resolver más de 90 juicios de amparo promovidos por académicos de universidades privadas.

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Durante la sesión, el ministro Giovanni Figueroa Mejía se excusó de participar debido a que interpuso uno de esos amparos antes de incorporarse al pleno.

Los argumentos de la resolución y las excepciones para el sector privado

El proyecto elaborado por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra validó el texto legal al considerar que busca administrar con eficiencia los recursos del Estado y enfocar la investigación científica hacia las necesidades sociales del país.

Para evitar la inconstitucionalidad de la norma, la resolución estableció una interpretación conforme que permite a investigadores de instituciones privadas acceder a apoyos públicos bajo las siguientes condiciones:

• Colaboración institucional: El artículo 41 permite otorgar apoyos a académicos de instituciones privadas cuando impartan docencia, coordinen programas o realicen actividades sustantivas dentro de universidades públicas.
• Alineación con prioridades: El artículo 34 habilita la entrega de estímulos si los proyectos de investigación privados se vinculan directamente con los objetivos de la agenda nacional en ciencia e innovación.
• Criterios para becas de posgrado: La Corte avaló que las becas y estancias posdoctorales garanticen recursos prioritarios a estudiantes de instituciones públicas, mientras que en las privadas se condiciona a que no cobren colegiaturas a los alumnos.

Respecto a este alcance normativo, la ministra ponente Sara Irene Herrerías explicó la interpretación aprobada por el pleno:

“El proyecto adopta una interpretación conforme que salva la constitucionalidad de ambos artículos. El artículo 41 permite apoyos gubernamentales e investigadores de instituciones no públicas cuando realicen actividades sustantivas, docencia de cursos, coordinación de programas, entre otros, en instituciones públicas. O bien, el artículo 34 habilita dichos estímulos cuando sus proyectos se vinculan con las prioridades de la agencia nacional”.

Debate en el pleno: aportaciones, fideicomisos y gasto en ciencia

La discusión generó posturas encontradas entre las integrantes del pleno sobre la equidad en la distribución de los fondos públicos y el historial de financiamiento en el país:

• Voto en contra y defensa académica: La ministra Loretta Ortiz Ahlf fue la única integrante en votar contra las restricciones, señalando que no todas las instituciones privadas persiguen fines lucrativos. Expuso su experiencia como docente por 44 años en la Escuela Libre de Derecho sin percibir sueldo para ejemplificar la diversidad del sector.
• Fiscalización de recursos: En respuesta, la ministra María Estela Ríos González defendió la concentración de fondos en proyectos prioritarios y cuestionó el uso de recursos públicos en administraciones pasadas, citando financiamientos otorgados previamente a proyectos comerciales privados.
• Transferencias históricas: La ministra Lenia Batres Guadarrama señaló que entre 2013 y 2018 el extinto Conacyt transfirió más de 45 mil millones de pesos a empresas privadas, en contraste con los 7 mil millones destinados a ciencia básica, además de registrarse más de 22 mil millones de pesos en fideicomisos con proyectos inconclusos.

Presencia militar en la Junta de Gobierno y libertad académica

El tribunal también abordó otros puntos impugnados dentro de la estructura operativa de la legislación:

• Participación de Fuerzas Armadas: Se confirmó la legalidad de que las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Semar) integren la Junta de Gobierno del organismo de ciencia, al concluir que su presencia no militariza la investigación del país.
• Sustitución institucional: Esta disposición se mantendrá vigente mientras concluyen los ajustes legales para la transición hacia la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).
• Libertad de cátedra: La Corte rechazó que la ley viole la autonomía investigativa, al determinar que la fijación de una agenda nacional no impone metodologías, contenidos ni líneas de estudio a los académicos.

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¿Qué significa este fallo para investigadores y estudiantes de universidades privadas?

Para quienes forman parte de la comunidad académica en instituciones privadas, el fallo de la SCJN establece las siguientes pautas prácticas:

• Mantenimiento de amparos: Los juzgados de distrito resolverán las demandas pendientes aplicando el criterio de la Corte, por lo que los apoyos del SNII requerirán cumplir con los convenios de colaboración con el sector público.
• Proyectos en vinculación: Los investigadores privados podrán postular a fondos públicos siempre que sus protocolos atiendan problemas nacionales delimitados por la Secihti.
• Becas para posgrados: Los alumnos que cursen posgrados en universidades privadas deberán verificar si su programa cuenta con exención total de colegiatura para poder solicitar la beca de manutención estatal.