El Imparcial / México / Suprema Corte de Justicia de la Nación

SCJN falló a favor de la geolocalización de celulares y bloqueo de líneas bajo estos contextos

La resolución establece los alcances de estas obligaciones para los concesionarios y precisa los controles judiciales que protegen los datos de las personas usuarias.

SCJN falló a favor de la geolocalización de celulares y bloqueo de líneas bajo estos contextos

MÉXICO. — Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó mantener vigentes las disposiciones que obligan a las empresas de telefonía e internet a conservar datos de comunicaciones, entregarlos a las autoridades en un plazo máximo de 24 horas, colaborar en la geolocalización en tiempo real, bloquear líneas reportadas como robadas y anular la señal en centros penitenciarios.

De acuerdo con información difundida en un comunicado oficial de la SCJN, el tribunal negó el amparo 193/2026 promovido por un ciudadano contra cinco disposiciones del artículo 183 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada el 16 de julio de 2025.

La resolución establece los alcances de estas obligaciones para los concesionarios y precisa los controles judiciales que protegen los datos de las personas usuarias.

La Suprema Corte resolvió el 4 de junio de 2026 el caso que cuestionó el requisito de cinco años de convivencia para la pensión por viudez del IMSS.

¿Qué obligaciones mantienen las empresas de telefonía e internet?

La sentencia del tribunal confirma la validez de cinco deberes legales para las compañías que prestan servicios de telecomunicaciones en México:

  • Resguardo de registros: Conservar los datos técnicos vinculados con las comunicaciones telefónicas y el tráfico de internet.
  • Entrega con límite de tiempo: Proporcionar la información requerida por las autoridades en un plazo máximo de 24 horas.
  • Ubicación en tiempo real: Colaborar en la localización geográfica de dispositivos móviles en el momento en que se solicita.
  • Bloqueo por robo: Suspender el servicio de las líneas telefónicas reportadas como robadas.
  • Inhibición en centros penitenciarios: Anular la señal de telefonía y transmisión de datos dentro de los penales.
El módem MiFi de CFE permite crear una red inalámbrica para conectar varios dispositivos mediante internet móvil.

¿Las autoridades pueden leer mensajes o escuchar llamadas?

En la demanda inicial, el ciudadano señaló que el resguardo de datos de telefonía y tráfico de Internet vulneraba la privacidad y generaba autocensura en la libertad de expresión. Al analizar el caso, la mayoría de los ministros desestimó estos planteamientos bajo los siguientes criterios:

  • Destinatarios de la norma: La legislación regula la operación de las empresas concesionarias y no impone obligaciones directas a las personas usuarias.
  • Protección del contenido: La ley en ningún momento autoriza acceder al contenido de las llamadas, mensajes o conversaciones.
  • Resguardo de identidad: El tratamiento de la información permanece sujeto a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
  • Ausencia de monitoreo: El almacenamiento de registros técnicos no equivale a una vigilancia directa ni limita la libertad de expresión.

Sobre el objetivo de estas disposiciones en la legislación, la ministra ponente María Estela Ríos González expuso:

“La finalidad que se persigue es combatir actos que pudieran ser susceptibles de dañar la seguridad pública, la seguridad nacional y el interés público”.

En el mismo sentido, el ministro Giovanni Figueroa Mejía precisó la naturaleza administrativa de la norma:

“Estas disposiciones no son del orden procesal penal, sino que se trata de una legislación dirigida de manera preponderante a los concesionarios de telecomunicaciones”.

¿Se requiere orden de un juez?

Para aclarar las dudas sobre el acceso a la información telefónica por parte de fiscalías o corporaciones de seguridad, la resolución diferencia entre el historial de comunicaciones y la ubicación en tiempo real:

  • Sábanas de llamadas (registros almacenados): La sentencia reitera que la ley debe aplicarse junto con el artículo 16 de la Constitución y los criterios previos de la Corte, por lo que únicamente un juez federal puede autorizar a las autoridades investigadoras el acceso a estos registros.
  • Ubicación geográfica en tiempo real: El proyecto de la ministra María Estela Ríos González distinguió esta herramienta de una intervención de comunicaciones privadas y la clasificó como un “acto de molestia”, al señalar que “la primera únicamente permite identificar la ubicación aproximada de un equipo terminal móvil sin acceder al contenido de las comunicaciones”.
  • Aplicación del Código Nacional: A propuesta de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien indicó que “bastaría con precisar que la norma impugnada no deja sin efectos el artículo 303 del Código Nacional”, la ponente incorporó dicha aclaración en el texto de la sentencia.
  • Control judicial previo: El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz subrayó que “la norma aplicable es el artículo 303 del Código Nacional, y el 303 reformado en 2016 establece que sí se requiere control judicial previo para la geolocalización”.
  • Objeciones sobre la remisión legal: El ministro Irving Espinoza Betanzo votó en contra de cuatro de los cinco puntos porque la ley indica que las empresas colaborarán “en los términos que establezcan las leyes”, sin citar de forma expresa el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales —el cual exige autorización judicial previa, ratificación en 48 horas en casos de urgencia y un límite de 90 días para conservar los datos— y cuestionó:

“Si el Código Nacional establece condiciones para utilizar esta herramienta, ¿qué garantiza que la remisión abierta de la Ley de Telecomunicaciones no se utilice para eludirlas?”.

Posturas en contra sobre el resguardo de datos de la población

Durante la sesión del Pleno, una minoría de integrantes se pronunció contra el alcance del almacenamiento de registros y la clasificación de la geolocalización, aunque sus propuestas no modificaron el fallo:

  • Almacenamiento sin sospecha: El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García recordó que “los concesionarios de telecomunicaciones son los que están resguardando nuestros datos personales” y sostuvo que “una medida que almacena datos de toda la población sin sospecha individualizada falla en la grada de necesidad”, por lo que propuso conservar datos específicos solo cuando exista una investigación penal en curso.
  • Riesgo por análisis acumulado: La ministra Sara Irene Herrerías Guerra señaló que “el análisis acumulado de datos puede revelar aspectos de la vida privada que exceden al conocimiento aislado de cada comunicación” y respecto a la ubicación en tiempo real afirmó que “es incorrecto clasificar esa medida simplemente como un acto de molestia”.

¿Cómo fue el juicio de amparo 193/2026?

El expediente revisado por el máximo tribunal atravesó tres etapas procesales antes de su resolución:

  • Inicio del litigio: El ciudadano promovió el juicio de amparo el 27 de agosto de 2025, tras la entrada en vigor de la reforma publicada el 16 de julio de ese año.
  • Cancelación en primera instancia: En 2026, una jueza federal determinó cancelar el juicio de amparo.
  • Revisión final en la SCJN: Un tribunal colegiado revocó la cancelación dictada por la jueza y envió el asunto al Pleno de la Suprema Corte para emitir la sentencia definitiva.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Únete al canal aquí

Temas relacionados