Morena explicó y justificó por qué la ASF investigará al INE antes de a Guadalupe Taddei
La postura es que la antigüedad de una contratación no debe impedir que se revisen posibles irregularidades.
MÉXICO. — La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigará las contrataciones públicas del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), del actual Instituto Nacional Electoral (INE) y de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), en una revisión que comprende el periodo de 2000 a 2025.
El anuncio abrió un debate en el Senado sobre el alcance de la fiscalización, los posibles beneficios de revisar administraciones anteriores y la necesidad de esclarecer presuntas irregularidades recientes durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE.
De acuerdo con la información publicada por El Universal, las posturas de los grupos parlamentarios se dividieron.
Morena respaldó que se investiguen posibles actos de corrupción sin importar cuánto tiempo haya transcurrido, mientras que legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la pertinencia de extender la revisión hasta hace 25 años.
El Partido Verde, por su parte, llamó a considerar los recursos disponibles para la ASF y la importancia de recuperar el dinero público que pudiera haberse utilizado de manera irregular.
El debate también puso sobre la mesa propuestas para modificar las reglas de contratación y nombramiento de funcionarios del INE.
Entre ellas, destaca una iniciativa anunciada por el senador Manlio Fabio Beltrones para que las contrataciones superiores a 10 millones de pesos sean aprobadas por el Consejo General del organismo y no dependan de una sola persona.
¿Qué investigará la Auditoría Superior de la Federación?
La revisión anunciada por la ASF contempla las contrataciones públicas realizadas entre 2000 y 2025 en tres ámbitos del sistema electoral mexicano:
- El Instituto Federal Electoral (IFE): organismo que antecedió al actual INE.
- El Instituto Nacional Electoral (INE): encargado de organizar las elecciones federales.
- Los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE): responsables de organizar los comicios en cada entidad federativa.
La investigación busca revisar posibles irregularidades en el uso de recursos públicos relacionados con contrataciones.
Sin embargo, el alcance temporal de la auditoría generó cuestionamientos entre legisladores de oposición, quienes consideran que también deben esclarecerse los señalamientos recientes sobre la administración del INE.
Morena defiende investigar contrataciones de hasta 25 años atrás
El presidente del Senado, Higinio Martínez, rechazó que la revisión de contrataciones anteriores represente un despropósito o una estrategia para desviar la atención de otros asuntos.
El legislador sostuvo que la ASF debe investigar los periodos que considere necesarios, siempre que sus actuaciones se encuentren dentro de sus facultades legales.
“Por un año, por dos, por diez, por veinte. Mientras esté en sus facultades no habría ningún problema”, afirmó.
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Martínez también señaló que las investigaciones no deben limitarse al sistema electoral, sino extenderse a cualquier institución pública donde existan señalamientos de corrupción.
“Vamos a limpiar todo. Vamos a darle una sacudida”, expresó.
La postura de Morena es que la antigüedad de una contratación no debe impedir que se revisen posibles irregularidades, siempre que exista fundamento legal para hacerlo.
Manlio Fabio Beltrones cuestiona la utilidad de revisar 25 años
El senador sin partido Manlio Fabio Beltrones consideró que investigar contrataciones realizadas hace dos décadas podría adquirir un carácter político, particularmente si se toman en cuenta los plazos de prescripción de las responsabilidades.
El legislador sostuvo que las responsabilidades penales prescriben a los cinco años, mientras que las administrativas o fiscales lo hacen a los diez. Estos plazos fueron parte de su argumento para cuestionar la utilidad de una revisión que abarque desde 2000.
No obstante, los plazos de prescripción dependen del tipo de responsabilidad, la conducta investigada y la legislación aplicable. Por ello, no puede asumirse que todos los posibles procedimientos relacionados con contrataciones antiguas estén prescritos.
Beltrones afirmó que la fiscalización debería concentrarse en las decisiones recientes del INE y, particularmente, en las atribuciones que habría tenido Guadalupe Taddei para realizar nombramientos de manera unilateral.
¿Qué cambios propone Manlio Fabio Beltrones para el INE?
El senador anunció que presentará una iniciativa para modificar las reglas internas del organismo electoral.
Su propuesta contempla dos medidas principales:
- Restablecer la colegiación en los nombramientos de funcionarios del INE, con el propósito de que las decisiones no dependan de una sola persona.
- Establecer que las contrataciones superiores a 10 millones de pesos sean aprobadas por el Consejo General del INE, en lugar de quedar bajo la decisión individual de un funcionario.
La propuesta busca que las decisiones administrativas y de contratación tengan una revisión colectiva dentro del órgano electoral.
PRI pide transparentar la gestión de Guadalupe Taddei
El senador priista Rolando Zapata coincidió en que la prioridad debe ser revisar las contrataciones y decisiones tomadas durante la presidencia de Guadalupe Taddei en el INE.
Aunque reconoció que una auditoría histórica puede estar contemplada dentro de las normas, sostuvo que la ciudadanía también espera conocer qué ocurrió durante la administración actual y cuáles serían las consecuencias de las posibles irregularidades.
La postura del PRI se centra en que la revisión debe permitir identificar:
- Qué contrataciones presentaron posibles irregularidades.
- Quiénes fueron los funcionarios responsables de autorizarlas.
- Si existieron faltas administrativas o delitos.
- Qué consecuencias podrían derivarse de las investigaciones.
El partido considera que una revisión de periodos anteriores no debe desplazar la atención sobre los señalamientos relacionados con la actual dirección del organismo electoral.
PAN acusa una “cortina de humo” y pide investigar al INE
El senador panista Miguel Márquez pidió a la Auditoría Superior de la Federación concentrarse en los hechos recientes y evitar que las investigaciones históricas desvíen la atención de las presuntas irregularidades actuales.
El legislador calificó el anuncio como una “cortina de humo” y sostuvo que los señalamientos relacionados con el INE deben investigarse sin proteger a ninguna persona.
“Que caiga quien caiga”, expresó.
Márquez señaló que el organismo electoral necesita recuperar la confianza ciudadana y garantizar condiciones de imparcialidad, certeza y legitimidad de cara a las elecciones de 2027.
Para el PAN, la prioridad es esclarecer los posibles problemas de la administración actual y determinar si existen responsabilidades.
Partido Verde pide cuidar los recursos de la ASF
El senador del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, mantuvo una postura más cautelosa respecto a la revisión histórica.
Aunque consideró que la ASF puede tener motivos para investigar contrataciones anteriores, pidió tomar en cuenta los recursos disponibles y atender también los pendientes de fiscalización de años recientes.
“Lo más valioso es cuidar los recursos de la Auditoría Superior de la Federación, que no son los que debieran ser”, señaló.
El legislador planteó que las auditorías deben tener objetivos concretos y no limitarse a exhibir posibles actos ilícitos.
Desde su perspectiva, una investigación debe permitir:
- Identificar el uso irregular de recursos públicos.
- Recuperar el dinero que corresponda.
- Determinar responsabilidades de los funcionarios involucrados.
- Aplicar las sanciones que establezca la ley.
Su postura pone el foco en la capacidad operativa de la ASF para atender las investigaciones y darles seguimiento.
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Movimiento Ciudadano rechaza ampliar la revisión hasta 2000
El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, calificó de “completamente sin sentido” que la investigación abarque contrataciones realizadas desde el año 2000.
El legislador acusó que la revisión podría convertirse en una “cacería de brujas” para desviar la atención de los señalamientos actuales relacionados con el sistema electoral.
Colosio Riojas consideró que las autoridades deben asumir su responsabilidad sobre los hechos que ocurren en 2026, en lugar de buscar culpables en administraciones anteriores.
También advirtió que la revisión histórica podría utilizarse para construir una narrativa política y evitar que se esclarezcan las presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones recientes del INE.
Movimiento Ciudadano sostiene que la fiscalización debe centrarse en los hechos actuales y en las responsabilidades de quienes se encuentran al frente de las instituciones.
¿Por qué la auditoría del INE genera una disputa política?
La revisión de las contrataciones del IFE, el INE y los OPLE abrió una discusión sobre dos aspectos centrales: el alcance de las facultades de fiscalización y la prioridad que deben tener las investigaciones.
Las posturas de los senadores pueden resumirse de la siguiente manera:
- Morena: respalda revisar los periodos que permita la ley, sin importar su antigüedad.
- PRI: pide esclarecer las presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei.
- PAN: considera que la revisión histórica puede distraer de los señalamientos recientes.
- Movimiento Ciudadano: cuestiona que se investigue desde 2000 y pide atender los hechos actuales.
- Partido Verde: plantea priorizar los recursos de la ASF y buscar la recuperación del dinero público.
- Manlio Fabio Beltrones: propone modificar las reglas de nombramientos y contratación del INE.
El punto central de la discusión es si la revisión de 25 años de contrataciones permitirá identificar responsabilidades y recuperar recursos públicos, o si su alcance podría utilizarse con fines políticos.
Por ahora, las posturas de los legisladores reflejan el desacuerdo sobre la prioridad y el alcance de la investigación. La determinación de posibles irregularidades y responsabilidades corresponderá a las autoridades fiscalizadoras y, en su caso, a las instancias competentes.
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