Empresas ligadas al “clan Taddei” obtuvieron más de 123 millones de pesos en contratos de Órganos Públicos Locales Electorales para la compra de material durante la elección judicial de 2025, según revisiones de la Auditoría Superior de la Federación

Las empresas Cajas Graf y Litho Formas, vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas y relacionadas con el entorno de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, obtuvieron 123 millones 143 mil 630 pesos de diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) durante la elección judicial de 2025.

De acuerdo con una revisión de contratos celebrados durante 2025 y documentados por El Universal, un conglomerado de siete empresas investigadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) operó de manera coordinada para concentrar la proveeduría de material electoral en al menos cinco entidades federativas. Las indagatorias señalan posibles prácticas de simulación de competencia y adjudicaciones con nexos institucionales que se remontan a más de una década.

¿Cómo operaba la red de empresas ligada al entorno de Guadalupe Taddei?

Las indagatorias ministeriales y de fiscalización superior identificaron un esquema de triangulación y simulación mercantil. Las siete compañías relacionadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas y su hermano, Raymundo Francisco Hernández Casillas, se presentaban en los concursos públicos como competidoras independientes.

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Sin embargo, compartían representantes legales, directrices operativas y registros ante el Registro Público del Comercio con domicilios fiscales idénticos.

Trabajadores de las propias compañías confirmaron la interconexión operativa. Durante una visita a inmuebles ubicados en la colonia Xalostoc, en el Estado de México, se constató que oficinas como las de Cajas Graf y Corporativo Zeg estaban separadas por apenas dos calles, en las calles Luis G. Sada y Escape, respectivamente.

En esos lugares, personal de una firma reconoció que realizaba labores para la otra de manera indistinta. De acuerdo con la información revisada, esta estructura corporativa permitía simular concurrencia en licitaciones públicas y presentar una pluralidad aparente de propuestas, mientras los recursos se concentraban en el mismo grupo de interés.

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¿Qué contratos otorgaron los OPLE para la elección judicial de 2025?

Durante el proceso extraordinario para renovar cargos del Poder Judicial, los institutos electorales estatales destinaron recursos a la adquisición de boletas, urnas y materiales de simulación. Los contratos identificados fueron los siguientes:

1. Quintana Roo: El Instituto Electoral local (IEQROO) firmó el contrato IEQROO/LPN/16/2025 con Litho Formas por 34 millones 798 mil pesos. Posteriormente, otorgó a Cajas Graf una adenda de 15 millones 897 mil 222 pesos, con lo que el monto total superó los 50.6 millones de pesos en la entidad.
2. Sonora: El instituto estatal firmó el contrato 038/2025 por 29 millones 996 mil 292 pesos. A esa cantidad se añadió una modificación presupuestal mediante el seguimiento 039/2025 por un millón 102 mil pesos, con lo que el desembolso a favor de Cajas Graf superó los 31 millones de pesos.
3. San Luis Potosí: El organismo electoral local entregó 16 millones 899 mil 925 pesos a Litho Formas para abastecer los materiales de la jornada.
4. Coahuila: Se formalizó el contrato LPN-002-20-2025 por 16 millones 874 mil 959 pesos.
5. Nayarit: El instituto estatal asignó un contrato por 7 millones 575 mil 228 pesos a la misma proveedora para garantizar los insumos de la elección.

¿Qué antecedentes de contratos y vínculos documentan la ASF y la UIF?

Las indagatorias de la ASF y la UIF señalan que la relación comercial de este grupo corporativo con estructuras electorales no se limitó a la elección judicial. Documentación oficial obtenida desde finales de octubre indica que, en años anteriores, estas mismas empresas obtuvieron contratos por más de mil millones de pesos en los OPLE de al menos 13 estados del país.

Las investigaciones ubican los vínculos entre esta red empresarial y Guadalupe Taddei al menos desde 2014, cuando ella se desempeñaba como consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sonora, cargo que ocupó hasta 2021.

Aunque los contratos fiscalizados corresponden a ejercicios previos y recientes, las autoridades federales intensificaron la revisión por las irregularidades detectadas en las justificaciones de adjudicación directa y por la posible simulación de competencia mercantil en los procesos de compras públicas.

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¿Cómo afecta esta situación al uso de recursos públicos?

La posible simulación de competencia en los organismos electorales plantea dudas sobre la transparencia en el uso de recursos públicos destinados a organizar elecciones.

La aplicación de estos recursos exige:

• Transparencia en los procesos de contratación.
• Competencia efectiva entre proveedores.
• Fiscalización de los contratos y sus modificaciones.
• Rendición de cuentas sobre el destino del dinero público.

Cuando los presupuestos electorales se concentran mediante redes de empresas con domicilios compartidos y vínculos políticos históricos, se ponen bajo revisión los principios de eficiencia y honradez en el gasto público.