Morena exige investigar los contratos del INE durante las gestiones de Guadalupe Taddei y Lorenzo Córdova, señala antecedentes de presuntas irregularidades y pide identificar quién autorizó las operaciones y quiénes se beneficiaron
La exigencia incluye revisar quién autorizó las contrataciones, qué empresas recibieron los contratos y si hubo beneficios indebidos. Entre los antecedentes señalados figura un arrendamiento de vehículos por hasta 912.9 millones de pesos
La investigación sobre las presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Instituto Nacional Electoral (INE) no debe limitarse a los funcionarios que estuvieron al frente del organismo en los últimos años. Morena pidió revisar también las contrataciones realizadas durante la gestión de Lorenzo Córdova, así como los antecedentes del antiguo Instituto Federal Electoral (IFE), para conocer quién autorizó las operaciones, qué empresas participaron y quiénes pudieron obtener beneficios.
En su comunicado 152/2026, difundido el 1 de noviembre, el partido sostuvo que los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos del organismo electoral vienen de administraciones anteriores y no comenzaron con Guadalupe Taddei. La postura también se produce después de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión amplia de los contratos del instituto.
Morena señaló que los cambios en la presidencia del INE no deben detener las investigaciones ni dejar sin revisar las decisiones tomadas por quienes ocuparon cargos anteriormente. Su petición es que las autoridades establezcan si existieron irregularidades y, de ser así, determinen las responsabilidades correspondientes.
El contrato de Jet Van que Morena puso como antecedente
Entre los casos que el partido pidió revisar se encuentra un contrato de arrendamiento y administración del parque vehicular del INE, adjudicado en 2015 a la empresa Jet Van Car Rental, durante la presidencia de Lorenzo Córdova.
Morena recordó esta contratación porque, según su posicionamiento, el costo fue cuestionado por la entonces Contraloría del organismo electoral y representa un antecedente de los problemas que ahora se busca esclarecer.
El expediente documental de la contratación, elaborado con el seguimiento de Transparencia Mexicana, permite precisar el monto: el contrato plurianual estableció un presupuesto mínimo de 636 millones 610 mil 723 pesos y un máximo de 912 millones 958 mil 488 pesos, ambas cantidades con IVA incluido.
El acuerdo tuvo una vigencia del 27 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018. El servicio contemplaba el arrendamiento y la administración de vehículos para distintas áreas del instituto.
Es importante distinguir que el monto máximo era el límite previsto en el contrato y no necesariamente el dinero que terminó ejerciéndose. Además, el informe de Transparencia Mexicana documentó el procedimiento de licitación y formuló recomendaciones para mejorar sus procesos, por lo que no debe interpretarse por sí mismo como una resolución que acredite corrupción.
¿Qué información quiere conocer Morena sobre los proveedores?
La solicitud del partido no se limita a revisar cuánto dinero se destinó a las contrataciones. También busca reconstruir cómo se tomaron las decisiones y quiénes intervinieron en cada operación.
Entre los puntos que Morena considera necesario esclarecer están:
- Quiénes autorizaron los contratos que actualmente están bajo cuestionamiento.
- Qué empresas participaron como proveedoras y desde cuándo mantienen relaciones comerciales con el INE.
- Quiénes se beneficiaron de las contrataciones y si existieron ventajas indebidas.
- Por qué no se corrigieron las posibles irregularidades que, según el partido, ya habían sido identificadas en ejercicios anteriores.
- Qué funcionarios actuales y anteriores podrían tener alguna responsabilidad.
Morena también pidió que el Órgano Interno de Control (OIC) del INE proporcione a la ASF los expedientes y la información disponible sobre las contrataciones cuestionadas.
El partido sostuvo que las investigaciones deben continuar aunque haya cambios en los cargos directivos. En su comunicado advirtió: “La salida de una funcionaria no puede cerrar las investigaciones ni dejar en el olvido las responsabilidades de ex servidores públicos”.
La exigencia, por tanto, es que la revisión permita seguir el recorrido de los recursos públicos, desde la autorización de los contratos hasta la identificación de sus posibles beneficiarios.
Sheinbaum también pidió revisar las gestiones de Taddei y Córdova
La exigencia de Morena coincide con el llamado que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum el 27 de octubre, cuando solicitó a la Auditoría Superior de la Federación revisar las contrataciones del INE correspondientes tanto a la administración de Guadalupe Taddei como a los periodos anteriores.
Durante su conferencia matutina, la mandataria pidió que la fiscalización no se limite al último año y que permita conocer desde cuándo las empresas señaladas mantienen contratos con el organismo.
“Que se audite todo”, planteó Sheinbaum al referirse a la necesidad de transparentar las operaciones y determinar si existen responsabilidades.
La presidenta también señaló que el Órgano Interno de Control debe entregar a la ASF la información que tenga sobre los expedientes relacionados con las contrataciones.
La revisión tiene como contexto los cuestionamientos sobre empresas proveedoras de materiales electorales y posibles conflictos de interés. Por ello, el alcance planteado contempla conocer los antecedentes de las relaciones comerciales y no solamente las operaciones más recientes.
¿Qué respondió Lorenzo Córdova a los señalamientos?
El exconsejero presidente del INE rechazó las acusaciones relacionadas con el manejo de recursos durante su administración, que comprendió de 2014 a 2023.
Después de que Sheinbaum solicitara revisar los contratos de ese periodo, Córdova aseguró que el organismo estuvo sujeto a distintas auditorías y que las observaciones de los órganos fiscalizadores fueron atendidas.
A través de declaraciones difundidas el 28 de octubre, sostuvo:
“En todos los años de mi gestión, el INE fue auditado por la ASF sin encontrar irregularidades y sus observaciones fueron atendidas en tiempo y forma”.
También afirmó que la última auditoría que le correspondió, correspondiente a 2022, concluyó sin señalamientos.
Córdova manifestó que no tiene inconveniente en que las autoridades vuelvan a revisar las contrataciones de su administración. Su postura contrasta con los cuestionamientos de Morena y del Gobierno federal sobre los antecedentes de los proveedores y el manejo de los recursos del instituto.
Morena niega haber designado a Guadalupe Taddei
Otro de los puntos que Morena incluyó en su posicionamiento fue la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE en 2023.
El partido rechazó que su nombramiento haya sido una decisión directa de Morena y recordó que Taddei ya tenía una trayectoria dentro de las instituciones electorales antes de asumir esa responsabilidad.
En 2014 fue designada al frente del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del INE, que entonces era encabezado por Lorenzo Córdova.
Posteriormente, en 2023, llegó a la presidencia del instituto mediante un procedimiento de insaculación, es decir, un sorteo realizado en la Cámara de Diputados después de que no se consiguió la mayoría calificada necesaria para elegir a las personas que ocuparían los cargos.
Con este argumento, Morena buscó deslindarse de su designación y sostuvo que las responsabilidades por posibles irregularidades deben establecerse a partir de las actuaciones de cada funcionario, sin importar quién haya participado en su nombramiento.
Las investigaciones deben continuar pese al relevo en el INE
La controversia también ocurre después de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo, en medio de cuestionamientos sobre contrataciones y posibles conflictos de interés.
El 27 de octubre, durante una sesión extraordinaria del Consejo General, se abordó la necesidad de mantener las investigaciones y garantizar que los cambios en la dirección del instituto no afectaran los procedimientos en curso.
En esa sesión se planteó que la ASF y el Órgano Interno de Control deben continuar con las revisiones y que las autoridades competentes tendrán que determinar si existen elementos para establecer responsabilidades.
Para Morena, el esclarecimiento de las contrataciones debe abarcar a todas las administraciones involucradas. El partido sostuvo que la autonomía del INE no debe impedir la fiscalización de sus recursos ni la rendición de cuentas.
La exigencia final es que se conozca quién tomó las decisiones, cómo se ejerció el presupuesto y si hubo funcionarios o empresas que obtuvieron beneficios indebidos.
Hasta ahora, los señalamientos y las solicitudes de revisión no equivalen a una sentencia ni acreditan por sí mismos responsabilidades penales. La determinación de posibles faltas y sanciones corresponde a las autoridades encargadas de las investigaciones.
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