Laboratorio Electoral advierte que la violencia criminal amenaza las elecciones de 2027 en cinco estados de México, donde grupos delictivos han intimidado a la población, atacado autoridades e interferido en la organización de los comicios
El organismo alertó que las agresiones, amenazas y presiones del crimen organizado pueden afectar desde la selección de candidaturas hasta la instalación de casillas y el ejercicio libre del voto
La violencia criminal representa uno de los principales riesgos para las elecciones de 2027 en México, particularmente en Michoacán, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Guanajuato, donde grupos delictivos han intimidado a la población, atacado a autoridades e interferido en la organización de los comicios.
En su primer informe sobre el próximo proceso electoral, Laboratorio Electoral advirtió que estas condiciones pueden comprometer distintas etapas de la competencia democrática, por lo que llamó a las autoridades y fuerzas políticas a fortalecer las medidas de prevención y protección.
El organismo analizó tres ejes: violencia, gobernanza e integridad electoral. A partir del monitoreo que realiza desde 2018, identificó patrones de agresiones y zonas que requieren atención para evitar que la intervención criminal afecte el desarrollo de las votaciones.
Elecciones de 2023-2024 registraron la mayor violencia documentada
Como antecedente, Laboratorio Electoral señaló que el proceso electoral de 2023-2024 fue el más violento del que se tiene registro en México.
Durante ese periodo, la organización contabilizó:
- 41 contendientes políticos asesinados, al menos, durante el proceso.
- 116 víctimas mortales vinculadas a las elecciones.
- 379 eventos violentos relacionados con la contienda.
- 75% de los ataques se concentraron en el ámbito municipal.
- 92% de las candidaturas asesinadas buscaban una presidencia municipal, sindicatura o regiduría.
La organización también advirtió que la violencia electoral mantiene una tendencia ascendente desde el proceso de 2017-2018, sin que hasta ahora exista una política pública estructurada para atender el problema.
Cinco estados concentran riesgos por violencia criminal
Los hallazgos preliminares identifican a Michoacán, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Guanajuato entre las entidades donde la intervención de grupos delictivos representa una amenaza para la organización electoral.
Entre los riesgos señalados se encuentran:
- Intimidación a la población para influir en las condiciones de participación política.
- Ataques contra autoridades e interferencias en la organización de los comicios.
- Presiones sobre candidaturas para paralizar campañas, forzar renuncias o alterar la competencia.
- Quema de urnas y secuestro de funcionarios electorales, hechos que pueden impedir el desarrollo normal de las votaciones.
El documento también reporta la anulación de 11 elecciones municipales por hechos de violencia y de otras 16 por violaciones a la libertad del sufragio o falta de certeza.
¿Qué propone Laboratorio Electoral para proteger las elecciones de 2027?
Ante este panorama, el organismo planteó que los partidos políticos incorporen medidas de prevención desde las primeras etapas del proceso electoral, especialmente durante la selección de sus aspirantes.
Entre sus recomendaciones destacan:
- Evaluaciones internas de riesgo para identificar posibles amenazas en los municipios donde competirán.
- Revisión de la idoneidad de las candidaturas, considerando las condiciones de seguridad y gobernabilidad.
- Capacitación de aspirantes para enfrentar posibles escenarios de violencia.
- Medidas de prevención y protección que reduzcan la vulnerabilidad de quienes participan en las contiendas.
La advertencia cobra relevancia ante la proximidad del proceso electoral de 2027, pues las agresiones no afectan únicamente a candidatos, sino también a autoridades electorales, colaboradores, militantes, dirigentes partidistas y familiares.
Para Laboratorio Electoral, el reto será fortalecer la seguridad, la gobernanza y la integridad electoral antes de que comiencen las etapas más importantes de la contienda, a fin de evitar que la presión del crimen organizado limite la competencia política o el derecho de la ciudadanía a votar libremente.
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