Rumbo a las elecciones de 2027, el INE busca controlar las contrataciones tecnológicas de los 32 organismos electorales estatales y partidos cuestionan sus facultades legales
La Unidad de Informática del INE envió documentos a los organismos electorales estatales sobre la autorización de empresas de tecnología y ciberseguridad. La medida genera cuestionamientos por las facultades de contratación de los institutos locales y el manejo de recursos rumbo a las elecciones de 2027.
CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) busca intervenir en la selección de proveedores de tecnología y ciberseguridad que contratarán los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) para los comicios de 2027. La medida, impulsada por su Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), provocó cuestionamientos entre asesores electorales y representantes de partidos políticos, debido a que podría afectar las decisiones de contratación de los institutos estatales.
De acuerdo con información de Agencia Reforma, ya se enviaron documentos a organismos locales sobre la autorización de proveedores, aunque todavía no se ha determinado públicamente cuántos los recibieron, qué respuestas dieron ni cuál es el fundamento jurídico específico para imponer dichas condiciones.
La controversia surgió durante una reunión privada de las comisiones unidas de Organización y Capacitación del INE, celebrada el viernes 23 de octubre. En ese encuentro, una asesora del consejero electoral Uuc-Kib Espadas advirtió que la UTSI pretende asumir facultades que corresponden a los organismos estatales. Los asistentes solicitaron explicaciones al coordinador de la Unidad, José Alberto Pérez de Acha, quien se comprometió a revisar y ampliar la información presentada.
El desacuerdo ocurre mientras las autoridades electorales preparan los procesos de contratación para 2027, año en el que habrá elecciones federales y distintos comicios locales. Estas adquisiciones incluyen plataformas para difundir resultados preliminares, herramientas de capacitación y servicios de seguridad informática.
¿Qué pretende cambiar el INE en las compras de los organismos electorales estatales?
Según los documentos expuestos durante la reunión y citados por Reforma, la Unidad Técnica de Servicios de Informática comunicó a los OPLES que puede intervenir en la evaluación y autorización de empresas encargadas de servicios tecnológicos.
La UTSI sostiene que cuenta con atribuciones para realizar estas acciones porque forman parte de las actividades de seguimiento de los procesos electorales.
Entre las facultades señaladas en los documentos se encuentran:
- Evaluar a las empresas que ofrecen servicios tecnológicos y de ciberseguridad.
- Autorizar o rechazar la participación de determinados proveedores.
- Establecer condiciones para su contratación.
- Revocar autorizaciones previamente otorgadas.
- Ordenar la sustitución de una empresa contratada.
La asesora de Uuc-Kib Espadas cuestionó que estas decisiones puedan adoptarse desde una unidad administrativa del INE, sin una determinación del Consejo General.
Todo eso viene en el documento que se envió a los OPL (Organismos Públicos Locales). Son actos sobre la contratación misma, y esa contratación es competencia exclusiva de los OPLES conforme a su propia normativa”, señaló durante la sesión virtual, de acuerdo con Reforma.
La discusión se concentra en establecer si estas disposiciones representan únicamente mecanismos de supervisión técnica o si implican que el INE pueda decidir qué empresas deben contratar los organismos estatales.
¿El INE tiene facultades para autorizar proveedores de los OPLES?
El INE cuenta con atribuciones nacionales para establecer reglas técnicas, coordinar actividades electorales y supervisar el cumplimiento de determinadas disposiciones. Sin embargo, establecer requisitos para los sistemas informáticos no equivale necesariamente a tener facultades para aprobar o rechazar empresas contratadas por autoridades locales.
El artículo 338 del Reglamento de Elecciones establece que tanto el INE como los OPLES pueden apoyarse en terceros para diseñar, implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), conforme a sus competencias.
La normativa también contempla que, tratándose de elecciones locales, corresponde a los organismos estatales vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores que contraten.
Por otra parte, el artículo 66 del Reglamento Interior del INE contempla atribuciones de la UTSI relacionadas con políticas, programas y proyectos informáticos, así como la propuesta de disposiciones técnicas ante las instancias correspondientes.
Por ello, la pregunta que plantearon los asesores electorales es si las facultades existentes permiten a la UTSI intervenir directamente en la selección de empresas o si una obligación de esa naturaleza requiere aprobación de los órganos competentes.
Hasta ahora, la información disponible no permite establecer que el Consejo General haya aprobado una nueva facultad general para que la UTSI controle las contrataciones de los OPLES.
¿Cuánto costarían los sistemas tecnológicos para las elecciones de 2027?
La propuesta adquiere relevancia por los recursos que se destinarán a los servicios tecnológicos electorales.
Según Reforma, la Unidad Técnica de Servicios de Informática también presentó costos estimados para distintos sistemas, bajo el supuesto de que el INE los contratara directamente con empresas seleccionadas.
Entre las cifras reportadas se encuentran:
- 10 millones 197 mil pesos por estado: costo aproximado del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
- 8 millones 643 mil pesos: costo estimado de un sistema destinado a capacitadores y supervisores electorales.
- Sistema para el voto de mexicanos en el extranjero: también aparece entre los servicios considerados, aunque la cifra proporcionada en el reporte está incompleta y no permite establecer su costo exacto.
Estos montos corresponden a estimaciones presentadas en el reporte, no a contratos adjudicados ni a gastos ya realizados.
La diferencia es importante porque las autoridades electorales deberán definir sus necesidades técnicas, los procedimientos de contratación y los recursos que destinarán a cada servicio.
¿Qué es el PREP y por qué importa quién lo contrata?
El Programa de Resultados Electorales Preliminares, conocido como PREP, es un sistema que permite consultar los resultados de las elecciones conforme se reciben y procesan los datos de las actas de las casillas.
Su función es ofrecer información preliminar durante la noche electoral. No sustituye los cómputos oficiales ni determina por sí mismo quién ganó una elección.
Para funcionar, requiere infraestructura tecnológica, personal capacitado, mecanismos de transmisión de datos y herramientas de seguridad informática.
De acuerdo con el Reglamento de Elecciones, los sistemas deben cumplir requisitos técnicos y someterse a mecanismos de revisión y auditoría.
Por esa razón, la selección de proveedores resulta relevante para tres aspectos:
- Funcionamiento: que los sistemas puedan recibir, procesar y publicar información electoral.
- Seguridad: que existan mecanismos para prevenir accesos indebidos o alteraciones de datos.
- Responsabilidad: que se establezca quién debe responder ante incumplimientos o fallas.
La contratación de estos servicios también debe permitir identificar cuánto se pagó, qué empresa recibió los recursos y cuáles fueron sus obligaciones.
¿Quién es José Alberto Pérez de Acha y por qué está bajo cuestionamiento?
José Alberto Pérez de Acha es identificado por Reforma como coordinador general de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE, área relacionada con los documentos enviados a los organismos electorales locales.
Según el reporte, ingresó al Instituto a principios de 2025.
La agencia también señala que el funcionario ha asistido a reuniones sociales organizadas por José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de materiales electorales del INE, en las que ha participado la presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei.
Reforma relaciona estos antecedentes con declaraciones de fuentes internas del organismo, quienes aseguran que durante las elecciones judiciales locales de 2025 se sugirió a los OPLES contratar determinadas empresas, algunas presuntamente recomendadas por Hernández Casillas.
Estos señalamientos deben distinguirse de hechos comprobados mediante investigaciones administrativas. La asistencia a reuniones sociales no demuestra por sí sola una irregularidad en las contrataciones, y la información presentada no acredita que Pérez de Acha haya beneficiado a alguna empresa.
Tampoco se ha documentado, con los datos disponibles, que los organismos estatales hayan adjudicado contratos como consecuencia de las comunicaciones de la UTSI.
La controversia se centra, por ahora, en las atribuciones que pretende ejercer la Unidad y en los mecanismos para garantizar la transparencia de sus decisiones.
¿Qué explicaciones exigieron los partidos políticos al INE?
Durante la reunión del 23 de octubre, asesores de consejeros y representantes partidistas solicitaron que la UTSI presentara información para determinar el alcance de sus comunicaciones a los organismos electorales.
Entre los principales puntos solicitados se encuentran:
- Fundamento legal: qué artículos, acuerdos o reglamentos permiten a la Unidad autorizar, rechazar o sustituir proveedores.
- Alcance de la medida: a cuántos OPLES se enviaron los documentos.
- Respuestas recibidas: cuántos organismos estatales contestaron las solicitudes de autorización o las recomendaciones.
- Responsabilidad administrativa: quién respondería si una empresa avalada por la UTSI incumple sus obligaciones.
- Consecuencias técnicas: cómo se distribuirían las responsabilidades entre el INE y el OPLE si un proveedor presenta fallas.
De acuerdo con Reforma, algunos representantes de partidos expresaron preocupación por el efecto de estas decisiones sobre la confianza en las autoridades electorales, particularmente ante los cuestionamientos relacionados con proveedores.
Los participantes pidieron que se reconsiderara el alcance de las instrucciones enviadas a los organismos estatales.
¿Qué respondió la Unidad de Informática del INE?
Durante la sesión, José Alberto Pérez de Acha indicó que revisaría los cuestionamientos y ampliaría su informe.
Ante la insistencia de los participantes, solicitó a dos funcionarios de la Unidad que respondieran las preguntas.
Uno de ellos confirmó que los documentos efectivamente habían sido enviados a los OPLES, pero sostuvo que no se trataba de una disposición nueva.
Según su explicación, un procedimiento similar se aplicó durante el proceso electoral de 2018.
También aseguró que el documento se elaboró a partir de la normativa electoral y que su objetivo era establecer condiciones técnicas compartidas entre las autoridades.
Que es lo que se hizo en su momento, trasladar esas fases mínimas como una situación de obligatoriedad a estos”, explicó, de acuerdo con Reforma.
Sin embargo, durante la reunión no se precisó qué disposición reglamentaria permitiría convertir esos requisitos técnicos en autorizaciones obligatorias de proveedores.
La explicación tampoco resolvió cómo se distribuirían las responsabilidades si una empresa recomendada o autorizada por la UTSI incumpliera un contrato.
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