SCJN falló a favor de los ciudadanos y frenará cobros excesivos y repetidos en municipios con plataforma digital

MÉXICO. — La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) implementó una plataforma digital para frenar el cobro desproporcionado de trámites y servicios municipales en todo el país, tales como copias certificadas, licencias de construcción y alumbrado público.

De acuerdo con datos publicados por el diario Reforma, diversos ayuntamientos aprueban cada año tarifas infladas en sus leyes de ingresos, lo que saturaba las sesiones del máximo tribunal con cientos de expedientes acumulados.

Ejemplos de sobreprecio y estados con más casos

Las revisiones del máximo tribunal dejaron al descubierto cobros que excedían de forma drástica el costo real de los servicios prestados por la autoridad:

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• El caso de San Pablo Macuiltianguis: Este municipio de Oaxaca cobraba 120 pesos por expedir la copia de un documento de sus archivos, a pesar de que el costo real del servicio era de apenas 76 centavos (un cobro casi 158 veces mayor). La Corte invalidó esta tarifa al resolver la acción de inconstitucionalidad 31/2026.
• Volumen de resoluciones: Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la SCJN resolvió 118 asuntos relacionados con cobros indebidos.
• Entidades con mayor incidencia: Las entidades con más casos registrados fueron Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Durango y Tlaxcala.
• Trámites más sancionados: Las irregularidades se presentaron principalmente en el cobro de copias certificadas, infracciones administrativas y licencias de construcción.

Saturación legislativa y acuerdos para agilizar votos

La constante reincidencia de los ayuntamientos generó una carga de trabajo constante dentro de las sesiones del pleno:

• Asuntos de vigencia anual: El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, explicó la dinámica de estos expedientes: “Son asuntos de vigencia anual, leyes de ingresos de diversos municipios de distintas entidades federativas en donde año con año repiten el mismo vicio de inconstitucionalidad, llegan aquí a la Corte, se declaran inconstitucionales y al año siguiente se presentan prácticamente en los mismos términos”.
• Carga de trabajo en el pleno: La revisión de estas leyes de ingresos llegaba a consumir sesiones completas. En una sola jornada ordinaria, el pleno resolvió más de 30 casos de esta naturaleza.
• Agrupación de expedientes: El pasado 28 de septiembre, el tribunal acordó analizar y votar estos asuntos de manera conjunta para optimizar los tiempos de discusión.

¿Cómo funciona el Ecosistema del Costo Real del Servicio del Estado?

Para solucionar este problema de fondo, el Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos (CECSJ) diseñó un sistema digital especializado:

• Cálculo basado en fórmulas: La herramienta emplea fórmulas matemáticas y parámetros técnicos para determinar cuánto le cuesta realmente al Estado prestar un servicio público.
• Módulos de evaluación: Permite comparar y evaluar cobros por expedición de documentos, licencias de construcción, infracciones, suministro de agua potable y permisos diversos.
• Origen de la iniciativa: En declaraciones al diario La Jornada, el investigador del CECSJ, Oliver Joaquín Giménez Héau, detalló que la plataforma surgió por iniciativa del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.
• Fases de implementación: La herramienta comenzó a utilizarse de forma interna en las ponencias de la Corte desde febrero pasado y se puso a disposición del público en general el 28 de septiembre.

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¿Es obligatorio que los municipios utilicen este sistema digital?

La plataforma busca orientar a los gobiernos locales en la elaboración de sus presupuestos anuales:

• Carácter voluntario: La investigadora del CECSJ, Mónica Valle Morales, aclaró que la herramienta no es obligatoria, por lo que los municipios y congresos locales conservan la libertad de fijar sus tarifas.
• Criterios constitucionales: Las autoridades locales deben fundamentar sus cobros en criterios objetivos, razonables y transparentes para cumplir con la Constitución.
• Objetivo preventivo: El propósito del sistema es que los ayuntamientos y legislaturas estatales adopten los mismos parámetros técnicos para evitar que las leyes de ingresos violen derechos y deban ser anuladas por la Suprema Corte.