El morenista Andrés Mijes fue denunciado por su mismo partido por usar 11 millones 998 mil pesos del presupuesto público para impulsar su imagen política rumbo a las elecciones gubernamentales en Nuevo León
El morenista Ramiro Alvarado presentó denuncias ante autoridades electorales y anticorrupción para que investiguen el origen y destino de los recursos y una posible promoción irregular en medios.
Andrés Concepción Mijes Llovera, alcalde con licencia de General Escobedo y aspirante de Morena a la gubernatura de Nuevo León, fue denunciado por presuntamente utilizar 11 millones 998 mil pesos de recursos públicos municipales para promover su imagen, de acuerdo con información publicada por El Universal.
La acusación fue presentada el 4 de agosto por Ramiro Alvarado Beltrán, consejero nacional de Morena, ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL), y también llegó a instancias federales y estatales.
El denunciante pidió investigar si el gasto fue reportado correctamente, de dónde provinieron los recursos y si existió una contratación irregular de propaganda para favorecer políticamente a Mijes.
El caso adquiere relevancia porque Mijes busca participar en la contienda por la gubernatura de Nuevo León del próximo año. Por ahora, las acusaciones no constituyen una resolución ni prueban por sí mismas que haya existido un desvío de recursos; corresponde a las autoridades determinar si hubo alguna irregularidad.
¿De cuánto dinero acusan a Mijes de haber utilizado?
El monto señalado en la denuncia asciende a 11 millones 998 mil pesos, recursos que, según la acusación, habrían salido del presupuesto municipal de General Escobedo para promover la imagen de Mijes.
La denuncia solicita que se revise particularmente si esos recursos fueron utilizados para fines distintos a los permitidos para la comunicación gubernamental y si la contratación de espacios publicitarios tuvo una finalidad de promoción personal.
El señalamiento involucra también a funcionarios municipales que estuvieron al frente de la Tesorería Municipal y de la Unidad de Información, Enlace y Difusión durante los ejercicios de 2023 a 2026.
Además, fueron mencionadas las empresas Harman Consultores de América, S.A. de C.V., y Magenta Multimedia, S.A.P.I. de C.V., en relación con las operaciones que el denunciante pide investigar.
El punto central de la acusación es determinar si el dinero público efectivamente fue utilizado para una finalidad institucional o si terminó financiando una estrategia de posicionamiento político de Mijes.
¿Qué denunció Ramiro Alvarado contra Andrés Mijes?
Alvarado presentó distintos recursos ante autoridades que tienen competencias diferentes. La intención es que se revise el supuesto uso de recursos públicos desde los ámbitos electoral, fiscalizador y penal.
Los principales frentes de la denuncia son:
- IEEPCNL: pidió investigar el presunto uso de recursos públicos para promoción de la imagen de Mijes.
- INE: solicitó que su Unidad Técnica de Fiscalización determine si los gastos fueron reportados y cuál fue el origen de los recursos.
- Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE: denunció una presunta contratación irregular de propaganda en Multimedios Canal 6.
- Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León: pidió investigar una posible responsabilidad penal por peculado.
- Funcionarios y empresas: la denuncia también alcanza a responsables de áreas municipales y a las dos compañías mencionadas en el escrito.
De esta manera, el caso no se limita a una disputa política dentro de Morena: busca que distintas autoridades determinen si los recursos utilizados fueron públicos, cómo se contrataron y cuál fue la finalidad de la propaganda.
¿Por qué el caso puede convertirse en un problema penal?
La denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León señala una posible comisión del delito de peculado, previsto en el artículo 217 del Código Penal estatal.
La legislación establece, entre otros supuestos, que incurre en peculado el servidor público que utilice indebidamente fondos públicos para promover su propia imagen política o social, la de un superior jerárquico o la de un tercero.
La propia norma contempla sanciones que aumentan de acuerdo con el monto de los recursos involucrados. Cuando la cantidad excede de 600 cuotas, el Código Penal establece una pena de dos a 12 años de prisión, además de una multa y, en los supuestos correspondientes, destitución e inhabilitación.
Esto no significa que esas sanciones sean aplicables automáticamente al caso de Mijes. Primero tendría que acreditarse que ocurrieron los hechos denunciados y que encuadran jurídicamente en el delito.
¿Qué tiene que ver la aspiración de Mijes a la gubernatura?
El momento político de la denuncia es uno de los elementos que hacen relevante el caso.
Mijes busca posicionarse dentro de Morena rumbo a la elección de gobernador de Nuevo León de 2027, por lo que cualquier gasto de comunicación gubernamental que pudiera interpretarse como promoción personal adquiere una dimensión electoral.
El denunciante sostiene precisamente que debe investigarse si los recursos municipales fueron utilizados para favorecer la imagen de Mijes en un contexto en el que ya existe una aspiración política.
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La cuestión que deberán determinar las autoridades es si las actividades de comunicación denunciadas tuvieron una finalidad estrictamente institucional o si, como sostiene el acusador, se utilizaron recursos públicos para construir una ventaja política.
También lo denunciaron por propaganda en televisión
Además de la acusación relacionada con los casi 12 millones de pesos, Alvarado presentó una denuncia ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE por la presunta contratación irregular de propaganda en Multimedios Canal 6.
Ese señalamiento abre otro frente porque las autoridades electorales deberán determinar, en su caso, quién contrató los espacios, con qué recursos, qué contenido tuvieron y si la difusión pudo constituir promoción personalizada o alguna otra infracción electoral.
La revisión fiscalizadora también resulta relevante porque el denunciante pidió al INE establecer si los gastos fueron registrados y cuál fue su origen.
¿Qué falta por comprobar?
La denuncia por sí misma no demuestra que los 11 millones 998 mil pesos hayan sido utilizados ilegalmente ni que Mijes haya cometido peculado.
Para determinarlo, las autoridades tendrían que revisar documentos y operaciones, entre ellos contratos, facturas, comprobantes de pago, proveedores, contenido de la propaganda y registros contables.
También será necesario establecer si los recursos provinieron efectivamente del erario municipal y cuál fue el beneficio o finalidad de las contrataciones.
En otras palabras, el punto central de la investigación será pasar de una acusación política a una comprobación documental y jurídica de los hechos.
Un nuevo frente para el aspirante de Morena
El caso pone a Mijes ante un problema que va más allá de la competencia interna de Morena por la candidatura a la gubernatura.
Por un lado, las autoridades electorales deberán determinar si existió alguna infracción relacionada con propaganda y promoción personal. Por otro, la fiscalización tendrá que revisar el origen y registro de los recursos señalados. Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción deberá decidir si existen elementos para investigar un posible delito.
La disputa también ocurre dentro del propio partido: quien presentó la acusación, Ramiro Alvarado, es consejero nacional de Morena y uno de los compañeros de partido de Mijes.
Por ahora, la cantidad de 11 millones 998 mil pesos es el monto que aparece en el señalamiento presentado por Alvarado, no una cantidad que alguna autoridad haya determinado oficialmente como desvío.
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