Destituyen a 17 elementos de la Guardia Nacional por presentar certificados de estudios no válidos para conseguir permisos de portación de armas y acreditar su permanencia laboral; los documentos fueron entregados entre 2024 y 2025
Las irregularidades fueron detectadas en expedientes de las Oficinas Centrales de la corporación en Ciudad de México. Los casos forman parte de una serie de sanciones administrativas aplicadas en 16 dependencias federales

La presentación de documentos escolares que no pudieron ser validados terminó con la carrera de 17 integrantes de la Guardia Nacional, quienes fueron destituidos después de que las autoridades detectaran irregularidades en los certificados de estudios que entregaron para cumplir requisitos dentro de la institución. Los documentos fueron utilizados principalmente para tramitar licencias de portación de armas de fuego y, en uno de los casos, para acreditar la permanencia laboral.
Según información de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las irregularidades ocurrieron entre 2024 y 2025 y fueron detectadas en expedientes de integrantes adscritos a las Oficinas Centrales de la Guardia Nacional, en Ciudad de México. La dependencia precisó que los certificados presuntamente habían sido emitidos por distintas autoridades educativas, pero no eran válidos.
¿Para qué utilizaron los certificados de estudios los elementos de la Guardia Nacional?
De acuerdo con el comunicado oficial, 16 de los 17 elementos presentaron los documentos como parte de los requisitos para obtener una licencia de portación de armas de fuego.
En el caso restante, el certificado fue utilizado para acreditar la permanencia laboral dentro de la corporación.
La autoridad no detalló qué instituciones educativas aparecían como emisoras de los documentos ni especificó cuáles fueron las inconsistencias que impidieron validarlos.
Tampoco informó si los integrantes llegaron a obtener las licencias de portación de armas mediante esos expedientes. Lo que sí confirmó fue que las copias de los certificados entregados no eran válidas y que esta conducta derivó en las sanciones correspondientes.
¿Qué sanción recibieron los 17 integrantes?
La resolución fue la destitución de los 17 elementos, una medida aplicada por faltas administrativas no graves.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las sanciones se determinaron conforme a la legislación aplicable y tomando en cuenta criterios de proporcionalidad y gravedad de las conductas.
Los procedimientos estuvieron a cargo de los órganos internos de control correspondientes, en este caso el de la Guardia Nacional.
La dependencia también aclaró que las personas sancionadas conservan el derecho de impugnar las resoluciones si consideran que existen motivos para hacerlo.
Al respecto, sostuvo que defenderá las determinaciones ante las instancias correspondientes, al afirmar que están respaldadas en evidencia y fueron emitidas conforme a derecho.
Las destituciones forman parte de otras sanciones en dependencias federales
El caso de la Guardia Nacional no fue el único incluido en el reporte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La dependencia informó que, como resultado de investigaciones realizadas por los órganos internos de control de 16 instituciones federales, se impusieron sanciones a 82 personas servidoras públicas, un particular y una empresa.
Las medidas incluyeron destituciones, suspensiones, amonestaciones e inhabilitaciones de hasta 10 años.
Entre las instituciones involucradas se encuentran Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Salud, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Banco del Bienestar.
Los motivos de las sanciones fueron distintos y abarcaron conductas como omisiones en responsabilidades laborales, faltas de respeto, irregularidades en el manejo de recursos y otras faltas administrativas.
En el caso de la Guardia Nacional, las 17 destituciones estuvieron relacionadas específicamente con la entrega de certificados escolares que no pudieron validarse.
La Secretaría Anticorrupción reiteró que las resoluciones se emitieron conforme a la ley y que las personas involucradas pueden ejercer los recursos legales disponibles para impugnarlas.
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