Auditoría de Nuevo León detecta presuntas triangulaciones por mil 793 millones de pesos hacia despacho ligado a Samuel García y su padre, mientras crecen los señalamientos por el manejo de recursos públicos
La revisión de las cuentas públicas de 2025 identificó transferencias de proveedores del Gobierno estatal, así como operaciones relacionadas con el DIF Nuevo León. Los hallazgos se suman a señalamientos anteriores de la Auditoría Superior de la Federación.

NUEVO LEÓN.- La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) reportó nuevas presuntas triangulaciones de recursos públicos por mil 793.9 millones de pesos, mediante operaciones vinculadas con proveedores del Gobierno de Samuel García y organismos estatales. Parte del dinero habría terminado en un despacho jurídico relacionado con la familia del gobernador. Los hallazgos fueron presentados el 17 de noviembre de 2026 ante el Congreso local y abren nuevas interrogantes sobre el destino de recursos públicos. Sin embargo, las operaciones señaladas no equivalen, por sí mismas, a una sentencia por desvío de recursos ni acreditan la responsabilidad penal del mandatario.
De acuerdo con el informe presentado por el auditor superior Alejandro Reynoso Gil ante la Comisión de Vigilancia del Congreso de Nuevo León, la revisión de la Cuenta Pública 2025 identificó 786 depósitos por mil 696.6 millones de pesos realizados por proveedores y contratistas gubernamentales hacia un despacho jurídico y fiscal. El funcionario también expuso operaciones relacionadas con organismos públicos, entre ellos el DIF estatal. Los resultados fueron reportados por Grupo REFORMA y otros medios locales.
El despacho señalado en las investigaciones periodísticas es Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyFA), relacionado con Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
Los nuevos datos se conocen después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificara operaciones similares y de que el Congreso estatal solicitara la intervención de autoridades federales para esclarecer el origen y destino del dinero.
¿Cuánto dinero detectó la Auditoría de Nuevo León?
La revisión estatal identificó distintas operaciones que, según los reportes de fiscalización, habrían permitido transferir recursos de proveedores gubernamentales a empresas privadas y posteriormente a un despacho jurídico.
Entre los movimientos señalados se encuentran:
- Mil 696.6 millones de pesos: transferencias realizadas por proveedores y contratistas que recibieron pagos del Gobierno estatal y sus organismos.
- 23.2 millones de pesos: recursos relacionados con operaciones del DIF Nuevo León y el proveedor Don Cacahuato, que habrían pasado por cinco empresas vinculadas.
- 74.1 millones de pesos: transferencias señaladas en otra ruta relacionada con la UANL e Isssteleón.
Estas cantidades suman mil 793.9 millones de pesos, aunque es necesario distinguir cada ruta de las operaciones que pudieran coincidir con revisiones anteriores para evitar contabilizar dos veces los mismos recursos.
Por separado, Reynoso también mencionó 418.8 millones de pesos en presuntos rendimientos vinculados con las operaciones del despacho jurídico. Esta cifra requiere distinguirse de los depósitos originales, ya que no representa necesariamente una transferencia adicional del presupuesto estatal.
¿Cómo habrían llegado los recursos públicos al despacho de Samuel García?
El mecanismo descrito por la Auditoría involucra pagos a proveedores del Gobierno de Nuevo León y posteriores transferencias a otras empresas o cuentas privadas.

La ruta señalada en el informe contempla tres etapas:
- Dependencias y organismos estatales realizan pagos a proveedores o contratistas por bienes y servicios.
- Las empresas receptoras transfieren parte de esos recursos a otras compañías o intermediarios.
- Una parte del dinero llega a un despacho jurídico y fiscal relacionado, según las investigaciones periodísticas, con la familia del gobernador.
La Auditoría señaló que identificó 786 depósitos dentro de este esquema. No obstante, la existencia de transferencias bancarias no demuestra por sí sola que todos los pagos sean ilegales.
Para determinar si hubo un desvío de recursos se requiere establecer el motivo de las operaciones, si los servicios contratados fueron prestados y si existió algún beneficio indebido para servidores públicos o particulares.
¿Qué irregularidades detectaron en el DIF Nuevo León?
Uno de los hallazgos está relacionado con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León y sus operaciones con el proveedor Don Cacahuato.
Según la información presentada por la Auditoría estatal, una parte de los pagos realizados a esta empresa habría circulado por otras cinco compañías identificadas como relacionadas entre sí.
El organismo fiscalizador señaló que, en un periodo de ocho días, 23.2 millones de pesos habrían llegado al despacho jurídico vinculado con la familia del gobernador.
La revisión también identificó posibles irregularidades en adquisiciones y precios de productos suministrados al DIF. Estos señalamientos forman parte de un conjunto de operaciones por mil 953 millones de pesos que requieren aclaración.
La investigación busca determinar si los pagos correspondieron a bienes y servicios efectivamente entregados, si existieron sobreprecios y cuál fue la justificación de las transferencias posteriores.
¿Qué relación tienen Samuel García y su padre con el despacho investigado?
Las operaciones señaladas se vinculan con Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho relacionado con el gobernador Samuel García Sepúlveda y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
Durante su comparecencia, Alejandro Reynoso no mencionó directamente al gobernador ni identificó por su nombre al despacho. En cambio, se refirió a un “alto funcionario” y a un “despacho jurídico y fiscal”, que describió como una firma fundada por un funcionario y un familiar.
Las investigaciones periodísticas de Grupo REFORMA han relacionado desde 2024 a esa firma con pagos provenientes de empresas que mantienen contratos con el Gobierno de Nuevo León.
El auditor tampoco mencionó directamente a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador y titular de Amar a Nuevo León. Sin embargo, durante la exposición hizo referencia a operaciones relacionadas con una empresa de cosméticos.
Rodríguez tiene una compañía en ese sector, aunque esa coincidencia no constituye por sí misma una prueba de participación en las presuntas irregularidades.
¿Qué había detectado anteriormente la Auditoría Superior de la Federación?
Los señalamientos estatales se suman a los resultados que la Auditoría Superior de la Federación presentó el 30 de octubre de 2026 ante la Cámara de Diputados.
En aquella revisión se dieron a conocer presuntos esquemas de triangulación y simulación de operaciones mediante proveedores gubernamentales.
De acuerdo con los reportes de la ASF y la información publicada por Grupo REFORMA, al menos 728.13 millones de pesos habrían llegado a un despacho jurídico relacionado con el gobernador y su familia.
El mecanismo investigado también involucraba contratos públicos y transferencias entre empresas privadas.
La información federal resulta relevante porque muestra coincidencias con las operaciones revisadas por la Auditoría de Nuevo León. Sin embargo, no está acreditado que los 728.13 millones correspondan a movimientos distintos de los incluidos en los resultados estatales, por lo que no deben sumarse automáticamente.
¿Qué han hecho las autoridades ante los señalamientos?
El 3 de noviembre de 2026, el Congreso de Nuevo León aprobó un exhorto para que distintas autoridades dieran seguimiento legal a las anomalías detectadas por la ASF.
La solicitud estuvo dirigida a:
- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
- La Fiscalía General de la República (FGR).
- La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León.
Según el comunicado oficial del Congreso, la intención es esclarecer el origen y destino de los recursos y determinar si las operaciones generaron daños a la hacienda pública.
Los señalamientos también tienen antecedentes políticos y judiciales. En junio de 2026, la Comisión Anticorrupción del Congreso local acordó iniciar un procedimiento de juicio político contra Samuel García por acusaciones relacionadas con presuntas triangulaciones y peculado. El inicio de ese procedimiento no implica una determinación definitiva de responsabilidad.
¿Qué ha respondido Samuel García sobre las acusaciones?
El gobernador ha rechazado anteriormente las acusaciones relacionadas con presuntas triangulaciones de recursos públicos.
El 2 de noviembre de 2026, después de conocerse los resultados federales, García difundió nuevamente un video publicado originalmente el 21 de septiembre, en el que sostuvo que ya había respondido a los señalamientos.
En ese mensaje afirmó que estaba abierto a las investigaciones de las autoridades y cuestionó las acusaciones que, según expresó, provenían de publicaciones periodísticas anteriores.
También señaló que había presentado explicaciones sobre las denuncias que posteriormente llegaron a instancias estatales y federales.
Hasta la información disponible para esta publicación, no se identificó una respuesta específica del gobernador a los hallazgos estatales presentados el 17 de noviembre.
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