Auditoría Superior de la Federación le imputó a Samuel García desvíos de al menos 728.13 millones de pesos con triangulaciones de recursos y simulación de operaciones
La fiscalización federal abarca también movimientos en el sector de bienes raíces y el seguimiento administrativo de las cuentas públicas.

MONTERREY, Nuevo León. — La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó la existencia de esquemas de simulación y triangulación de recursos públicos por al menos 728.13 millones de pesos del erario del Gobierno del Estado de Nuevo León.
El diario Reforma reportó que los hallazgos fueron presentados ante la Cámara de Diputados por el titular del órgano fiscalizador, Aureliano Hernández, como parte del informe oficial de revisión a las Cuentas Públicas de diversas entidades federativas.
Las investigaciones señalan un patrón de movimientos financieros donde contratistas estatales emitieron pagos a proveedores que, posteriormente, enviaron los fondos hacia cuentas bancarias de empresas y particulares vinculados familiarmente con servidores públicos de la entidad.

¿En qué consiste el esquema de triangulación detectado por la ASF?
Durante la entrega de los informes de fiscalización en el Congreso de la Unión, la autoridad auditora detalló la mecánica utilizada para dispersar los recursos del gasto público:
- Simulación de operaciones: Se identificó la facturación de servicios y contratos que derivaban en transferencias hacia empresas intermediarias.
- Ruta del dinero: Los recursos salían de dependencias estatales hacia proveedores y constructores contratados, para luego ser redirigidos a personas morales y físicas.
- Destino de las transferencias: La ASF precisó que los beneficiarios finales mantienen vínculos de parentesco con funcionarios públicos del gobierno estatal.
- Debido proceso: El titular de la ASF omitió revelar nombres específicos de personas o empresas para no vulnerar el debido proceso en las etapas legales subsecuentes.

“Identificamos esquemas de triangulación, simulación de operaciones, así como la identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos, a través del pago de proveedores, cuyo destino final estaría relacionado con cuentas bancarias a personas morales y físicas que mantienen vínculos familiares con servidores públicos”, afirmó Aureliano Hernández.
¿Qué se sabe del caso de la constructora y las obras del Metro: montos e investigaciones?
Dentro del paquete de inconsistencias financieras expuesto por el organismo fiscalizador federal, destaca una operación que involucra miles de millones de pesos en contratos de infraestructura:
- Adjudicación inicial: Una empresa constructora recibió contratos del Gobierno estatal por un monto total de 5 mil 851 millones de pesos.
- Primera transferencia: Posteriormente, dicha constructora envió 5 mil 154.6 millones de pesos hacia una segunda compañía.
- Desvío hacia despachos: Esa segunda firma transfirió 385.3 millones de pesos hacia las cuentas bancarias de un despacho jurídico.
- Coincidencia con indagatorias periodísticas: De acuerdo con reportes de Reforma, los montos y fechas coinciden con las contrataciones de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey, adjudicadas en septiembre de 2022 a la empresa Mota-Engil, la cual se asoció con compañías relacionadas con clientes de la firma legal de la familia del gobernador Samuel García.

¿Qué operaciones inmobiliarias detectaron y cuáles son los próximos pasos en la fiscalización?
La fiscalización federal abarca también movimientos en el sector de bienes raíces y el seguimiento administrativo de las cuentas públicas:
- Sectores involucrados: La ASF señaló la existencia de operaciones en el ramo inmobiliario por más de mil millones de pesos asociadas a estos esquemas.
- Promoción de responsabilidades: El órgano fiscalizador emitirá los pliegos de observaciones correspondientes para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare el destino de los 728.13 millones de pesos o reintegre el monto al erario.
- Vía penal o administrativa: En caso de no subsanarse las observaciones en los plazos legales, la ASF promoverá las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
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