ASF detecta pagos sin comprobar por mil 106 millones de pesos en Liconsa Chihuahua durante la gestión del hermano de Andrea Chávez, al no encontrar pruebas de que se recibiera toda la leche y detectar pagos a personas fallecidas, diferencias en los volúmenes entregados y transferencias a empresas relacionadas con proveedores
La auditoría también encontró que cuatro proveedores transfirieron el 98.7% de lo que recibieron a una empresa vinculada con algunos beneficiarios, además de pagos a personas fallecidas y millones de litros sin destino acreditado.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó mil 106 millones de pesos pagados por Liconsa en Chihuahua durante 2023 porque no encontró documentos que acreditaran la recepción de la leche.
La revisión también detectó pagos a personas fallecidas, transferencias de dinero a empresas vinculadas con proveedores y diferencias entre los litros pagados y los recibidos.
El contrato de mayor monto fue administrado en Chihuahua por Gregorio Chávez Treviño, hermano de la senadora con licencia Andrea Chávez, según la auditoría forense 235 de la Cuenta Pública 2023.
El documento señala que el entonces gerente estatal “fungió como administrador del contrato LICONSA/CADQ/001376/2023”.
La revisión, elaborada por la Dirección General de Auditoría Forense de Cumplimiento Financiero y fechada el 9 de enero de 2025, examinó las erogaciones del Programa de Adquisición de Leche Nacional.
La ASF indicó que Liconsa pagó mil 106 millones 131 mil 200 pesos a 750 personas registradas como pequeños y medianos productores, sin contar con evidencia documental de la recepción de la leche.
Gregorio Chávez reconoció que Liconsa no recibía directamente la leche
Gregorio Chávez Treviño fue gerente estatal de Liconsa en Chihuahua durante 2023. En su declaración ante los auditores, reconoció que “Liconsa no participó en la recepción de la leche”, pese a que el contrato establecía que el producto debía entregarse en el centro de acopio de la paraestatal en la ciudad de Chihuahua.
Según el acta AACA 047/CP2023, del 9 de agosto de 2024, la leche se recibía en 11 centros privados, entre ellos Sunilec, Leche Viva, Lactodel, Grupo Lácteos de Meoqui, Gato Negro e Inproladesa.
El control de los volúmenes quedó en manos de esos intermediarios. ILAS México enviaba semanalmente a la Gerencia Estatal reportes en Excel con información sobre litros, kilos y calidad.
La gerencia los remitía a los centros privados, que distribuían los volúmenes entre los productores y devolvían archivos con las cantidades que cada persona debía facturar.
Chávez explicó que verificaban que los datos coincidieran con el padrón y que ningún productor superara su límite de litros. Sin embargo, no se encontró documentación que acreditara la recepción del producto, como boletas de comprobación, tickets de báscula o dictámenes de laboratorio. Tampoco se estableció un método documentado para convertir kilos de leche a litros mediante su densidad.
Por su parte, David Cueva Villaseñor, subgerente de Recepción de Maquila y Leche y administrador formal del contrato con ILAS, declaró que desconocía los documentos utilizados para acreditar el servicio y justificar los pagos.
También dijo no saber cuántos kilos de crema se habían generado ni qué controles se aplicaron, y atribuyó esas tareas a la Gerencia de Chihuahua.
La ASF detectó pagos a personas fallecidas
La auditoría identificó al menos cinco beneficiarios cuya CURP aparecía dada de baja por defunción en el Registro Nacional de Población, pese a que se registraron pagos por entregas de leche durante 2023.
Entre los casos documentados está el de Ramón Giner Soto, quien recibió 53 mil 100 pesos por supuestas entregas realizadas entre marzo y agosto, aunque murió el 4 de marzo de ese año.
A Óscar Rosario Rodríguez Fierro se le pagaron 973 mil 800 pesos por entregas reportadas entre febrero y noviembre, pese a que falleció el 5 de febrero.
La auditoría también reportó que no pudo notificar, debido a sus defunciones, a César Justiniano Luján Quezada, Delia María Arzate Escárcega y Eduwiges Ríos Ronquillo.
Al explicar estos casos, Gregorio Chávez dijo que ni las familias ni los centros de acopio informaron de las muertes. Agregó que los expedientes se revisaban una vez al año y que los pagos se realizaban cuando los beneficiarios tenían una cuenta bancaria y un Registro Federal de Contribuyentes activos.
Observa la ASF pagos por 1,106 millones de pesos en leche para el bienestar que Nunca se recibió en las instalaciones de LICONSA, mientras Gregorio Chávez Treviño, hermano de la senadora, Andrea Chávez, era el encargado de revisar esos contratos donde le pagó a MUERTOS 💀 pic.twitter.com/WvLKCMPA1C
— Jorge García Orozco (@jorgegogdl) October 19, 2026
Proveedores registrados como personas físicas estaban vinculados con empresas
El programa buscaba comprar leche a pequeños y medianos ganaderos, pero la ASF documentó que algunos proveedores registrados como personas físicas tenían vínculos con empresas que habían vendido anteriormente a Liconsa.
Nueve productores entrevistados por los auditores reconocieron que entregaban la leche en instalaciones de Grupo Lactodel, Grupo Lácteos de Meoqui, Leche Viva o directamente a ILAS, en lugar de hacerlo en el centro de acopio de la paraestatal.
En uno de los casos, Grupo Lácteos de Meoqui cobraba 45 centavos por litro y enviaba por correo electrónico las cantidades que cada productor debía facturar.
Los registros mercantiles consultados por la ASF mostraron que Vicente Armendáriz Martínez, Ricardo Martínez Valles y Héctor Armendáriz Carlos ocupaban los cargos de presidente, secretario y tesorero del consejo de administración de Grupo Lactodel, empresa que había sido contratada por Liconsa en 2021. En 2023, sus socios recibieron pagos como personas físicas.
Armendáriz Martínez dijo a los auditores que Liconsa pagaba individualmente, aunque Lactodel continuaba trabajando como grupo. La revisión también encontró que Héctor Armendáriz Carlos declaró ante el Servicio de Administración Tributaria ingresos inferiores a los que recibió de la paraestatal.
Otro caso fue el de Elizabeth Sánchez Carnero, proveedora como persona física y apoderada legal de Grupo Lácteos de Meoqui, asociación contratada por Liconsa en 2019.
Según la auditoría, ella declaró que socios, administrador y representantes legales de esa organización también fueron contratados como personas físicas.
El 98.7% de las transferencias de cuatro proveedores llegó a una empresa
Los movimientos bancarios obtenidos por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores permitieron rastrear parte de los recursos pagados por Liconsa.
Cuatro proveedores registrados en Chihuahua recibieron 75 millones 729 mil 900 pesos de la paraestatal y transfirieron 74 millones 729 mil 400 pesos, equivalentes al 98.7% de esa cantidad, a Agrícola Ganadera Los Luján.
Los proveedores identificados fueron Silvia Elena Sáenz Martínez, Sylvia Elena Luján Sáenz, Everardo Alfonso Luján Lalieu y María de Lourdes Lalieu Reygadas. Sáenz Martínez y Luján Sáenz figuraban como secretaria y tesorera del consejo de administración de la empresa receptora.
La ASF también encontró que otros tres proveedores transfirieron entre el 69.8% y el 75% de los recursos recibidos a Pasteurizadora de los Productores de Leche.
En otro caso, María Belém Sánchez Carnero recibió 23.6 millones de pesos y transfirió 18.8 millones a Elizabeth Sánchez Carnero, quien también cobraba a Liconsa.
La auditoría encontró diferencias en los litros de leche
Toda la leche se enviaba a ILAS México, empresa contratada para secarla y envasarla como leche en polvo destinada al Programa de Abasto Social. La ASF señaló que el contrato se adjudicó directamente sin cotizaciones, investigación de mercado ni notificación de adjudicación.
Además, uno de los convenios modificatorios se firmó el 29 de diciembre de 2022, pero la garantía correspondiente se emitió hasta el 24 de mayo de 2023.
En cuanto a los volúmenes, la auditoría detectó que Liconsa pagó 104 millones 281 mil 818 litros de leche en Chihuahua, mientras que las boletas de pesaje de ILAS acreditaban la recepción de 100 millones 712 mil 723 litros. La diferencia fue de 3 millones 569 mil 94 litros, con un valor de 37 millones 832 mil 400 pesos, cuyo destino no pudo acreditar la paraestatal.
Al mismo tiempo, ILAS recibió en total 115.4 millones de litros procedentes de distintos centros de acopio, una cantidad 10.6 millones superior al máximo establecido en su contrato. Chávez Treviño reconoció, además, que no existía un convenio para regular la recolección de leche por parte de la empresa.
De acuerdo con su declaración patrimonial presentada en mayo de 2025 ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Gregorio Chávez Treviño reportó ingresos netos anuales de 826 mil 922 pesos derivados de su cargo público en Liconsa, según información publicada por El Financiero.
Las observaciones de la ASF corresponden a la revisión de la Cuenta Pública 2023 y se refieren a pagos para los que la auditoría no encontró documentación suficiente que acreditara la recepción de la leche o el destino de determinados recursos.
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