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A un año del compromiso de “no repetición” de Claudia Sheinbaum, filiales de Grupo Tomza volvieron a estallar en zonas residenciales dejando un historial de 54 muertos, a pesar de multas acumuladas de 160 millones de pesos y la violación de al menos 15 normas de seguridad

La reincidencia de Grupo Tomza y su filial Silza expone fallas en la regulación de gas LP en México.

A un año del compromiso de “no repetición” de Claudia Sheinbaum, filiales de Grupo Tomza volvieron a estallar en zonas residenciales dejando un historial de 54 muertos, a pesar de multas acumuladas de 160 millones de pesos y la violación de al menos 15 normas de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO. — El sector del gas licuado de petróleo (gas LP) en México enfrenta una severa crisis de supervisión que impacta directamente en la seguridad de la población. A pesar de las recurrentes promesas gubernamentales para endurecer la fiscalización del transporte de energéticos, las filiales de las grandes distribuidoras operan con fallas estructurales.

Según reporta Reforma, el caso más visible es el de Grupo Tomza y su subsidiaria Silza, empresas que arrastran un historial de siniestralidad que las autoridades federales y locales no han logrado frenar de manera definitiva, poniendo en evidencia los límites del esquema sancionador actual.

El más reciente percance ocurrió en el conjunto residencial Las Granjas, en Cuernavaca, Morelos, donde la explosión de una pipa con capacidad de 5 mil litros dejó un saldo de 21 personas lesionadas y daños estructurales en 32 viviendas.

De acuerdo con los informes de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos, el estallido generó una onda expansiva de 200 metros.

Este hecho ocurrió a menos de un año de que el Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se comprometiera a aplicar medidas deno repeticiónen el sector gasero, abriendo nuevamente el debate sobre los vacíos en la verificación vehicular.

A pesar de las recurrentes promesas gubernamentales para endurecer la fiscalización del transporte de energéticos, las filiales de las grandes distribuidoras operan con fallas estructurales.

¿Por qué las multas de la ASEA no frenan los accidentes de Grupo Tomza?

La reincidencia de la empresa plantea serios cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos de control de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Tras el siniestro en el Puente de la Concordia, Iztapalapa —donde la colisión y explosión de un carro tanque de Silza con 49 mil 500 litros de gas LP provocó la muerte de 32 personas y causó heridas a otras 63—, la ASEA impuso una multa de 160 millones de pesos por omisiones de seguridad e irregularidades administrativas.

Sin embargo, las sanciones económicas y la existencia de más de 30 expedientes de investigación abiertos contra el grupo empresarial no han sido disuasivos suficientes para corregir las omisiones regulatorias.

La persistencia de unidades en mal estado circulando por zonas residenciales demuestra que el pago de multas resulta, en términos financieros, manejable para las grandes distribuidoras frente al costo que implicaría renovar sus flotas y cumplir estrictamente con las normas oficiales mexicanas.

Tras el siniestro en el Puente de la Concordia, Iztapalapa —donde la colisión y explosión de un carro tanque de Silza con 49 mil 500 litros de gas LP provocó la muerte de 32 personas y causó heridas a otras 63—, la ASEA impuso una multa de 160 millones de pesos por omisiones de seguridad e irregularidades administrativas.

¿Cuáles son las normas de seguridad que violan de forma sistemática?

Las inspecciones federales realizadas a las instalaciones y vehículos de esta empresa en al menos 11 entidades del país —incluidos el Estado de México, Puebla, Jalisco, Baja California y Yucatán— revelan un patrón de negligencia técnica. Las actas de verificación de accidentes previos, como la explosión de la planta de distribución en Amozoc, Puebla (que dejó 7 trabajadores muertos), confirmaron el incumplimiento de al menos 15 normas de seguridad simultáneas.

Entre las fallas más comunes detectadas por las autoridades en este tipo de unidades de transporte de gas LP se encuentran:

  • Falta de mantenimiento en válvulas de alivio de presión y sistemas de corte automático.
  • Operación de contenedores con fatiga de material o espesores de lámina inferiores a lo permitido.
  • Ausencia de dictámenes vigentes de condiciones físico-mecánicas en los vehículos.
  • Falta de capacitación certificada del personal operativo para la contención de fugas en la vía pública.

¿Cómo identificar y reportar una pipa de gas LP en mal estado?

Ante los evidentes huecos en la inspección gubernamental, la seguridad comunitaria depende en gran medida de la prevención y la denuncia ciudadana.

Si detecta una pipa de gas LP abasteciendo en su colonia o circulando por calles principales, existen elementos visuales y de operación clave que sirven para identificar un riesgo inmediato:

  1. Condición física del tanque: El contenedor no debe presentar abolladuras profundas, corrosión severa (óxido expuesto) ni reparaciones caseras como soldaduras informales.
  2. Rótulos obligatorios: Por ley, toda unidad debe exhibir de forma visible el nombre de la empresa, el número de permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y los números de emergencia.
  3. Válvulas y accesorios: No debe haber presencia de escarcha o congelamiento en las tuberías y conexiones de la pipa, ya que esto indica una fuga activa de gas licuado.
  4. Olor permanente: El gas LP contiene un aditivo llamado mercaptano para detectar fugas. Si el olor es perceptible a varios metros de la unidad, la operación debe suspenderse de inmediato.

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Para reportar cualquier anomalía o solicitar una inspección de urgencia, los ciudadanos de la Zona Metropolitana y del interior del país pueden comunicarse de inmediato al 911 o presentar una denuncia formal ante la ASEA a través del correo oficial denuncias@asea.gob.mx, detallando las placas de la unidad, la empresa responsable y la ubicación exacta del riesgo.

La prevención oportuna sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar que las omisiones corporativas se traduzcan en nuevas tragedias locales.

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