Ni MP ni meses de juicio: CDMX propone que en robos menores de 5 mil 800 pesos, las víctimas puedan exigir devolución exprés

MÉXICO. — El Gobierno de la Ciudad de México presentó una reforma integral a la Ley de Cultura Cívica que busca transformar la atención de delitos menores y faltas comunitarias en la capital.

Por medio de un comunicado oficial del Gobierno de la CDMX, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, envió al Congreso local un proyecto trabajado durante más de un año en el Gabinete de Construcción de Paz para priorizar la reparación del daño y la mediación directa sobre el encarcelamiento en casos de bajo impacto económico.

La propuesta abarca robos sin violencia ni reincidencia por montos de hasta 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA) —que equivalen a 5 mil 865.50 pesos—, así como daños materiales menores, pleitos entre vecinos y cobros abusivos en las calles.

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El objetivo central es desahogar el trabajo de las fiscalías para que concentren sus recursos en la investigación de delitos graves.

¿En qué casos aplicará la vía cívica y qué pasará si soy víctima de un robo menor?

La propuesta contempla reglas estrictas para determinar qué asuntos pueden resolverse en la justicia cívica:

• Límite económico: Aplica para robos o daños a bienes muebles e inmuebles donde el valor no supere los 5 min 865.50 pesos (50 UMA).
• Condiciones indispensables: El hecho debe haber ocurrido sin violencia y el señalado no debe ser reincidente.
• Derecho de elección para la víctima: La persona afectada conservará en todo momento la facultad de decidir si denuncia ante el Ministerio Público por la vía penal o si prefiere la vía cívica para obtener una reparación económica o material inmediata.
• Atención a conflictos cotidianos: También incluirá agresiones verbales entre vecinos, ciertos supuestos de violencia verbal familiar y faltas que alteren la convivencia comunitaria.

“No se trata entonces de castigar menos, sino de resolver mejor”, expresó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

¿Cómo serían los juicios orales y agentes psicosociales, pilares del nuevo modelo propuesto?

La reforma plantea sustituir los trámites administrativos tradicionales por procedimientos más ágiles e interdisciplinarios:

1. Audiencias públicas orales: Una jueza o juez escuchará a las partes involucradas. En caso de flagrancia, determinará la legalidad de la detención y resolverá si existió la infracción de forma transparente.
2. Eliminación de multas de cajón: La fiscal general de Justicia de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, destacó que se terminarán las sanciones automáticas. Las audiencias podrán realizarse aun sin personas detenidas para dirimir disputas comunitarias mediante mediación.
3. Agentes psicosociales restaurativos: Personal especializado evaluará a los infractores desde el inicio para detectar factores de riesgo como adicciones o vulnerabilidad social.
4. Canalización terapéutica y laboral: A partir del diagnóstico, la autoridad podrá ordenar atención psicológica, tratamiento contra adicciones o servicios comunitarios para evitar que la persona vuelva a delinquir.

Centros de gestión de conflictos y atención directa en las colonias

Para acercar la justicia a la ciudadanía, la estrategia contempla la creación de espacios comunitarios y el despliegue de operativos de proximidad:

• Centros de Gestión de Conflictos (Calpullis de Paz): Se instalarán en las Utopías, los puntos Pilares y otros recintos comunitarios para ofrecer mediación presencial o virtual.
• Jornadas itinerantes: Jueces cívicos acudirán directamente a las colonias para resolver problemáticas locales.
• Vías de reporte ciudadano: Las solicitudes de atención podrán ingresar mediante llamadas al 911, el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), asambleas vecinales o patrullajes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
• Regulación de franeleros y faltas en vía pública: La SSC, a cargo de Pablo Vázquez Camacho, atenderá conductas prioritarias como el cobro impuesto de servicios en calle, riñas, consumo de sustancias en la vía pública y maltrato animal.

¿Cuándo entrará en vigor y cómo se financiará este sistema?

El proyecto de ley se encuentra en análisis dentro de las comisiones del Congreso de la Ciudad de México:

• Presupuesto garantizado: La jefa de Gobierno confirmó que la administración capitalina asignará recursos económicos a partir de 2027 para remodelar las instalaciones de los juzgados cívicos, contratar personal especializado y fortalecer los servicios médicos legistas.
• Agilización del trabajo policial: La implementación de audiencias orales busca reducir los tiempos de espera de las patrullas en los juzgados, los cuales actualmente pueden demorar entre cuatro y cinco horas por cada puesta a disposición.