Opositores de Claudia Sheinbaum se lanzaron contra la reducción de las pensiones y buscan modificar la reforma constitucional a las “pensiones doradas” para impedir que el tope de 70 mil pesos afecte a exservidores públicos ya retirados

La Cámara de Diputados mantiene bajo revisión una serie de reformas impulsadas por la Oposición para modificar el tope a las jubilaciones del sector público, con el objetivo de frenar su aplicación retroactiva.

Con información reportada por Reforma, el debate legislativo contrapone la política de austeridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum, con la certeza jurídica de los derechos laborales en México.

En marzo pasado, la mayoría parlamentaria aprobó modificaciones al artículo 127 constitucional y al artículo Segundo Transitorio para establecer un límite de 70 mil pesos mensuales a las pensiones y jubilaciones públicas.

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La controversia actual se basa en que el decreto incluye tanto a las nuevas solicitudes como a los pagos otorgados antes de la entrada en vigor de la ley, una medida que bancadas de oposición señalan como inconstitucional.

¿Cuál es el límite que se propone para las pensiones de exfuncionarios?

La reforma constitucional aprobada establece que ninguna pensión o jubilación en el sector público pueda superar los 70 mil pesos mensuales.

El objetivo manifestado por el Ejecutivo es evitar montos excesivos en el servicio público y promover la austeridad en el gasto social. Sin embargo, la discusión legal no gira en torno al tope numérico en sí, sino al momento a partir del cual debe comenzar a aplicar dicha regla.

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¿Por qué la oposición busca modificar la reforma constitucional?

Las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) impulsan ajustes a los artículos transitorios porque consideran que recortar pensiones vigentes violenta derechos adquiridos bajo reglas anteriores.

El punto central de la disputa es la retroactividad. La Constitución mexicana establece que ninguna norma puede aplicarse hacia el pasado si genera un perjuicio a los ciudadanos. Al incluir en el recorte a las jubilaciones que ya se cobran actualmente, la oposición sostiene que se vulnera la seguridad jurídica en el país.

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¿Qué proponen concretamente los partidos para cambiar el texto?

Las iniciativas presentadas en el Congreso buscan ajustar el lenguaje normativo para proteger a quienes ya se encuentran retirados:

• Propuesta de Movimiento Ciudadano: Presentada en abril, plantea eliminar del texto las frases “que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto” e “incluyendo las que se encuentran vigentes”. De acuerdo con la bancada emecista: “El diseño transitorio genera un impacto directo en personas ya jubiladas o pensionadas, pues modifica la consecuencia económica futura de un derecho previamente reconocido”.
• Propuesta del PAN: Presentada el 13 de mayo ante la Comisión Permanente, busca precisar que las jubilaciones no superen la mitad de la remuneración anual máxima fijada para la Jefatura del Ejecutivo federal. La postura panista señala que el Poder Legislativo está a tiempo de corregir la norma antes de una intervención judicial: “Esta disposición es retroactiva, e implica una antinomia constitucional que atenta contra los derechos laborales de los servidores públicos sujetos de la norma. Ello es violatorio de sus derechos humanos y atenta contra la certeza jurídica que el Estado de Derecho debe darle al gobernado”.

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¿Qué significa la “retroactividad” y cómo impacta este debate?

Para entender el concepto en la práctica cotidiana, el escenario legal equivale a lo siguiente:

Cuando un trabajador cumple sus años de servicio y firma su retiro bajo una ley vigente, obtiene un derecho reconocido. Si tiempo después se modifica la norma para reducir ese monto de forma retroactiva, se rompe el compromiso legal asumido por el Estado al momento de su jubilación.

Los legisladores de oposición argumentan que, aunque la meta de ajustar gastos públicos sea válida, vulnerar el principio de no retroactividad sienta un precedente riesgoso para la certidumbre de cualquier contrato o derecho laboral en el país.

¿Cómo se compara una pensión promedio con una pensión del sector público?

Para poner en perspectiva las cifras que se discuten en la Cámara de Diputados, las características entre ambos esquemas se dividen de la siguiente manera:

• Pensión promedio ciudadana (IMSS / ISSSTE):
• Monto mensual habitual: Se calcula con base en las semanas cotizadas y el salario registrado durante la vida laboral del trabajador.
• Punto central de atención: La actualización periódica según la inflación y el cumplimiento de los requisitos de edad.
• Enfoque principal: Garantizar el sustento básico indispensable para la etapa de retiro.
• Pensión de exservidores públicos (“Pensiones doradas”):
• Monto mensual propuesto: Se busca fijar un techo máximo de $70,000 MXN.
• Punto de conflicto actual: La intención de aplicar el recorte a pagos otorgados en el pasado bajo marcos legales previos.
• Enfoque principal: El choque entre la austeridad presupuestal del Estado y el respeto a los derechos adquiridos.

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¿Qué pasará ahora con la reforma en el Congreso?

La discusión continúa en comisiones legislativas. De aprobarse las correcciones de la oposición, el texto final modificará los artículos transitorios para que el tope de 70 mil pesos aplique únicamente a las futuras jubilaciones del sector público.

En caso de que el bloque mayoritario mantenga la redacción sin cambios, el asunto llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante recursos de inconstitucionalidad, donde los ministros determinarán la validez legal del decreto.