Sheinbaum vuelve a pedir pruebas a Estados Unidos, pero ahora por acusación de que el CJNG financia campañas con huachicol fiscal

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos presentar pruebas sobre la acusación de que ganancias del huachicol fiscal vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), habrían sido usadas para financiar campañas políticas y medios en México.

Hasta ahora, el Departamento del Tesoro y FinCEN sí publicaron una alerta sobre ese presunto esquema, pero no identificaron campañas, partidos ni políticos específicos; por eso se debe distinguir entre una sanción financiera de Estados Unidos, una investigación en curso y una prueba judicial concluyente. La información se desprende del comunicado del Departamento del Tesoro, la alerta de FinCEN y declaraciones de Sheinbaum durante la conferencia matutina.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la acusación de Estados Unidos?

Sheinbaum cuestionó que el gobierno estadounidense incluyera el tema de campañas políticas en su comunicación pública sin, según dijo, haber compartido pruebas con México.

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“De eso nunca fuimos informados”, dijo la Presidenta al referirse al señalamiento sobre campañas. También preguntó “¿qué pruebas tienen?” y reclamó que Estados Unidos haya difundido el comunicado antes de cerrar una comunicación conjunta con el gobierno mexicano.

La mandataria comparó este caso con señalamientos previos del Departamento del Tesoro contra tres instituciones financieras mexicanas. Según dijo, cuando México pidió elementos para acompañar el proceso, recibió “dos páginas sin pruebas”. Su argumento central fue que la entrega de evidencia debe operar en ambos sentidos, como ocurre cuando Estados Unidos solicita información a México en casos de extradición.

¿Qué acusa el Departamento del Tesoro sobre el CJNG y el huachicol fiscal?

El Departamento del Tesoro informó el 30 de junio que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC, y FinCEN anunciaron acciones contra esquemas de contrabando de combustible ligados al CJNG. La dependencia dijo que fueron sancionados dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades relacionadas con una red que habría usado documentos aduanales falsos, empresas fachada y contrabando transfronterizo para evadir impuestos en México.

En la alerta de FinCEN se afirma que los cárteles usan ganancias del combustible ilícito para reforzar operaciones criminales y, según información disponible para esa agencia, para hacer pagos en efectivo a campañas políticas mexicanas y medios de comunicación con el fin de apoyar a políticos corruptos. Sin embargo, en la alerta pública no aparecen nombres de candidatos, campañas, partidos ni elecciones concretas.

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¿Qué es el huachicol fiscal y por qué aparece en este caso?

El huachicol fiscal no se refiere sólo al robo directo de combustible en ductos. En este caso, las autoridades estadounidenses hablan de esquemas para introducir combustible desde Estados Unidos a México sin pagar correctamente impuestos, principalmente mediante facturas falsas, permisos usados de forma indebida, clasificación incorrecta de mercancías y empresas intermediarias.

FinCEN describe que estos esquemas pueden incluir:

• Compra de combustible en Estados Unidos mediante empresas aparentemente legales.
• Cruce hacia México por camiones, trenes o embarcaciones.
• Documentos aduanales que declaran el producto como otra mercancía.
• Uso de empresas fachada para facturar y mover dinero.
• Venta del combustible en gasolineras o puntos no regulados.

La alerta también señala que el combustible ilícito afecta los ingresos fiscales de México, compite contra empresas legales y puede alimentar redes de corrupción en aduanas, permisos, contratos y distribución.

¿Quiénes fueron sancionados por Estados Unidos?

Entre los sancionados aparece Oscar Guillermo Juraidini Silva, señalado por el Tesoro como operador financiero del CJNG en una red de contrabando de combustible. Según el comunicado, Juraidini habría creado empresas fachada y falsificado documentos aduanales para mover combustible de forma ilegal desde Estados Unidos hacia México.

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También fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagómez, vinculado a Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. El Tesoro lo acusa de haber contrabandeado combustible desde Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes y de pagar cuotas a cárteles u organizaciones criminales que controlan puntos de cruce fronterizo.

Como efecto de las sanciones, los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que estén bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados. Además, en general, personas y compañías de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con ellas, salvo autorización específica.

¿Qué está confirmado y qué falta por comprobar?

Lo confirmado es que Estados Unidos publicó sanciones financieras contra dos mexicanos y nueve entidades por una presunta red de huachicol fiscal vinculada al CJNG. También está confirmado que FinCEN incluyó en su alerta una referencia a pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos.

Lo que no está confirmado públicamente es lo más delicado del caso:

• No se identificaron campañas específicas.
• No se mencionaron partidos políticos concretos.
• No se dieron nombres de candidatos o funcionarios beneficiados por ese supuesto financiamiento.
• No se publicaron pruebas documentales abiertas sobre esos pagos.
• No hay, con la información pública disponible, una sentencia judicial derivada de este señalamiento específico.

Por eso, la postura de Sheinbaum se concentra en pedir evidencia formal antes de que México actúe sobre el componente electoral de la acusación.

¿Qué papel tiene la UIF en esta investigación?

Sheinbaum dijo que parte del caso ya se trabajaba con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y que las personas señaladas por Estados Unidos ya estaban bajo revisión en México. Su reclamo fue que el Departamento del Tesoro “se adelantó” al publicar el comunicado y añadió el tema de campañas sin que, de acuerdo con su versión, México hubiera sido informado de esa parte.

La UIF es clave porque analiza movimientos financieros, posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y redes de lavado de dinero. En casos de huachicol fiscal, su papel puede ser rastrear empresas, cuentas, transferencias, beneficiarios y vínculos entre operaciones comerciales y posibles estructuras criminales.

¿Por qué este caso ocurre en medio de una tensión mayor con Estados Unidos?

El señalamiento del Tesoro llega después de otros casos que han elevado la presión entre México y Estados Unidos en materia de narcotráfico, corrupción y política. En abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios actuales o anteriores de ese estado, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas. Esas acusaciones pertenecen a otro expediente y se refieren al Cártel de Sinaloa, no al CJNG.

Ese contexto explica por qué el nuevo señalamiento sobre campañas tiene impacto político. No se trata sólo de una acusación financiera contra una red de combustible. También abre una discusión sobre hasta dónde llegan las investigaciones estadounidenses, cómo se comparten pruebas con México y qué debe ocurrir antes de señalar a actores políticos concretos.

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