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Jueza dicta prisión preventiva a Ernesto Ruffo y otros siete por presunto huachicol fiscal de 2 mil 137 millones de litros; el exgobernador y otros cuatro serán enviados al Altiplano y esta semana se definirá si son vinculados a proceso

La defensa solicitó ampliar el plazo constitucional antes de que se determine si existen elementos para iniciar un proceso penal por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

Jueza dicta prisión preventiva a Ernesto Ruffo y otros siete por presunto huachicol fiscal de 2 mil 137 millones de litros; el exgobernador y otros cuatro serán enviados al Altiplano y esta semana se definirá si son vinculados a proceso

CIUDAD DE MÉXICO.- Una jueza federal dictó prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otras siete personas investigadas por su presunta participación en una red de contrabando de combustible. La medida importa porque cinco de los imputados, incluyendo al exgobernador, serán enviados al penal federal del Altiplano, mientras que la situación jurídica de todos se resolverá después de que sus defensas solicitaron ampliar el plazo constitucional. La Fiscalía General de la República (FGR), Agencia Reforma y El Universal confirmaron la medida cautelar, pero hasta ahora ninguno de los detenidos ha sido vinculado a proceso ni declarado culpable.

El caso afecta a empresas, agentes aduanales y operadores vinculados con la importación, almacenamiento y distribución de productos derivados del petróleo. Para entender el alcance de la decisión, debe distinguirse entre una prisión preventiva, que busca mantener a los acusados a disposición del juzgado, y una sentencia condenatoria, que todavía no existe.

¿Qué ordenó la jueza en el caso de Ernesto Ruffo?

Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, impuso prisión preventiva a los ocho imputados después de escuchar la formulación de cargos presentada por el Ministerio Público Federal.

 Foto: Pixabay

De acuerdo con la FGR, la distribución de las medidas cautelares quedó de la siguiente manera:

  • Ernesto Ruffo Appel y otros cuatro imputados permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como penal del Altiplano.
  • Adriana Magali Bárcenas Guillén será internada en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
  • José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales estarán sujetos a prisión domiciliaria por motivos de salud.

La prisión domiciliaria no significa que los dos imputados hayan quedado en libertad. Ambos deberán permanecer en sus viviendas bajo las condiciones y vigilancia que establezca la autoridad judicial.

¿Quiénes son las ocho personas imputadas?

El Universal informó que las personas presentadas ante la jueza por su posible participación en delincuencia organizada y contrabando son:

  • Ernesto Guillermo Ruffo Appel.
  • Ricardo Thompson Navarro.
  • José María de la Peña Ramos.
  • José Merino Valdés Cuervo.
  • Guillermo de la Peña Rosales.
  • Juan Hermilo Chávez Rodríguez.
  • Luis Antonio Barrientos Juárez.
  • Adriana Magali Bárcenas Guillén.

¿Por qué Ernesto Ruffo todavía no ha sido vinculado a proceso?

La defensa de los ocho imputados solicitó la duplicidad del término constitucional. Esto permite ampliar el tiempo antes de que la jueza decida si los datos presentados por la Fiscalía son suficientes para abrir formalmente un proceso penal.

Ernesto Ruffo será presentado en Almoloya por huachicol fiscal y podría quedar en el Altiplano. | Crédito: El Universal/Canva

La resolución sobre la vinculación deberá emitirse a mediados de semana. Hasta entonces, la jueza puede tomar una de estas determinaciones:

  • Vincular a proceso a todos los imputados.
  • Vincular solamente a algunos de ellos.
  • Determinar que los datos son insuficientes para iniciar el proceso contra una o más personas.

La prisión preventiva permanecerá vigente mientras se celebra la continuación de la audiencia y se emite la resolución correspondiente.

¿Cuánto duró la audiencia contra Ruffo Appel?

La audiencia comenzó alrededor de las 22:00 horas del viernes y concluyó cerca de las 6:30 horas del domingo, después de diversos recesos y más de 32 horas de diligencias, según fuentes federales consultadas por Agencia Reforma.

Durante ese periodo, la Fiscalía expuso sus acusaciones, los abogados conocieron los datos incluidos en la carpeta de investigación y las partes debatieron las medidas cautelares.

El Universal había reportado previamente que la audiencia correspondía a la causa penal 153/2026 y que entre los señalados se encontraban socios empresariales, agentes aduanales y operadores logísticos.

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¿Qué investiga la FGR en esta presunta red de huachicol fiscal?

La investigación está relacionada con operaciones presuntamente irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.

Deer Park aparece en la ruta del combustible atribuida a Ernesto Ruffo, pero la FGR aún debe probar quién alteró documentos y evitó el pago de impuestos. | Crédito: Especial/Banco digital GH

La FGR sostiene que el grupo habría utilizado estructuras empresariales, financieras, logísticas y aduaneras para ingresar combustible a México mediante información falsa o incompleta.

Entre las prácticas investigadas se encuentran:

  • Reportar volúmenes menores a los transportados.
  • Declarar combustibles como si fueran otros productos.
  • Evadir impuestos y contribuciones aduaneras.
  • Utilizar empresas y cuentas financieras para distribuir los recursos obtenidos.
  • Introducir y movilizar hidrocarburos mediante redes de transporte y almacenamiento.

La Fiscalía afirma que este tipo de operaciones produce pérdidas fiscales y puede convertirse en una fuente de financiamiento para grupos delictivos. Estas afirmaciones forman parte de la acusación y deberán ser demostradas durante el proceso judicial.

¿Qué significa huachicol fiscal y cómo funciona?

El llamado huachicol fiscal no consiste necesariamente en extraer combustible de ductos de Pemex. Se refiere principalmente a la importación o comercialización de hidrocarburos mediante declaraciones aduaneras falsas para evitar el pago de impuestos.

La fiscal general Ernestina Godoy explicó que el esquema consiste en introducir combustible al país “mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas”, ya sea reportando cantidades menores o registrando otro tipo de mercancía.

Un cargamento puede ser declarado, por ejemplo, como aceite, aditivo, residuo o producto químico, aunque en realidad contenga gasolina o diésel. La diferencia permite reducir o evitar las contribuciones que corresponderían por la importación de combustible.

¿Cuánto combustible y dinero están bajo investigación?

Agencia Reforma reportó que la acusación se relaciona con el supuesto contrabando de más de 2 mil 137 millones de litros de hidrocarburos.

También señaló que las autoridades aseguraron alrededor de 18 millones de litros, asociados con un posible daño de 166 millones de pesos a la hacienda pública.

  Foto: Pixabay

Estas cifras deben leerse con cuidado. La FGR ha presentado estimaciones más amplias sobre el daño atribuido al conjunto de operaciones investigadas, superiores a 4 mil millones de pesos. Las cantidades pueden corresponder a periodos, cargamentos o componentes distintos de la investigación y todavía deberán ser acreditadas ante la jueza.

¿Qué sigue en el proceso contra Ernesto Ruffo?

El siguiente paso será la continuación de la audiencia inicial. La jueza revisará los argumentos de la Fiscalía y de las defensas para decidir si los imputados quedan vinculados a proceso.

La vinculación tampoco representaría una condena. Únicamente significaría que existen datos suficientes para continuar la investigación bajo supervisión judicial. Después podrían fijarse plazos para reunir pruebas, solicitar diligencias y preparar una eventual acusación formal.

Mientras no exista una sentencia definitiva, Ernesto Ruffo Appel y los otros siete imputados deben ser considerados inocentes. La prisión preventiva determina dónde permanecerán durante esta etapa, pero no resuelve si participaron en la red de contrabando señalada por la FGR.

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