Senado de México aprueba reforma constitucional sobre feminicidio que permitirá una ley general para unificar criterios y sanciones en todo el país ante más de 26 mil asesinatos de mujeres desde 2018

El Senado de México emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en materia de feminicidio, un paso clave que permitirá al Congreso expedir una ley general para atender este delito en todo el país.

La iniciativa, enviada por la Cámara de Diputados, será turnada al Diario Oficial de la Federación para su publicación, con lo que entrará en vigor la modificación al artículo 73 de la Constitución.

Hacia una legislación nacional unificada

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, explicó que el objetivo de esta futura ley general será fortalecer la prevención, investigación, sanción y reparación del delito de feminicidio.

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La reforma faculta al Congreso de la Unión para establecer criterios homogéneos en todo el país, evitando que cada estado mantenga definiciones y procedimientos distintos, lo que hasta ahora ha dificultado la correcta tipificación de estos crímenes.

Un problema persistente

El avance legislativo se da en un contexto alarmante: en México se registran en promedio 10 asesinatos de mujeres al día. Entre 2018 y 2025 se contabilizaron más de 26,600 homicidios de mujeres, pero solo 6,781 fueron investigados como feminicidio, es decir, menos del 25%.

Esta disparidad evidencia las fallas en la clasificación y persecución del delito, uno de los principales problemas que la nueva legislación busca corregir.

Amplio respaldo estatal

La reforma ya había sido declarada constitucional tras recibir el aval de 27 congresos locales, entre ellos los de Sonora, Veracruz, Puebla y la Ciudad de México, lo que permitió su aprobación definitiva en el Senado.

Impulso desde el Ejecutivo

La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha planteado la necesidad de unificar criterios legales para enfrentar este delito.

Con su publicación en el DOF, se abrirá la puerta a la discusión de una ley que establezca bases mínimas claras sobre qué constituye feminicidio y cómo debe investigarse y sancionarse.

Este cambio busca cerrar brechas legales que han permitido la subclasificación del delito y, en consecuencia, la impunidad en miles de casos en el país.

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