La Suprema Corte bajo Norma Piña autorizó ausencias con sueldo completo de hasta 740 mil pesos por funcionario, duplicó costos al pagar interinos y luego clasificó los motivos como confidenciales, bloqueando la rendición de cuentas sobre recursos federales

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos meses previos a la reforma judicial de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) operó bajo un esquema que permitió a altos funcionarios ausentarse durante meses con goce íntegro de sueldo, sin que hasta ahora se conozcan con claridad las razones. La información, revelada por El Universal con base en documentos oficiales y registros de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), expone un patrón de licencias pagadas que hoy permanece parcialmente oculto por criterios de confidencialidad.

De acuerdo con esta investigación periodística, la Corte autorizó al menos 49 licencias entre 2019 y 2025, muchas de ellas bajo el argumento de “asuntos personales graves”, un concepto amplio que, en la práctica, permitió que funcionarios mantuvieran ingresos elevados sin desempeñar sus funciones. El tema ha abierto un debate sobre el uso de recursos públicos y los límites entre privacidad y rendición de cuentas.

¿Qué tipo de licencias otorgó la SCJN y cómo funcionaban?

Las licencias documentadas tenían una característica central: permitían ausentarse del cargo con sueldo completo. Este beneficio fue autorizado por el Comité de Gobierno y Administración de la Corte, integrado en su momento por ministros como Norma Piña, Jorge Mario Pardo y Javier Laynez.

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El mecanismo operaba bajo la figura de permisos por “asuntos personales graves”, sin que necesariamente se hicieran públicos los detalles de cada caso. En la práctica, esto implicaba:

• Continuidad total del salario
• Conservación del puesto durante la ausencia
• Posibilidad de nombrar a un sustituto temporal

Este esquema generó un impacto directo en el gasto público, ya que en algunos casos se pagaba doble por una misma función: al titular con licencia y al interino.

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¿Cuál es el caso más representativo y cuánto dinero se pagó?

Uno de los ejemplos más claros es el de Alejandra Martínez Verástegui, directora del Centro de Estudios Constitucionales. Según el acta del 18 de agosto de 2025, recibió una licencia por seis meses, del 16 de agosto de 2025 al 15 de febrero de 2026.

De acuerdo con datos oficiales:

• Su salario mensual neto era de 123 mil 355 pesos
• Durante su ausencia, habría recibido cerca de 740 mil pesos netos
• Su puesto fue ocupado de forma interina, elevando el gasto operativo

Este caso ilustra cómo el esquema no solo implicaba pagos elevados, sino también duplicidad en el uso de recursos públicos.

¿Por qué no se conocen los motivos de estas licencias?

Aunque se confirmó la existencia de las 49 licencias, la SCJN decidió clasificar la información sobre sus motivos mediante el acuerdo CT-CI/A-8-2026.

El argumento oficial es que revelar las razones podría:

• Exponer datos personales sensibles
• Generar posibles actos de discriminación
• Provocar afectaciones psicológicas a los funcionarios

Esto ha generado cuestionamientos porque se trata de servidores públicos financiados con recursos federales.

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¿Qué dicen los expertos sobre la falta de transparencia?

Especialistas consideran que esta decisión limita el acceso a la información y debilita la rendición de cuentas. El politólogo de la UNAM, Sebastián Godínez, explicó:

“Son temas que bloquean la transparencia, pues esta clasificación no es un argumento válido ya que en primer lugar el Poder Judicial funciona con recursos públicos”.

Además, señaló una brecha evidente entre estos beneficios y la realidad laboral del país:

“Dan una licencia de seis meses con goce de sueldo… cuando en un trabajo normal mucha gente no tiene ese permiso ni siquiera un mes… habla de esta disparidad en el país y de la realidad mexicana”.

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¿Qué tiene que ver la reforma judicial de 2024 con estos casos?

El caso también se vincula con la transición institucional derivada de la reforma judicial de 2024, ya que algunas licencias —como la de Martínez Verástegui— fueron respaldadas con disposiciones transitorias de dicha reforma.

Esto ha llevado a cuestionar si estas autorizaciones fueron:

• Medidas administrativas legítimas
• O mecanismos para asegurar beneficios antes del cambio estructural

La discusión sigue abierta, especialmente porque el nuevo modelo judicial aún debe definir cómo manejará este tipo de prestaciones.

¿Qué sigue y por qué es relevante para la ciudadanía?

El tema no está cerrado. La nueva etapa del Poder Judicial enfrenta el reto de:

• Revisar criterios de transparencia
• Evaluar el uso de recursos públicos
• Definir límites claros a beneficios laborales de alto nivel

Para la ciudadanía, el caso es relevante porque involucra dinero público y plantea una pregunta clave: hasta dónde debe llegar la privacidad de un funcionario cuando está en juego el gasto del Estado.

Mientras no se conozcan los motivos detrás de estas licencias, el debate entre confidencialidad y derecho a saber seguirá marcando la discusión sobre el futuro del sistema judicial en México.