Poder Judicial: SCJN admite 3 consultas para analizar impugnaciones contra reforma; Claudia Sheinbaum manda las leyes secundarias
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió tres nuevas consultas para analizar las impugnaciones contra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), abriendo la posibilidad de emitir suspensiones temporales.
CIUDAD DE MÉXICO.-El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió tres nuevas consultas para revisar las impugnaciones contra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). Con esto, se dejó abierta la posibilidad de suspender temporalmente dicha reforma, pese a que ya fue promulgada por el Ejecutivo federal el 15 de septiembre de 2023.
En una votación cerrada, de seis votos a favor y cinco en contra, el Pleno rechazó dos propuestas de la ministra Lenia Batres, que buscaban impedir la emisión de medidas cautelares en las consultas sobre la reforma judicial. Batres argumentó que al ser una reforma constitucional, no procede un juicio de amparo ni una suspensión, pues otorgar medidas cautelares sería equivalente a legislar, lo que violaría el principio de separación de poderes.
El ministro Luis María Aguilar expresó su desacuerdo, defendiendo que la Corte sí tiene la facultad de emitir suspensiones cuando la naturaleza de los actos lo permita, tras un análisis del derecho y el interés social.
Asimismo, en la misma sesión, el Pleno rechazó los proyectos de la ministra Yasmín Esquivel, que proponían desestimar las consultas a trámite en las que jueces y magistrados alegan que la reforma vulnera la independencia judicial. Con este rechazo, se admitieron las impugnaciones presentadas y se turnaron a un solo ministro para su análisis.
La controversia de la reforma judicial
El ministro Alberto Pérez Dayán fue designado para revisar la controversia sobre la reforma judicial. Aunque no tiene un plazo definido para emitir su dictamen, deberá determinar si la SCJN puede revisar, modificar o anular dicha reforma. La reforma, vigente desde el 16 de septiembre, implica cambios sustanciales, como la elección por voto popular de jueces y magistrados en 2025, lo que ha generado críticas dentro del Poder Judicial.
La controversia no está completamente reglamentada, por lo que existen dudas sobre el proceso que seguirá Pérez Dayán. Algunos de los aspectos que deberá considerar incluyen si la Corte puede suspender la implementación de la reforma y cómo se resolverán las impugnaciones.
Reformas secundarias y proceso electoral para el Poder Judicial
En otro frente, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Congreso de la Unión dos iniciativas de leyes secundarias relacionadas con la reforma judicial. Estas propuestas buscan ajustar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), con el fin de garantizar transparencia, objetividad y legalidad en las elecciones populares de jueces y magistrados.
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Sheinbaum señaló que, una vez aprobadas estas leyes, comenzará el proceso electoral para la selección de jueces y magistrados. Explicó que los tres poderes del Estado participarán en la conformación de un Comité de Evaluación, encargado de evaluar y seleccionar a los candidatos que competirán en las elecciones de junio de 2025.
La consejera jurídica Ernestina Godoy detalló que las elecciones para los cargos del Poder Judicial estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales (OPLE). Las etapas del proceso comenzarán en octubre de 2024, con la convocatoria para los Comités de Evaluación y la inscripción de aspirantes, extendiéndose hasta febrero de 2025, cuando se realizarán las elecciones.
Esta reforma judicial, junto con las leyes secundarias, marca un cambio en el sistema judicial mexicano, y su desarrollo sigue siendo objeto de debate tanto en la Suprema Corte como en otros sectores del gobierno y la sociedad.
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