Intolerancia

POR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Fue un sujeto de origen mexicano el ejecutor de la masacre en Cleveland, Texas, que reacciona de manera brutal asesinando cobardemente a cinco personas, entre ellas a un niño de 9 años, porque le exigen que deje de disparar su arma de alto poder. La familia hondureña, vecina del asesino, llamó al menos cinco veces a los servicios de emergencia del 911, sin que les prestaran la atención debida. La información cuenta que los policías habían platicado anteriormente con Francisco Oropesa, quién tenía antecedentes penales, había sido deportado en cuatro ocasiones, y hecho preso por manejar sin licencia, pero solo le llamaron la atención y no lo detuvieron. Después de la masacre, huyó a la ciudad de Conroe a bañarse ya dormir en la casa que rentaba con su pareja. Con ella les mandó un recado a sus familiares para que lo trajeran a México, para evadir la justicia. Sus primos se negaron a auxiliarlo. Ya consumada la masacre, la policía puso en marcha la búsqueda del asesino, desplegando 250 agentes y utilizando drones, perros y ofreciendo una recompensa de 80,000 dólares.

Es triste y vergonzoso reconocer, que con el auxilio de dos policías que hubieran detenido a Oropesa, se pudo haber evitado toda esta tragedia. Pero hay fallas en el sistema de justicia y apoyo a los que vivimos en este país. Se desatienden denuncias de personas sin documentos legales para estar aquí, o a gente sin hogar o homeless. La prueba que refuerza este argumento son las llamadas que se hicieron para denunciar al asesino, y que no fueron atendidas. También se pudieron evitar las anteriores fatalidades en otras ciudades, ocurridas en escuelas, iglesias, sinagogas, y otros tantos lugares, donde, individuos utilizando armas de alto poder y con varios cargadores, acribillan a ciudadanos inocentes, sin importarles el sexo o la edad de las víctimas.

En el presente, el gobierno de los Estados Unidos no tiene la forma de saber, o al menos no la ha dado a conocer, de cuál es el número de armas de alto poder que se encuentran en manos de personas con problemas mentales, o que son miembros de bandas criminales, o de individuos militando en agrupaciones fascistas, separatistas o de cualquier otra índole criminal. El mercado libre de armamento es una realidad, la oferta y demanda es abierta, así como las facilidades para su adquisición. Si no hay restricciones legales después de adquirirlas, entonces su uso es igualmente sencillo. Si el cobarde asesino Francisco Oropesa, con cuatro deportaciones tuvo la capacidad de armarse y consumar esta tragedia, podemos esperar desgracias similares o peores que ensombrecerán nuestros días, y nos llenarán de tristeza.

Por consiguiente, el asunto de la utilización de armamento sofisticado en los atentados fatales es un problema multifactorial, en el cual el Gobierno Federal, los legisladores y el aparato de justicia, tienen una responsabilidad mayúscula que no han estado cumpliendo. Ellos deben restringir, al máximo, la compraventa de estas armas. Por ende, cuando sucede una masacre, la culpabilidad se comparte entre todos los actores. Cuando se molestan porque se les reclama, se ponen en el nivel de desfachatez de Donald Trump, quién cínicamente declara que, “es una vergüenza que me acusen de violación por ser rico, famoso y político. Vale.

* El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.