Oposición exige revisar la actuación de Hacienda tras la orden judicial que permitió a Rubén Rocha Moya volver a cobrar tres pensiones que suman 1.5 millones de pesos, mientras se aplican recortes retroactivos a jubilados y mayores restricciones en la Modalidad 40

Diputados federales de oposición exigieron revisar la actuación jurídica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el trato diferenciado del Gobierno federal hacia los trabajadores, luego de que una orden judicial permitió al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, volver a cobrar tres pensiones que suman 1.5 millones de pesos al año.

El reclamo legislativo surge porque el descongelamiento parcial de sus cuentas bancarias ocurre mientras miles de jubilados del Estado enfrentan recortes retroactivos derivados de la reforma contra las “pensiones doradas” y se aplican mayores restricciones a quienes buscan mejorar su retiro mediante la Modalidad 40 del IMSS.

La reactivación de estos pagos fue ordenada por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que concedió una suspensión provisional para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) libere exclusivamente dos cuentas bancarias donde el exmandatario recibe sus prestaciones del IMSS, el ISSSTE y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

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Para las bancadas de Movimiento Ciudadano y del PAN en la Cámara de Diputados, el caso exhibe una deficiencia técnica de Hacienda al congelar cuentas sin sustento penal sólido, así como un doble estándar frente a ciudadanos que han perdido derechos adquiridos tras décadas de servicio.

¿Por qué la oposición exige revisar la actuación de Hacienda y la UIF?

El cuestionamiento central en San Lázaro apunta a la forma en que la Unidad de Inteligencia Financiera ejecutó y defendió el bloqueo de las cuentas de Rubén Rocha Moya, quien fue incluido en la Lista de Personas Bloqueadas en mayo de 2026, tras alertas financieras e investigaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El diputado federal del PAN y abogado de profesión, Marcelo Torres Cofiño, explicó que, si bien la decisión del Tribunal de liberar el pago de las pensiones se apega a la Constitución —pues el retiro laboral es un derecho adquirido e inembargable—, el revés judicial deja en evidencia una alarmante falta de eficacia jurídica y rigor técnico de la UIF.

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De acuerdo con el legislador, las fallas de Hacienda se concentran en tres puntos:

1. Bloqueos indiscriminados sin separar recursos: Al congelar la totalidad de las cuentas bancarias de forma generalizada, sin distinguir desde el origen qué fondos provienen de actividades presuntamente ilícitas y cuáles corresponden a depósitos lícitos comprobables, como pensiones o nóminas, la UIF entregó argumentos legales a la defensa para impugnar la medida y obtener la suspensión en los tribunales.
2. Actuación tardía y reactiva ante Estados Unidos: La oposición señala que el Gobierno federal actuó únicamente por reacción ante los señalamientos de las agencias estadounidenses, pero sin que exista en México una carpeta de investigación penal sólida en la Fiscalía General de la República (FGR) que permita asegurar los bienes por la vía ministerial.
3. Uso mediático de los congelamientos: Al carecer de sustento penal firme, la inmovilización administrativa de cuentas termina funcionando como un anuncio de impacto mediático temporal que se revierte parcialmente en los juzgados, manteniendo a Rocha Moya en la lista de personas bloqueadas, pero con pleno acceso a 1.5 millones de pesos anuales.

Torres Cofiño cuestionó además la urgencia de liberar estos fondos bajo el argumento de subsistencia, tras los señalamientos de derroche financiero en la administración estatal. Advirtió que mientras a algunos perfiles se les aplica la ley con severidad, en casos vinculados al partido oficial se observa una falta de diligencia técnica que facilita recuperar el dinero.

¿Qué ocurre con los recortes a jubilados del Estado y la Modalidad 40?

La indignación expresada por los legisladores opositores radica en el contraste entre las facilidades jurídicas que encontró el exmandatario sinaloense y las medidas que han limitado el retiro de los trabajadores ordinarios en México durante 2026.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, calificó como una incongruencia que, apenas unos meses después de aprobarse la reforma constitucional al artículo 127 —publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de abril de 2026 bajo la bandera de eliminar las “pensiones doradas”—, un exgobernador emanado de Morena y señalado en Estados Unidos conserve intacto el cobro de pensiones millonarias.

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Reyes denunció que a personas que trabajaron entre 30 y 40 años al servicio del Estado y diseñaron un plan de vida en torno a su jubilación se les aplicó la reforma de manera retroactiva, desconociendo derechos legítimamente adquiridos.

Por su parte, el vicecoordinador del PAN, Federico Döring, enfatizó que la administración federal mantiene una política que golpea simultáneamente a dos sectores de trabajadores:

1. Extrabajadores del sector público con más de 25 años de servicio: A quienes se les impusieron topes retroactivos en sus pensiones de entidades públicas, organismos descentralizados, empresas del Estado y banca de desarrollo, reduciendo percepciones amparadas en contratos colectivos e individuales previos.
2. Trabajadores que cotizan en la Modalidad 40 del IMSS: Ciudadanos del sector privado e independientes que pagan de su propio bolsillo la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio para alcanzar una pensión más alta bajo la Ley 73. Actualmente enfrentan el encarecimiento progresivo de las cuotas patronales-obreras, topes estrictos en Unidades de Medida y Actualización (UMA) y revisiones administrativas más rígidas que han frenado o cancelado trámites de retiro.

Döring señaló que este trato diferenciado no es exclusivo del exgobernador de Sinaloa. También mencionó el caso de la diputada federal de Morena por Baja California, Hilda Araceli Brown Figueredo, cuyas cuentas fueron intervenidas por señalamientos de vínculos con la facción conocida como “La Mayiza”, pero quien obtuvo autorización para disponer parcialmente de sus ingresos correspondientes a la dieta como legisladora.

En contraste, a opositores sujetos a procesos judiciales —como el exmandatario panista Ernesto Ruffo Appel— los juzgados les han negado descongelar incluso las cuentas donde reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

¿De dónde provienen las tres pensiones de Rubén Rocha Moya?

El fallo de la Segunda Sala Regional del TFJA en Sinaloa, acatado por la Secretaría de Hacienda en noviembre de 2026, no libera todo el dinero ni saca a Rubén Rocha Moya de la Lista de Personas Bloqueadas. Únicamente habilita dos cuentas bancarias destinadas a recibir tres pensiones acumuladas a lo largo de su trayectoria previa.

De acuerdo con los registros públicos de sus declaraciones patrimoniales, el monto cercano a los 1.5 millones de pesos anuales, alrededor de 125 mil pesos mensuales libres, se integra de la siguiente manera:

• Jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS): 760 mil 313 pesos anuales, derivada de su etapa como académico y rector de dicha casa de estudios entre 1993 y 1997.
• Pensión por cesantía en edad avanzada del IMSS: 554 mil 697 pesos anuales, correspondiente a sus cotizaciones bajo el régimen del seguro social.
• Pensión por viudez del ISSSTE: ingreso adicional que en sus reportes patrimoniales previos ascendía a 316 mil 102 pesos anuales.

La suma de estas tres percepciones supera casi al doble los 797 mil 14 pesos anuales que Rocha Moya reportó como sueldo neto y prestaciones por su encargo como gobernador de Sinaloa en 2025, puesto del que solicitó licencia definitiva en agosto pasado tras los bloqueos financieros iniciados en mayo.

¿Por qué una pensión no puede embargarse y qué implica para los trabajadores?

Más allá de la controversia política, el argumento legal que obligó a Hacienda a reactivar estas dos cuentas se basa en dos figuras jurídicas que amparan a los trabajadores mexicanos frente a embargos o bloqueos administrativos: la inembargabilidad de las pensiones y el derecho al mínimo vital.

Tanto el artículo 10 de la Ley del Seguro Social (IMSS) como el artículo 52 de la Ley del ISSSTE establecen que las pensiones y jubilaciones son recursos devengados tras décadas de aportaciones laborales y, por lo tanto, no pueden ser embargados, retenidos ni congelados por deudas mercantiles, créditos bancarios ordinarios ni bloqueos administrativos preventivos.

Para los trabajadores y pensionados, esto tiene implicaciones prácticas directas:

1. Cuándo sí pueden descontar una pensión: La única vía legal para que un juez ordene retener un porcentaje directo de una pensión del IMSS o ISSSTE es por concepto de pensión alimenticia, para hijos o cónyuge acreedor, o para saldar adeudos contraídos directamente con el propio instituto de seguridad social, como préstamos a cuenta de pensión o pagos indebidos.
2. Qué hacer si bloquean una cuenta de retiro: Cuando una autoridad administrativa, como la UIF o el SAT, congela una cuenta bancaria de forma general, el titular puede promover un juicio de nulidad ante el TFJA o un juicio de amparo indirecto y solicitar una suspensión provisional por afectación al mínimo vital. Al comprobar con estados de cuenta y talones de pago que en esa cuenta se deposita exclusivamente una pensión laboral, el tribunal puede ordenar el desbloqueo parcial únicamente por el monto de dicha prestación.
3. Por qué la reforma de 2026 afectó a otros jubilados del Estado: La inembargabilidad protege el pago ya depositado frente a terceros o bloqueos bancarios, pero la reforma constitucional de abril de 2026 modificó directamente la regla de cálculo en el artículo 127. Esta estableció que ninguna jubilación de entidades públicas financiadas con recursos fiscales puede exceder la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal, salvo las basadas en aportaciones sindicales propias o sistemas de ahorro individual. Por esta razón, miles de extrabajadores de organismos públicos han tenido que recurrir a litigios de amparo contra la aplicación retroactiva de ese tope.

¿Qué sigue para las cuentas de Rubén Rocha Moya?

El descongelamiento de las dos cuentas pensionarias es una medida cautelar que se mantendrá vigente mientras se resuelve el juicio de fondo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En esa instancia, los magistrados deberán definir en sentencia definitiva si la Unidad de Inteligencia Financiera acreditó elementos suficientes —vinculados a compromisos internacionales de prevención de lavado de dinero— para mantener bloqueado el resto del patrimonio financiero de Rubén Rocha Moya, o si la falta de una acusación penal en México terminará por levantar la restricción sobre la totalidad de sus cuentas.

En paralelo, las fracciones parlamentarias del PAN y Movimiento Ciudadano anticiparon que llevarán a comisiones la exigencia para que la Secretaría de Hacienda rinda un informe detallado sobre los criterios técnicos que aplica la UIF en los bloqueos de cuentas a actores políticos.

También impulsarán iniciativas para frenar las afectaciones retroactivas a los jubilados del servicio público y dar certidumbre jurídica a los asegurados que cotizan bajo la Modalidad 40.

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¿Qué debe revisar una persona si bloquean su cuenta de pensión?

El caso expone la importancia de identificar el origen de los recursos depositados en una cuenta y conservar la documentación que permita acreditarlo. Para quienes reciben una pensión, los documentos relevantes pueden incluir:

• Estados de cuenta bancarios.
• Talones de pago.
• Constancias de pensión.
• Documentos que acrediten los depósitos del IMSS, ISSSTE o la institución correspondiente.

Con esa información, el titular puede solicitar asesoría jurídica para determinar si procede un juicio de nulidad ante el TFJA o un juicio de amparo indirecto, según la autoridad que haya ordenado el bloqueo y las circunstancias del caso.